En el marco del estudio del mensaje relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, la Comisión ad hoc escuchó, además, al Ministro de Economía y al Subsecretario de Pesca.
En el marco del análisis del mensaje que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, la Comisión de Pesca y Acuicultura escuchó “de primera fuente” las conclusiones y recomendaciones del Informe de la FAO sobre la citada ley, que, a juicio de los senadores, sirven de base para los cambios que se harán en la legislación, en línea con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero.
Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, precisó que el informe enfatiza que la actual Ley de Pesca debiera incorporar elementos que apunten a la sostenibilidad ambiental, económica y social, como balance al énfasis que tiene en la sustentabilidad biológica del recurso pesquero. En el mismo sentido, se recomienda incorporar las diferentes dimensiones del concepto de Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), como la dimensión social, económica, ecológica e institucional para lograr la sostenibilidad integral de las pesquerías y sus ecosistemas.
En el marco institucional, se visualiza necesaria la elaboración de una política pesquera nacional que, a partir de una visión consensuada entre usuarios y gobierno, establezca formalmente los objetivos y las prioridades que debe tener la administración pesquera.
Asimismo, el documento recomienda que la ley incluya expresamente el concepto de seguridad alimentaria. En esta línea, se propone incluir elementos en la Ley que fomenten actividades dirigidas a incrementar el consumo humano directo de los productos de la pesca para disminuir los problemas de salud asociados a la malnutrición como la obesidad.
FAO recomienda reconocer los derechos de acceso de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios.
De igual forma, se propone distinguir los tipos de pesca artesanal en función de la naturaleza del esfuerzo pesquero realizado y ofrecer marcos normativos diferenciados, garantizando el acceso equitativo a los recursos en función de la capacidad tecnológica de cada categoría.
En otro orden, propone redefinir los objetivos biológicos (Rendimiento Máximo Sostenido, RMS) para la fijación de cuotas de captura, acorde a las prácticas científicas actuales.
En el ámbito laboral, si bien la cobertura universal del sistema de previsión social de Chile garantiza el acceso de los trabajadores de la pesca, se recomienda revisar que los distintos aspectos relativos a las condiciones laborales particulares de los trabajadores del sector pesquero estén adecuadamente regulados, no necesariamente a nivel de la Ley de Pesca, sino en la legislación laboral.
Para los senadores Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Pesca y las senadoras Carmen Gloria Aravena, Ximena Rincón y Adriana Muñoz, integrantes, es destacable que el informe se hizo bajo un proceso participativo y realizado por un equipo multidisciplinario de especialistas pesqueros, economistas y abogados con experiencia nacional e internacional, teniendo como referencia los principales instrumentos y acuerdos internacionales en la materia, en sintonía con la realidad nacional y la agenda 2030.
Luego, la Comisión escuchó al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente y el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, quienes detallaron los alcances de la llamada ley corta que se comienza a estudiar. Al respecto, el Ministro explicó que se decidió “dividir la agenda en dos. Una agenda corta y otra larga considerando el FNDR”.
“La ley corta ataca el problema de la pesca ilegal y la asignación de pesca del sector industrial que hayan sido por licitación, la ley hoy contempla licitación automática, pero queremos que cumplido los 20 años ya no sea a perpetuidad”, precisó.
“El proyecto termina con el sistema de renovación automática del sector industrial por 20 años, y hay que recordar que las licitaciones se deben efectuar dos años antes. Se regulará un reglamento para empresas pequeñas y medianas, se considerará el rol significativo del consumo local y las bases de las licitaciones deberán ser visadas por la fiscalía nacional económica, para evitar cualquier concentración del mercado”, detalló el Subsecretario Riquelme.
Tras la alocución de los representantes del Ejecutivo, el senador Quinteros insistió en consultar por qué se está priorizando legislar para 15 años más, “habiendo tantos problemas de interés”. En la misma línea, los integrantes de la Comisión manifestaron su interés por tramitar de manera refundida el mensaje y dos mociones existentes.
