Según un dictamen emitido por la Contraloría General de la República en diciembre de 2017, la regularización de loteos irregulares en zonas rurales no era posible si es que la superficie era menor a los 5 mil metros cuadrados.
Sin embargo, según explicó la propia subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, “el Decreto Ley 3.515 puede modificar este criterio, eso sí, contradiciendo el ordenamiento territorial de los propios planes reguladores de las comunas afectadas por la existencia de loteos irregulares”.
Por tanto, para el ministro Felipe Ward y para la subsecretaria de la Cartera, es imprescindible aunar criterios que permitan salvaguardar el verdadero sentido para el que fue creado el D.L. 2.695: regularizar la pequeña propiedad raíz, especialmente de familias vulnerables que requieren del título de dominio, para optar a otros beneficios (subsidios) que entrega el Estado.
En la reunión, la subsecretaria planteó la visión que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de la regularización de la pequeña propiedad raíz, la cual se ha visto desprestigiada por la especulación de loteadores que han hecho un mal uso y abuso del DL 2.695, afectando principalmente a familias del mundo rural y a comunidades indígenas.
Luego del encuentro, la subsecretaria valoró la voluntad del Contralor General de la República respecto de unificar los criterios a través de una reunión en la que estarán todos los actores presentes para la implementación del Programa Chile Propietario.
“Hemos llegado a un buen acuerdo con el contralor, nosotros nos vamos muy contentos como Ministerio, puesto que además, la próxima semana vamos a ingresar una consulta a la Contraloría para poder definir y determinar con claridad a qué se refiere cuando estamos hablando de loteos irregulares, que tienen claramente un origen ilícito, pero una cosa distinta hablar de terrenos cedidos por familiares o de terrenos de comunidades indígenas heredados”, dijo la autoridad ministerial.