El próximo 7 de agosto, la Casa de Nariño tendrá un nuevo huésped que recibirá, desde el primer día, la herencia de un ex mandatario con Premio Nobel de la Paz. ¿Qué deja atrás la ‘Era Santos’?
Juan Manuel Santos ha sido caracterizado como un predestinado para el poder: proveniente de una familia con un ex presidente, hijo del dueño de un influyente medio de comunicación y hermano de figuras prominentes de la política colombiana, lo tenía todo para llegar a la Casa de Nariño.
Y así lo hizo. En 2010, Santos le ganó en segunda vuelta a Antanas Mockus. La hazaña se repitió en 2014, cuando se impuso en el balotaje ante el candidato Óscar Iván Zuloaga (delfín político de Álvaro Uribe), quien lo había derrotado en la primera vuelta. Pero el próximo 7 de agosto de este año dejará la Primera Magistratura con el rasero alto para su sucesor: se irá con el Premio Nobel de la paz entre sus manos tras haber firmado el Acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC.
Sin embargo, el legado tiene sus claroscuros. Además de una accidentada implementación del proceso de paz por los escollos legislativos y el asesinato de más de 200 líderes sociales, el país andino tendrá el reto de aumentar la marcha para estar a la altura de su reciente incorporación a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), contener las aguas regionales luego convertirse en la única nación latinoamericana que tiene estatus de «socio global» de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), limar las crecientes tensiones con Venezuela en un momento de pésimas relaciones con Caracas, y hacer frente a un futuro incierto en materia petrolera por el inminente agotamiento de sus reservas de crudo. Luego de las elecciones del pasado domingo, ¿cómo es la Colombia que recibirá Iván Duque?
Acuerdo de paz
Andrea Salazar, defensora de derechos humanos e integrante del comité negociador del acuerdo de paz, considera que el país que recibe el sucesor de Santos tiene un reto principal que gira en torno a la implementación de lo pactado en La Habana.
«Por un lado, darle estabilidad jurídica al acuerdo, es decir, dejar en firme las decisiones que ya previamente se han tomado pero terminar de reglamentar todo lo que supone la implementación del acuerdo», dice en referencia a la ley estatutaria y la reglamentación de lo concerniente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las dos normas «que finalmente le van a dar dientes, alcance y brazos a todo».
Ese paso es primordial para resolver limbos judiciales como el caso del ex guerrillero Jesús Santrich, quien fue detenido después de la firma del acuerdo y cuya extradición ha sido solicitada por EE.UU., pero el proceso está detenido hasta que la Corte Constitucional evalúe el conflicto de competencias. Por otro lado, considera que también es necesario fortalecer la etapa de implementación porque aunque el sucesor recibirá un país con las FARC desmovilizadas y desarmadas «todavía no se han tomado las decisiones necesarias sobre el curso del proceso para la reincorporación a la vida civil».
Otra de las tareas que quedan en el tintero tienen que ver con la solidez institucional con la que debía contar el acuerdo en la etapa del post-conflicto, y que todavía no ha sido resuelta: «No hay claridad en el organigrama ni en las responsabilidades, es decir, nadie sabe quién es el doliente y líder de la implementación», apunta Salazar, tras lamentar que hasta ahora haya «un manto de duda» sobre la oficina ministerial de seguimiento al proceso por «la opacidad en el manejo de los recursos y la falta de mecanismos claros para la rendición de cuentas e indicadores efectivos».
Economía
En materia económica, el panorama es complejo. Daniel Duque, ex candidato de la Alianza Verde a la Cámara por Antioquia, resalta que el sucesor de Santos «recibe un país que crece, aunque dependiendo mucho de las materias primas; y una mejor infraestructura, especialmente en materia vial».
No obstante, un estudio liderado por el doctor Guillermo Oglietti, publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), destaca que a pesar de que la economía colombiana «casi duplicó su tamaño entre 2000 y 2017, expandiéndose a una tasa del 4% anual», ese crecimiento «no se tradujo en mejores condiciones de vida para la población ni en el desarrollo de mayores potencialidades».
¿Las razones? Colombia tiene un sistema económico extractivo «y no distribuido», que implica desindustrialización, abandono del campo, falta de protección social y endeudamiento externo; y trae como consecuencia una «elevada dependencia, altos niveles de desigualdad, pobreza, un mercado laboral sumamente precario y un futuro comprometido», refiere el estudio.
Entre los indicadores más preocupantes están el retroceso de la actividad industrial, que pasó de 20,9% a 12% entre 1991 y 2017; y la reducción del sector agropecuario, que disminuyó de 8,1% del PIB en 2002 al 6,2% al cierre del año pasado. A contrapelo de esa caída, destaca el auge del mercado financiero, cuyos activos representan actualmente el 48% del PIB, cuando en 1991 ocupaban apenas el 23%.
El rezago de la industria se traduce en menos capacidad para la generación de empleo, mientras que el florecimiento bancario es reflejo de que el sector financiero, concentrado en pocas manos, tiene mayor preponderancia que la economía real. A este desbalance se suma el tema petrolero: según un informe presentado el año pasado por la Contraloría General de la República, Colombia se quedará sin reservas en el 2021.
Eso le plantea un reto sin precedentes al sucesor de Santos porque tendrá que definir si mantiene la apuesta por el extractivismo o reconduce el modelo económico productivo del país, en vista del impacto negativo que ha tenido la fuerte reducción los precios del petróleo: en los últimos cinco años, «el déficit de cuenta corriente promedió el 4% del PIB», destaca el estudio del Celag. Ese «bache» fue cubierto con más deuda, que se ubica actualmente en el 40% del PIB, cuando hace un lustro apenas tocaba el 20%.
Aunque los avances en infraestructura son importantes, datos del Foro Económico Mundial sitúan a Colombia los últimos lugares de la región suramericana con respecto a la calidad de sus rutas y caminos, una situación que no es poca cosa si se toma en cuenta que el país ingresó hace pocos días como miembro de la OCDE, un «club» cuya membresía requiere cumplir con elevados estándares en esa materia.
Política
«Uno se monta en un taxi, conversa, va a una oficina o chatea con la familia y lo que nota es una increíble polarización. Cualquier encuentro que incluya la política puede convertirse en una situación incómoda y desagradable», comenta el periodista y gestor cultural colombiano, Sergio Restrepo.
Para él, la cultura es la única vía capaz de encaminar a Colombia hacia una conversación fraterna, «porque puede establecer lazos y puentes de una manera sutil», en medio de un país que en los debates más importantes de los últimos años ha demostrado «que está partido en dos».
«Está fracturado –dice Restrepo– en dos corrientes bastante diferentes y lejanas ambas del centro: una izquierda y una derecha con diferencias tan profundas en materia de derechos civiles que lo que está en juego es un modelo político e ideológico muy fuerte». Esa ruptura lo lleva a una lectura pesimista sobre el resultado del domingo: «Ganara una opción o la otra, medio país iba a resultar derrotado».
Ese panorama de altísima polarización es, para Salazar, resultado de un fracaso del Estado, «que fue totalmente insuficiente en generar la masa crítica que blindara, apoyara y estuviera en pro del acuerdo». Por eso insiste en que hubo «soberbia» en el manejo del tema por parte del gobierno de Santos, «al no entender que requería de todos los apoyos posibles» y eso deja «a una sociedad dividida que no está dispuesta poner lo que le toca para que la implementación sea exitosa».
Salazar alerta que lo más preocupante es en torno a la justicia, en vista de que Duque ha propuesto la unificación de las cortes en el país, lo que daría una estocada mortal a la JEP y la Corte Constitucional y, en consecuencia, a lo pactado en La Habana. Restrepo, por su parte, teme que la llegada del Centro Democrático al poder se traduzca en el cierre de las más de 270 investigaciones que involucran a personajes como el senador y ex presidente Álvaro Uribe, y a su entorno.
En lo que coinciden ambos es que el sucesor de Santos recibe un país con un acuerdo de paz altamente complejo y ambicioso, que representa un compromiso, y no cumplirlo significa reavivar un conflicto de 60 años, el retorno de la guerra.
Seguridad
Hay un hecho innegable: el 2017 en Colombia cerró con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años. El fin de la guerra contribuyó a disminuir significativamente las estadísticas de muertes violentas en el país, que ya experimentaban una franca caída con el inicio de las negociaciones en La Habana. Sin embargo, en la otra acera, está la disputa territorial de grupos ilegales que buscan sustituir el vacío que dejaron las FARC con la desmovilización.
Salazar destaca el repunte de los homicidios en ciudades como Medellín (que no llega aún a los escandalosos indicadores de principios de la década de los 90), así como el incremento de delitos como hurto y la reagrupación de grupos ilegales armados como las Autodefensas Gaitanistas: «Esto es simplemente un indicador de que hay mucha materia que abordar en materia de seguridad en el marco del proceso de paz».
El legado ‘santista’, destaca la activista, también «tiene todos los retos por delante en materia de restitución de cultivos y de abordaje en general del tema del narcotráfico, en vista del fortalecimiento en algunos lugares de algunos grupos armados ilegales, muy en lógica de bandas criminales y el paramilitarismo».
El año. pasado, el gobierno colombiano estuvo al borde de la descertificación por parte de EE.UU. ante el significativo repunte de los cultivos de coca, que aumentaron un 39% en 2014 y un 42% en 2015, «acercándose a niveles récord de producción», según un informo de Control de Narcóticos elaborado por el Departamento de Estado.
«La cantidad de cocaína que se trafica fuera de Colombia también está en niveles récord«, detalla el reporte, en el que se destaca que las ganancias ilícitas de ese negocio son los principales impulsores de la corrupción, así como el detrimento de la seguridad ciudadana, «el estado de derecho de las instituciones estatales legítimas».
Lo indudable es que el país andino conserva el título de principal productor mundial de cocaína y se le considera «un país fuente de heroína y marihuana», pese a que el gobierno mantiene la colaboración con EE.UU. para la erradicación de cultivos; sin contar que la guerrilla de las FARC, a la que Washington señalaba como «la organización de narcotráfico más grande de Colombia», ya fue desmovilizada.
La cuestión venezolana
Un hecho curioso es que la era Santos se inició en medio de una crisis con Venezuela y culmina en el mismo punto. Las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro están vigentes y el sucesor, al menos por lo que adelantó en su campaña, no tiene previsto apaciguarlas.
El tono de las acusaciones subió en las últimas semanas luego de que Bogotá anunciara la firma de un acuerdo de cooperación con la OTAN para convertirse en «socio global», lo que levanta las suspicacias de sus vecinos. Caracas no vaciló en calificar la adhesión como una «amenaza para la paz regional».
La llegada de Duque inaugura una nueva era para Colombia y no precisamente por el retorno del ‘uribismo’ a la Casa de Nariño, sino por la conformación de una oposición identificada con el progresismo, aglutinada en la figura de Gustavo Petro, quien de manera inédita alcanza a una segunda vuelta presidencial sin ser víctima de violencia política.
Si bien la polarización es alta, para muchos, ese ambiente es la muestra más clara de que la paz impulsada por Santos es el legado más importante para el país. Sin embargo, apunta Salazar, aún falta mucho para que la participación esté completamente garantizada: «Todavía no estamos listos para darle paso a otras formas de pensamiento porque hay mucho temor y mucho miedo»
Han pasado apenas horas de la elección y lo único que se puede adelantar sobre el futuro de Santos es la promesa que hizo hace seis meses: «Tenga la absoluta seguridad de que no voy a interferir para nada en su trabajo. Yo ya tuve el inmenso privilegio de gobernar durante ocho años. Ahora es su turno».
Fuente: Nazareth Balbás RT