El escándalo de los Panamá Papers vuelve a la opinión pública a más de dos años de la filtración de millones de documentos que revelaron cómo figuras reconocidas evaden controles fiscales a través de empresas offshore provistas por el estudio Mossack Fonseca. Nuevos datos obtenidos por la prensa revelan más detalles de esta trama delictiva.
En marzo de 2016, información filtrada de los ordenadores del estudio panameño y revelada por periódicos afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) pusieron al mundo en vilo. Un gran número de celebridades de todos los ámbitos utilizaba un esquema de sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos en sus países de efectiva residencia.
Ahora se están dando las réplicas de ese sismo que hace dos años sacudió tan fuerte en algunos puntos, al punto de hacer caer al entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur Davið Gunnlaugsson, por poseer una sociedad offshore en la que tenía depositados 4 millones de dólares. También al ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, cuyos hijos estaban vinculados a la trama, por lo que los ciudadanos exigieron en las calles la dimisión.
‘Menos pregunta Dios y más perdona’
Los nuevos datos filtrados dejan en evidencia de manera más detallada el mecanismo en el que operaba el bufete panameño, que desconocía en una enorme mayoría de los casos a los beneficiarios finales de sus servicios.
Según las investigaciones más recientes de ICIJ y de sus medios asociados, durante años MF «desobedeció las reglas que pedían a abogados y otros especialistas en ‘offshores’ identificar y verificar quiénes eran sus clientes, requerimientos diseñados para prevenir el fomento de actividades criminales».
«A lo largo del año [siguiente al escándalo] (…) empleados de MF enviaron frenéticamente correos electrónicos a banqueros, contadores y abogados —los profesionales que contrató la empresa para establecer sociedades fantasma para clientes ricos que querían permanecer anónimos- en un intento de cerrar los baches en sus registros», explica el ICIJ en su sitio web.
De hecho, «a menudo no tenía idea de quién se beneficiaba de sus servicios», pues no podía identificar a «decenas de miles de dueños de empresas que había registrado en jurisdicciones opacas y con impuestos bajos, como demuestran los documentos».
En la terminología de la empresa, ‘cliente’ es generalmente sinónimo de profesionales intermediarios, y no se trata de las personas que en última instancia hacían uso de estas empresas para mantener bajo un velo de discreción su dinero.
En este panorama se intentó gestionar la crisis ante la rabia de los intermediarios y clientes finales. El ICIJ cita varias reacciones que dan muestra de la disconformidad de este público ante las exigencias, la mayoría duramente críticas a la empresa.
«La filtración de información de la que Mossack Fonseca & Co. era guardiana ha causado daño a nuestros clientes, que estuvieron errados en confiar en ustedes y que creyeron en sus capacidades y rigor profesional», escribió el abogado Marc Bonnant.
«Es culpa de los gobiernos de izquierda»
En su intento por mejorar su imagen, la empresa intentó dar «su visión de los hechos». Según el ICIJ, llegó a enviar a sus clientes un artículo de opinión de Daniel Mitchell, cofundador del Centro de Libertad y Prosperidad (una organización libertaria) en la que se aseveraba que «firmas como MF son el reemplazo o sustituto de una campaña mucho mayor librada por gobiernos de izquierda y sus aliados, además de grupos de interés». A mensajes como este se sumaron otros para comunicar que se habían reforzado las medidas de seguridad. Pero los clientes no resultaron estar muy convencidos al respecto.
«Con estos mensajes, ustedes, MOSSACK, están tratando de convencernos a nosotros, clientes, de que están tomando control de esta situación increíble», escribió por ejemplo el intermediario Félix Chille, de Suiza, afirmando que estaba consciente de que su e-mail sería interceptado «como los otros 11.600.000 documentos».
Los abogados y contadores que representaban a la empresa comenzaron a desvincularse, ante el riesgo de perder la licencia profesional. De a poco, la empresa siguió su declive. Los fundadores, el alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca fueron llevados en febrero de 2017 a la cárcel por acusaciones de la Fiscalía panameña de asociación para delinquir, por la presunta vinculación de las sociedades creadas por el estudio en la trama de corrupción del Lava Jato.
En abril de ese año quedaron en libertad bajo fianza. Las filiales fueron cesando sus operaciones y en marzo de 2018, MF cerró del todo sus puertas. Sus dueños rechazan haber cometido actividades ilícitas.
«El daño reputacional, la campaña mediática, el acoso financiero y la acción irregular de algunas autoridades panameñas causaron un daño irreparable, cuya consecuencia ineludible es la total cesación de las operaciones para el público», según un comunicado de la empresa.
Fuente: Sputnik