El presidente peruano Martín Vizcarra habla durante la inauguración de la III Cumbre Empresarial de las Américas, el 12 de abril de 2018 en Lima.
Peruvian Presidency/AFP
Por AFP
El Tribunal Constitucional de Perú admitió el miércoles a trámite un recurso presentado por el gobierno de Martín Vizcarra contra una ley dictada por el Congreso que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados.
El recurso contra la llamada «Ley Mordaza» es el segundo que acepta el Tribunal, luego que el lunes diera luz verde a una demanda presentada por 33 legisladores críticos de esta norma aprobada el 14 de junio por el Congreso.
«Se resuelve admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta (…) contra la ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano», dispuso el Tribunal en una resolución.
El gobierno alega que con dicha ley están «resquebrajándose derechos constitucionales que son fundamentales, entre ellos el derecho a la información».
Esta ley selló el fin de la ‘luna de miel’ entre Vizcarra y la oposición liderada por Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular (derecha populista) controla el Congreso.
El Tribunal demorará algunos meses en dictar su fallo, que será inapelable, y no se descarta que unifique los dos recursos para resolverlos al mismo tiempo.
El 18 de junio, el Congreso publicó la ley en el diario oficial El Peruano, con lo que entró formalmente en vigor y las demandas de inconstitucionalidad son el último recurso para anular la polémica norma.
Aunque el gobierno se opuso a esta norma, se convirtió automáticamente en ley al ser aprobada en dos ocasiones por la mayoría del Congreso. El propio mandatario, así como los medios peruanos, la denominan la «Ley Mordaza».
Los medios peruanos han recibido el apoyo de organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), para eliminar la controvertida ley.
Este proyecto de ley ya había sido objetado en marzo por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se negó a promulgarlo y lo devolvió al Congreso.
Sin embargo, el Congreso insistió por segunda vez, superando así la facultad de veto del mandatario, por lo que se convirtió automáticamente en ley.
La prensa peruana afirma que es la única ley de este tipo en América Latina.