Todavía no había salido el sol cuando las camionetas se detuvieron a la vera del camino, entre las matas de plátano y el verde espeso de las montañas, para lanzar siete cuerpos. Todos con tiros de gracia.
Los vecinos de la vereda Desiderio Zapata, un caserío rural en las entrañas de Argelia, en el departamento colombiano del Cauca, sintieron la llegada de los vehículos y el golpe seco de varios bultos sobre el terraplén. Cuando se acercaron para mirar, encontraron los cadáveres de hombres entre 25 y 35 años, todavía vestidos con ropa de trabajo y calzados con botas altas; y sus pieles, que ya se habían tornado oliváceas, mostraban signos de tortura. Los habían matado en El Tambo, una zona al norte del municipio, pero los asesinos dejaron los cuerpos allí, justo una semana después de que los panfletos del Comando Popular de Limpieza (CPL) amenazaran con una ‘limpieza social’.
El hecho, que ha sido denominado como la ‘Masacre del Cauca’, ocurrió a principios de este mes en un país que pactó la paz con la que fue la guerrilla más antigua de América Latina, que le hizo ganar un Nobel al saliente mandatario Juan Manuel Santos, y que recibe a diario denuncias por parte de organizaciones de defensa de DDHH por el asesinato de más de 300 líderes sociales. ¿Está Colombia en vías de recrudecer un conflicto armado al que supuestamente le habían puesto fin?
Respuesta tardía
Dos de los muertos de la masacre del Cauca fueron identificados por las autoridades como ex combatientes de las Farc que habían desertado del proceso de desmovilización. De las otras cinco víctimas, algunas figuraban en los expedientes de la Policía por casos de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la revelación sobre quiénes eran los dos primeros abrió las compuertas de un viejo dique: el que divide las ‘bajas’ en buenas y malas, dependiendo del ala a la que pertenezcan.
Colombia, que apenas en 2016 firmó un pacto para poner fin a un conflicto de más de medio siglo, tiene aún vivas las heridas de la guerra y un rechazo tan arraigado contra la guerrilla, que la mayoría de sus votantes sufragó por el ‘No’ en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz y le dio la victoria presidencial a Iván Duque, el candidato conservador que prometió modificar lo negociado entre el Gobierno y las Farc en La Habana: «Estamos en un período crítico», apunta la activista Katalina Vásquez, directora de la revista digital Generación Paz.
«Es preocupante la justificación y tergiversación que están haciendo la derecha y sus líderes de opinión para tratar de minimizar las masacres a líderes sociales. Por una parte, aseguran que se trata de una utilización política de la izquierda, y por otro, tratan de responsabilizar únicamente a las Farc y al ELN. El peligro es que se terminen legitimando todas las muertes«, explica Vásquez.
Lo que enciende todas las alertas es el asesinato sistemático de líderes sociales y comunitarios desde 2016, a pesar del acuerdo de paz. La cifra de homicidios, según las estimaciones de Indepaz, alcanza un total de 273 dirigentes comunales. Sin embargo, el número de víctimas asciende a 399 si se toman en cuenta los casos documentados por Publimetro.
La denuncia no es nueva, pero la postura oficial sí. En octubre del año pasado, Santos negó que el asesinato de activistas fuese sistemático y atribuyó las muertes a «razones personales«, sin embargo, a pocas semanas de dejar su cargo en la Casa de Nariño, el presidente saliente ha activado a una Comisión Nacional de Garantías para investigar los hechos y «actuar con toda contundencia contra quienes atacan a los líderes sociales».
Para Vásquez, el Gobierno de Santos falló al no reconocer el problema a tiempo y activar los protocolos para proteger a los líderes sociales, lo que a su juicio da pie para «favorecer más las condiciones de impunidad a quienes cometen nuevos crímenes».
El vacío de las FARC
La activista y directora de la Corporación Región, Marta Villa, identifica dos elementos centrales como responsables del recrudecimiento de la violencia en Colombia: el vacío dejado por la desmovilización de las Farc, que no fue ocupado por el Estado y está en pugna entre otros actores armados; y otra, más vinculada a la Ley de Víctimas, que tiene que ver con la restitución de tierras.
Los conflictos territoriales se han atizado especialmente en las zonas donde abundan los cultivos de coca, como en el caso del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Ahora que las Farc no participa en el negocio, otros grupos armados, entre ellos ex combatientes que desertaron de las zonas de desmovilización, tratan de ejercer control «sobre los circuitos de circulación de droga», explica Villa. Los «corredores» con salida al Océano Pacífico son los predilectos.
Un hecho controvertido en ese contexto es que, desde que se hicieron públicas las negociaciones de paz, aumentaron los cultivos de coca, al punto de que el Gobierno colombiano estuvo al borde de la descertificación por parte de EE.UU. Las hectáreas sembradas pasaron de 78.000 en 2012 a 159.000 hasta 2015, según un informe de Control de Narcóticos elaborado por el Departamento de Estado.
Ese aumento exponencial ha sido el argumento recientemente utilizado por Santos para retomar las fumigaciones con glifosato, una práctica altamente nociva, prohibida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que se había descartado como parte de los acuerdos con la guerrilla. Lo grave es que la aspersión del plaguicida no solo afecta los cultivos de coca, sino también otras plantaciones, lo que deja a los campesinos sin sus fuentes de sustento y les obliga a desplazarse de sus territorios.
La dinámica se empantana aún más por la cuestión de la tierra. Los analistas del conflicto colombiano coinciden en afirmar que la raíz está en el campo y en las disputas históricas por el derecho al territorio de campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes. De hecho, el informe de Indepaz precisa que 80,4% de los líderes sociales asesinados en lo que va de año estaban vinculados a asociaciones campesinas o étnicas.
«La mayor parte de la violencia en Colombia sigue estando ligada a los reclamos de tierra. Muchos de los líderes sociales asesinados tenían procesos jurídicos avanzados en temas de restitución, avanzaban en consultas populares para la implementación de proyectos de desarrollo social o pertenecían a organizaciones que se oponían a megaproyectos en sus zonas. Son reclamos que existían mucho antes de la firma del acuerdo», apunta Villa.
Dos casos emblemáticos de estos reclamos fueron los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años; y Luis Alberto Torres, de 35, perpetrados en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país andino. Los crímenes se cometieron con apenas seis días de diferencia y ambos activistas luchaban contra el mismo megaproyecto: HidroItuango, la presa hidroeléctrica más grande y ambiciosa en la historia de Colombia. Aún la justicia no ha determinado quiénes fueron los responsables.
Un dato revelador de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia lo ofrece un estudio de Javier Giraldo sobre el conflicto armado: entre 1980 y 1995, los narcotraficantes compraron las mejores tierras del país y se hicieron con 42% del territorio nacional. En 2007, los paramilitares despojaron 744.580 hectáreas, lo que dejó como resultado el desplazamiento de casi un millón de campesinos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Antioquia, Chocó y Meta.
Una paz frágil
Aunque Villa y Vásquez reconocen que ha habido avances importantes en el país con respecto a la participación política de las Farc, que después de su desarme funcionan como partido, advierten que las deudas de la implementación del acuerdo son muy altas, especialmente en las áreas de tenencia de la tierra, erradicación de cultivos y planes de reincorporación de ex combatientes a la vida civil.
«Creo que el riesgo de que haya un retroceso importante en esos temas es bastante latente», agrega Villa, quien por el momento descarta que entre esos peligros esté la posibilidad de que las guerrillas resurjan. «Pienso que la satisfacción de esas demandas se va a exigir por la vía de la protesta social, no por la vía de las armas».
Vásquez es menos optimista y considera que el asesinato de los líderes sociales es un síntoma de las nuevas violencias que encuentran espacio en Colombia, especialmente por la salida de las Farc como actor armado: «Hay un reacomodo de los criminales herederos del paramilitarismo, que no solo están en el negocio de la coca, sino que participan en las economías ilegales que dependen de la minería, de la extorsión, y que tienen relación con la clase política de las regiones. Además, el ELN sigue en en armas».
La semana pasada, la Comisión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó con contundencia los asesinatos de líderes sociales y emitió una declaración para alertar sobre el peligro de la «estigmatización» y «criminalización» contra los dirigentes comunales, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia.
«Los participantes expresaron su grave preocupación con relación al patrón persistente de violencia que deja sin efecto el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la población de los territorios», reza el texto, en el que se denuncia la proliferación de grupos armados ilegales, interesados en promover sus economías con negocios ilícitos.
La llegada de un nuevo Gobierno a Colombia, que ha prometido hacer reformas de fondo a lo pactado en La Habana, también preocupa a la ONU. La organización ha instado a un proceso de «diálogo» para lograr un «acuerdo nacional» que salvaguarde los avances de la paz, no obstante, apunta Villa, hay un hecho innegable: la gente que llevó a Duque a la Presidencia es la misma que votó contra el plebiscito y que aún no avala la negociación con la insurgencia. «¿La sociedad colombiana está dispuesta a defender el acuerdo? Solo una parte, que es la misma que ha seguido resistiéndose a la idea de que la guerra es el mecanismo para dirimir los conflictos. La otra no», sostiene.
Vásquez, por su parte, lamenta que los líderes sociales se hayan convertido en el blanco más vulnerable porque son ellos quienes «le han puesto el pecho a la pedagogía de paz en los territorios difíciles», en esos espacios los históricamente más afectados por la guerra. «Ellos asumieron la tarea que el Gobierno no supo hacer; montados en lanchas, en caballos o pie, poniendo en riesgo sus vidas, llegaron a la Colombia profunda para decir que había que apoyar el acuerdo, aunque tuvieran los medios en contra y recibieran amenazas de bandas criminales que prometían asesinarlos».
La paz en vilo
«Rechazo categóricamente todos los actos de violencia en el país contra los líderes sociales y líderes políticos. Yo quiero que Colombia retome la agenda de la legalidad«, dijo el presidente electo, Iván Duque, el pasado 6 de julio.
El nuevo mandatario aseguró que brindará protección «a todas las personas que se han desmovilizado, a los líderes sociales y líderes políticos». El mismo día de esas declaraciones, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que esa institución se abstendría de ofrecer financiamientos a Colombia si retorna el conflicto armado, lo que fue interpretado como una clara señal de presión para no modificar el rumbo del acuerdo.
Para Villa, este tipo de presiones no son suficientes para que el Gobierno de Duque frene su deseo de modificar el acuerdo, pero «será una contención importante y necesaria». Vásquez coincide en que la atención de la comunidad internacional al proceso será vital no solo para proteger la paz pactada, sino la democracia.
Aunque su pronóstico es reservado, la directora de la Generación Paz espera que el Gobierno de Duque logre superar la sombra del expresidente Álvaro Uribe, quien «dejó mucho miedo» entre los activistas de DDHH por la persecución y criminalización que ejerció durante su administración: «Ojalá que el Ejército logre llenar los espacios que dejó las Farc, como no se hizo con Santos, y se brinden garantías a la oposición, no solo porque fue pactado en el acuerdo, sino porque es lo que corresponde a una democracia».
«Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho riesgo para las organizaciones sociales», añade Vila, «pero creo que no estamos en los niveles de violencia de los años 80, cuando ocurrió el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Hay otra vigilancia, otra movilización. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de una conciencia social que empieza a tomar protagonismo».
Aunque no han pasado ni dos semanas de la ‘Masacre del Cauca’, el líder indígena Enrique Fernández Dagua, sobreviviente de la masacre del Naya, denunció ayer que fue amenazado de muerte en otro municipio caucano. La organización criminal dejó asentado en un panfleto que ya empezaron sus actividades de exterminio, que no descansarán hasta que Colombia «esté libre de comunistas» y que tenía 24 horas para irse.
Fuente: Nazareth Balbás – RT