La senadora y expresidenta argentina aceptó que la Justicia ingrese a su domicilio en el marco de una investigación por corrupción que incluye a varios políticos y empresarios.
Este jueves la Justicia argentina comienza con los allanamientos en las viviendas de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández. Esta medida se lleva a cabo en el marco de la investigación por presuntos sobornos en la causa conocida como «los cuadernos de las coimas«.
Como la dirigente política actualmente ocupa una banca en el Congreso que le da fueros, fue el propio Senado el que tuvo que habilitar esta intervención judicial. La votación se realizó el miércoles y fue aprobada por unanimidad ya que la expresidenta aceptó el pedido para acabar con lo que calificó como un «show» mediático.
De hecho, la senadora solicitó algunas garantías que no fueron aprobadas por la Cámara Alta. Entre otras cosas había pedido que no haya cámaras de televisión durante el procedimiento, que estuvieran presentes sus abogados y un senador designado por ella.
‼ #URGENTE
Habla Carlos Beraldi, abogado de @CFKArgentina
– "Me obligaron a retirarme del departamento"
– "Vamos a pedir la nulidad del procedimiento porque no cumple lo requerido por el Congreso"
– "Vamos a pedir el juicio político de Claudio Bonadío" pic.twitter.com/FL7uY8nrcn— Cynthia García (@cyngarciaradio) August 23, 2018
Cristina Fernández es investigada en el marco de una presunta red de sobornos durante su gobierno que involucraron a empresarios y políticos. Esto fue revelado por una investigación del diario La Nación basada en unos cuadernos de Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación.
Este hombre habría registrado a mano diversas transacciones entre funcionarios –principalmente su jefe, el número dos del Ministerio, Roberto Baratta– y empresarios, que implicarían coimas para obtener licitaciones de obra pública. Sin embargo, con el correr de los días, se develó que los cuadernos originales no existen más. Según el propio Centeno, fueron quemados por él y lo que está en manos del Poder Judicial son unas supuestas fotocopias de aquellas anotaciones.
Frente a esto, la senadora no dudó en calificar la investigación como «la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares».