El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Ríos interpuso un recurso de amparo de garantía en favor de un interno de iniciales I.J.M. del Complejo Penitenciario de Llancahue de Valdivia, quien habría visto vulnerado su derecho a la seguridad individual por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile.
La acción se funda en la denuncia de trato abusivo y negligente, al ser trasladado el 14 de agosto pasado, a un módulo en el que tenía serios problemas de convivencia con la población penitenciaria, circunstancia de la que estaba en conocimiento el personal de custodia.
Al momento de ingresar al módulo, y como I.J.M. lo había advertido, fue agredido por otros internos, lo que motivó que cuatro funcionarios lo redujeran violentamente. De acuerdo al testimonio recibido, le lanzaron gas pimienta en el rostro y le propinaron golpes de puño y pie, en la cara y en la cabeza, además de darle bastonazos en la espalda, todo ello mientras el amparado estaba en el suelo reducido por efecto del gas pimienta.
I.J.M. indicó que luego de la golpiza propinada, fue trasladado al hospital del penal donde constató las lesiones y le realizaron una sutura en la cabeza, por un corte de 5 centímetros. Luego de esto fue trasladado al módulo de castigo.
Federico Aguirre Madrid, jefe (s) de la Sede en Valdivia, sostuvo que “todos los hechos relatados y el proceder denunciado no se ajustan de modo alguno al reglamento y a la Constitución Política de la República, y por sobre todo a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En este sentido, el actuar de los funcionarios se aparta totalmente del deber de custodia y de protección que recae sobre Gendarmería en la vigilancia y tutela del cumplimiento de la pena, más no se encuentra permitida la aplicación de castigos corporales ni físicos, encontrándose absolutamente proscrita la eventual aplicación de torturas en todas sus formas”.
Aguirre agregó que los objetivos de esta acción de amparo ante el Juez de Garantía, es que: “éste se constituya en el recinto penitenciario y examine las condiciones de la privación de libertad, a fin que adopte las medidas necesarias para resguardar los derechos e integridad del amparado”.
Fuente: INDH