A 45 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende e instauró una dictadura militar que puso fin a un proyecto alternativo para la sociedad chilena, las heridas siguen abiertas. Las declaraciones del presidente Sebastián Piñera sobre aquellos hechos han generado el malestar de algunos sectores que las consideran una forma de negacionismo.
En la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió a la ciudadanía por las ondas de Radio Magallanes, consciente de que serían sus últimas palabras. Con la artillería de los militares sublevados en las calles y bajo la amenaza de los aviones que luego bombardearon el Palacio de La Moneda, el artífice de las reformas estructurales llevadas adelante en el país se despedía de su pueblo.
«Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria», pronunció el presidente electo en 1971.
Antes de caer en mano de los militares, Allende se quitó la vida. El general del Ejército Augusto Pinochet tomó las riendas del país y las mantuvo durante 17 años, una de las etapas más oscuras en el país. Durante la dictadura, cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas o desaparecidas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio.
A diferencia de otros países de la región, donde se buscó instaurar un modelo socialista a través de la lucha armada, en Chile se construyó a través de las urnas. A partir de la llegada de Allende a La Moneda, se llevaron adelante importantes medidas, como la reforma agraria o la nacionalización del cobre, un recurso estratégico para el desarrollo del país.
Sin embargo, el Gobierno de la Unidad Popular —la coalición de izquierda encabezada por Allende— tuvo resistencias de varios sectores empresariales, mediáticos y políticos, que fomentaron un clima de desabastecimiento y penurias económicas. Aún así, el presidente logró el apoyo de los sectores populares, que tomaron los medios de producción y establecieron los llamados ‘cordones industriales’ en 1972.
Pero con el Golpe en 1973, la fuerza militar sublevada «coartó y truncó un proceso histórico» iniciado un par de décadas antes para poner fin a «la situación desmedrada» y la desigualdad que vivía el pueblo de Chile, explicó Juan Gajardo, integrante de la mesa política del Partido Comunista de Chile (PCCh).
«Es un corte violento en la tradición de nuestro país. Es también una muestra de la intervención de potencias extranjeras, en este caso específicamente EEUU, y de los intereses de empresas trasnacionales por abortar un proceso que de acuerdo a sus criterios estaba en su contra», subrayó el representante partidario.
Durante el Gobierno de Allende, se inició un camino hacia «una mayor democratización de la sociedad» en las dimensiones políticas y sociales, siempre en el marco «de una democracia formal», como la que regía en la época que la UP llegó al poder.
Para Gajardo, la importancia de recordar el 11 de septiembre incluye el duelo por las víctimas de la dictadura y el retroceso que tuvo la sociedad con la llegada de los militares. Pero también va mucho más allá: es una oportunidad de «aprender de allí el camino hacia una sociedad mejor» en base a los ideales de Allende.
Revive la teoría de los dos demonios
En el primer mensaje de su segundo mandato con motivo de esta fecha, el presidente conservador Sebastián Piñera remitió una columna a El Mercurio, uno de los diarios con más tiraje en el país. En ella condena «en forma clara y categórica» las violaciones a los derechos humanos del régimen militar.
«El hecho de que muchas de estas violaciones fueran cometidas por agentes del Estado solo incrementa su gravedad y el rechazo que merecen», expresó el mandatario.
«Sin embargo, es bueno y necesario recordar que nuestra democracia no terminó por muerte súbita ese 11 de septiembre de 1973. Venía gravemente enferma desde mucho antes y por distintas razones», abunda.
El jefe de Estado considera que desde finales de la década de 1960 comenzaron a «erosionarse los valores y pilares básicos» de la «convivencia democrática». Asimismo adjudica un «clima de odiosidad y enfrentamiento que llevó a tratar a quienes pensaban distinto no como adversarios a convencer, sino como enemigos a eliminar».
Para Gajardo, este tipo de declaraciones son preocupantes, pues se inserta en un «negacionismo» que busca atenuar la responsabilidad de los hechos y «desconoce cuáles eran las realidades». Medidas como la reforma agraria contrariaba a los latifundistas, mientras que la nacionalización del cobre «no gustó a las empresas trasnacionales».
Las palabras de Piñera son eco de una corriente que «trata de acomodar la historia», opinó el portavoz del PCCh. «Dicen que de verdad fue muy malo lo que pasó, pero consideran que todos somos culpables. Que si todos somos culpables, nadie lo es tanto. Que lo que vino fue malo, pero en definitiva no lo fue tanto», ilustró.
A criterio de Gajardo, «la derecha chilena es muy hábil y maneja todos los medios de comunicación». Dentro de este sector, hay núcleos minoritarios que dudan menos al momento de eximir a la dictadura de responsabilidades. En cambio, el sector mayoritario, como el que está en el Gobierno, tiene una postura «más compleja» respecto a la violación de los derechos humanos.
«Indirectamente entran a culpar de las violaciones de derechos humanos, no a los que los que las cometieron sino a las víctimas. Eso pretende diluir la responsabilidad histórica que ellos tuvieron y de hecho lo logran», comentó.
A estas palabras del presidente se suman hechos polémicos, como el nombramiento inicial como ministro de Cultura de Mauricio Rojas, exguerrillero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aunque luego luego se pasó a las filas de la derecha.
Rojas debió presentar su renuncia a dos días de tomar su cargo cuando resurgió un texto en el que opinaba que el Museo de la Memoria, donde se recuerdan las vejaciones llevadas adelante por los militares, eran un «montaje» y «un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional».
Estas palabras le valieron la condena de todo el espectro político, más allá de los vinculados a la defensa de los derechos humanos, y Piñera exigió su renuncia. Para Gajardo, tales dichos son indicadores de que es necesario redoblar «la lucha por la memoria, por la verdad histórica, por la justicia y por la construcción de una sociedad sana».
Impunidad en la justicia
En los últimos meses, la Corte Suprema de Justicia emitió dictámenes que concedían libertad condicional a autores de crímenes de lesa humanidad llevados adelante en dictadura. Esto llevó a que representantes de un amplio espectro de partidos —incluido el PCCh— presentaran una acusación constitucional contra los jueces que tomaron esa decisión.
Los criminales eximidos de la prisión «no se han arrepentido de los crímenes que cometieron» y observan un «pacto de silencio» para esconder cómo se dieron los hechos durante la dictadura», subrayó Gajardo. Por ser de lesa humanidad, según los tratados internacionales que suscribió Chile
Los que actualmente cumplen pena, lo hacen en condiciones netamente más privilegiadas de los reos comunes. Los partidarios de liberarlos suelen aducir que son personas de edad avanzada y la necesidad de ir hacia el futuro sin mirar el pasado.
«Con eso se obvia lo central, y es que acá hubo crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. Se obvia que hubo hombres y mujeres militantes del movimiento popular, incluso gente común y corriente que sufrió sin tener acceso a ninguna justicia», dijo el portavoz del PCCh.
«Ningún tribunal los condenó: simplemente fueron asesinados en condiciones brutales y crueles como degollamientos, torturas o lanzamientos de vivos al mar», añadió.
El legado de Allende, olvidado en el ‘milagro económico’ chileno
Es «innegable» que en las últimas décadas Chile ha tenido un desarrollo económico considerable. A pesar de que muchos apuntan a las medidas económicas neoliberales a ultranza como el motor de este crecimiento, «hay que dejar claro que se hace utilizando medidas que tomó el presidente Allende», opinó Gajardo.
A su criterio, la modernización de la industria agraria «no hubiera sido posible», y en consecuencia «la capacidad de exportación que existe hoy en ese sector» no sería tal. Lo mismo con la minería, ya que aún hoy parte de la industria del cobre está bajo control estatal, y aporta «un conjunto de recursos» esenciales para el Gobierno.
«Las líneas neoliberales ‘modernizadoras’ atacaron otros elementos y produjeron una mayor desigualdad. En estos momentos se habla en Chile de un PBI per cápita de 24.000 dólares. Sin embargo, 53% de la población gana menos de 6.000 dólares per cápita. Hay un 1% de la población que concentra más del 20% de la riqueza producida en el país», aseguró el entrevistado.
Esta realidad no pudo ser atacada en gobiernos progresistas, como los de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), en los que participó el PCCh. El índice de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, presentó un incremento en esos mandatos. Esto se debe a la lógica neoliberal introducida en la década de 1980.
«Es uno de los factores que señalamos y no negamos. Cualquier esquema de desarrollo obviamente genera progresos. El tema es bajo qué costos se producen, al costo de quién y en beneficio de quienes», dijo Gajardo.
«Cuando hablamo de que el Gobierno de Allende permitía una mayor democracia social y económica, nos referimos a una lucha que estamos recogiendo e intentando convertir en realidad. No puede ser que en un país como el nuestro sea tan alto el grado de desigualdad», planteó.
Fuente: Sputnik