Chile fue uno de los principales promotores del protocolo que convierte en vinculante la consulta a las comunidades en proyectos que impacten el Medio Ambiente.
El anuncio de la ministra de Medio ambiente, Carolina Schmidt, que confirmó que Chile no firmará el acuerdo de Escazú en la ONU, en medio de la crisis ambiental en Quintero-Puchuncaví, generó el reproche de diversos dirigentes de la Democracia Cristiana «Con esto el Gobierno vuelve a actuar de forma negligente en materia medioambiental. Primero con la ministra Schmidt se apuraron desde el día uno en responsabilizar a una sola empresa por la crisis ambiental detectada el 21 de agosto pasado, sin antecedentes concluyentes que lo sustentaran, con hechos posteriores que apuntan a un conjunto de empresas, y eludiendo un pronunciamiento respecto de la crisis que viven diversas zonas de sacrificio y chilenos sujetos a diario a condiciones de sacrificio en el país. Y ahora suman la negativa, irresponsable, del gobierno a adoptar nuevos estándares de compromiso medioambiental, sanitario y humano que cambien la forma como el Estado y las empresas tratan y se relacionan con las comunidades y ciudadanos» señaló David Verdessi, Diputado DC
El tratado es una iniciativa multilateral que obliga a los Estados a dar carácter vinculante a las consultas ciudadanas que se desarrollen antes del inicio de cualquier proyecto que tenga impacto ambiental.
«Llamamos al presidente Sebastián Piñera que revierta su decisión de postergar la firma chilena del acuerdo de Escazú» agregó el Secretario Nacional, David Morales.