El Observatorio de Derechos Humanos condenó una ley aprobada en el Congreso de Perú por la principal fuerza opositora, el fujimorismo, que busca evitar que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) vuelva a prisión.
“La ley de ejecución humanitaria de la pena que aprobó la bancada fujimorista ayer en Perú está plagada de inconsistencias y vacíos que demuestran que es una ley con un único objetivo: la libertad de Fujimori”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo del Observatorio, a través de la red social Twitter.
La ley de ejecución humanitaria de la pena que aprobó la bancada fujimorista ayer en Perú está plagada de inconsistencias y vacíos que demuestran que es una ley con un único objetivo: la libertad de Fujimori.
Le pido al Pdte. @MartinVizcarraC que la observe. #LeyFujimori— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) October 12, 2018
En nombre del Observatorio, Vivanco pidió al presidente peruano, Martín Vizcarra, que observe dicha norma a la que denominó “Ley Fujimori”.
Vivanco también recordó el compromiso hecho público el año pasado por Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular (fujimorista, derecha), de no utilizar el poder político de su bancada para liberar a familiares por ser un acto “inconstitucional”.
El 11 de octubre, la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley para la “ejecución humanitaria” de las condenas a prisión para personas de la tercera edad.
El proyecto establece, entre otras cosas, que individuos con más de 75 años y que hayan cumplido un tercio de su condena carcelaria, puedan ser liberados bajo un régimen de vigilancia por medio de la utilización de un grillete electrónico.
El proyecto de ley fue aprobado en el pleno con los votos de la mayoritaria bancada fujimorista, sin ser discutido en la Comisión de Justicia y exonerado de una segunda votación, en ambos casos gracias al aval de Fuerza Popular.
La ley se aprobó tan sólo 8 días después de que la justicia peruana anuló el indulto dado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por asesinatos cometidos durante su Gobierno.
En febrero, los deudos de las víctimas apelaron el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que la justicia peruana debía ser quien estableciera si la liberación de Fujimori era legal o no.
El 3 de octubre, el Poder Judicial de Perú determinó que el indulto era ilegal por violar normas del derecho penal internacional, anulándolo y ordenando el reingreso de Fujimori, de 80 años, a prisión.