La acción judicial se interpondrá luego de que se recibiera la denuncia de violación y torturas que habría sufrido una interna al interior de la cárcel de Calama. La mujer se encuentra recluida en calidad de imputada por el delito de parricidio cometido en contra de su marido, recluida desde el 18 de mayo, en un comienzo por una ampliación de la detención, y desde el 21 de mayo cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.
La mujer acusó que durante la noche y madrugada del día miércoles 24 de octubre y mientras se encontraba en una celda de aislamiento ingresaron dos hombres a su habitación, quienes la golpearon y violaron, todos hechos denunciados el 25 de octubre ante el Juzgado de Garantía, por lo que la magistrada de dicha audiencia ordenó que fuera trasladada de inmediato a constatar lesiones a un recinto hospitalario, lo que se realizó, dando lugar a una investigación por parte de la Fiscalía y, como consecuencia, la querella del Instituto.
Ante estos hechos, Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que “rechazamos la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas y en cualquier circunstancia. En este caso, es particularmente grave que se trate de una brutal agresión sexual y que haya ocurrido respecto de una mujer que se encuentra en custodia del Estado”. Por lo anterior, Consuelo Contreras afirmó que “estamos interviniendo para que estos hechos se investiguen en todas las instancias que corresponde y se adopten a la máxima brevedad medidas de protección en favor de la víctima”.
Actualmente la mujer de iniciales K.H C. fue trasladada sin informar a su defensa al C.D.P de Tocopilla, afirmando posteriormente que pasó la noche en una celda de castigo la cual tenía excremento en las paredes.
Respecto de la intervención judicial del INDH, Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial, señaló que “el Instituto presentará una querella por el delito de tortura con connotación sexual y pediremos medidas de protección inmediatas para la víctima”, agregando que “se trata de hechos gravísimos pues el Estado estaría incumpliendo normativa internacional referente a la prohibición de tortura así como obligaciones en materia de violencia en contra de las mujeres”.
Fuente: INDH