«El bureau (de la FIFA) decidió el 5 de noviembre de 2018 que, si el pleno del Congreso de su país adopta en segunda votación las enmiendas a la Ley y, posteriormente, el presidente de la República promulga las mismas, la FPF quedará suspendida con efecto inmediato», se lee en la carta dirigida por el máximo ente del fútbol mundial.
El 30 de octubre, el Parlamento peruano aprobó, en primera instancia, una ley que obliga a la FPF a someterse a las normas nacionales para el desarrollo de sus actividades y no solamente a los mandatos de la FIFA o la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El Congreso aprobó la ley debido a que, de mantenerse el mando autónomo de la FIFA sobre la FPF, el presidente de asociación, Edwin Oviedo, iba permanecer en el cargo hasta el 2020.
Oviedo es acusado por el Ministerio Público de ser el autor intelectual del asesinato de dos trabajadores del sindicato de la azucarera Tumán, de la que es accionista, en 2012.
Además, es sospechoso de estar vinculado a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, de la cual sería cabecilla el exjuez supremo César Hinostroza, actualmente preso en España a la espera de su extradición.
En interceptaciones telefónicas reveladas en julio, se pudo a escuchar cómo intermediarios le pedían a Hinostroza favores para librar a Oviedo de la investigación de los asesinatos en Tumán; y que el titular de la FPF entregó, entradas al exjuez para que viajara a Rusia a ver a la selección peruana en la Copa del Mundo.