En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó al abogado Jorge Sciaraffia Garrido a 61 días y 41 días de presidio, con beneficio de remisión condicional de la pena por el plazo de un año, como autor de los delitos de falsificación o uso malicioso de documentos públicos y presentación de medio de prueba falso en juicio. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, en la ciudad.
En el fallo (causa rol 1551-2018), el magistrado Ricardo Leyton Pavez aplicó, además, a Sciaraffia Garrido la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 1 UTM (unidad tributaria mensual).
Para el cumplimiento del beneficio de la remisión condicional, el condenado quedará sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Iquique.
En la causa, el tribunal condenó también a Lissete Angely Gallardo Pavez a la pena de 61 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional por el plazo de un año, y la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autora del delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos.
En la resolución, el magistrado dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que Sciaraffia Garrido, con el objeto de desalojar a las arrendatarias de un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Almirante Latorre de la comuna de Iquique, se coludió con su secretaria, Lissete Gallardo Pavez, con el fin de obtener una orden de desalojo judicial. Para ello, los condenados aparentaron la suscripción de un contrato de arrendamiento y una escritura pública en la cual Gallardo Pavez declaraba que vivía en el inmueble desde enero de 2015.
Además, en el documento consignaba que adeudaba los arriendos del inmueble desde enero de 2016, ofreciendo pagar una suma única de $2.000.000 y entregar las llaves del inmueble arrendado libre de todo ocupante. De no cumplir, agregaba, Sciaraffia Garrido «podría ejercer todas y cada una de las acciones legales que correspondan».
Valiéndose de dicha escritura pública, Sciaraffia Garrido presentó el 5 de septiembre de 2016 en el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, una demanda ejecutiva contra Lissette Gallardo Pavez, afirmando que pagó la suma adeudada, pero no entregó el inmueble.
Luego de notificada la demanda y después de cuatro días sin oponer excepciones, Sciaraffia presentó un escrito solicitando el lanzamiento con fuerza pública, a lo cual accedió el tribunal el 11 de octubre de 2016. Ardid que le permitió, el 20 de febrero de 2017, ejecutar el lanzamiento con auxilio de Carabineros de las víctimas que mantenían contrato de arriendo vigente con Sciaraffia Garrido.
