Una manifestación de opositores al presidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestan delante de la sede de los servicios de inteligencia en Caracas el 8 de octubre de 2018
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La viuda del concejal opositor venezolano Fernando Albán, muerto en prisión hace casi dos meses, pidió este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sus restos sean trasladados a Estados Unidos.
«Solicito que esta honorable Comisión inste al Estado para que trasladen el cuerpo de mi esposo a darle cristiana sepultura aquí en Estados Unidos, donde está su familia», pidió la viuda del concejal, Meudy Osío, en una audiencia de la CIDH sobre detención arbitraria y situación de los derechos políticos en Venezuela.
Albán fue detenido el 5 de octubre por su supuesta participación en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que el presidente venezolano Nicolás Maduro daba un discurso el 4 de agosto en Caracas. Murió tres días después mientras estaba confinado en celdas de los servicios de inteligencia.
«La detención arbitraria de Fernando al llegar a Caracas fue el resultado de represalias de participación en reuniones que se dieron en la ciudad de Nueva York y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas», dijo Osío ante la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El gobierno afirma que se suicidó en prisión lanzándose al vacío tras haber pedido permiso para ir al baño, pero la oposición asegura que fue arrojado sin vida por agentes de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para borrar evidencias de su muerte.
«Su desaparición forzada, su tortura y su posterior muerte en custodia dentro de las instalaciones del Sebin, policía política del Estado del gobierno de Venezuela, están inmersas en una cantidad de irregularidades», denunció Osío.
Osío indicó que a casi dos meses de su muerte no hay una respuesta «formal» y «creíble» de lo que sucedió por parte de las autoridades de Venezuela.
En la audiencia Osío reiteró el pedido de la familia de que se constituya una comisión independiente y autónoma para investigar el caso.
Larry Devoe, el representante del gobierno venezolano, expresó sus condolencias a Osío, pero señaló que una vez ocurridos los hechos se activó un protocolo de investigación conforme a los estándares internacionales.
«La investigación fue realizada por fiscales especializados contra la vulneración de derechos humanos», indicó Devoe, quien acotó que hay dos funcionarios imputados por el incumplimiento de sus obligaciones de custodia del preso y calificó el suceso como un «suicidio».
Según la ONG Foro Penal, al 26 de noviembre había en Venezuela 278 presos políticos, cifra que fue validada el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Fuente: rfi
