Secretario General de la OEA, Luis Almagro
Tras la denuncia de la CIDH de que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que contempla aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, mecanismo que puede implicar su suspensión del organismo.
En la sesión de este jueves, la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió «considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana».
La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede acabar en la suspensión de un miembro.Si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión. El caso más reciente fue el de Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
Todo hace parecer que este pedido contra Nicaragua gozaría de la aprobación de la mayoría de los países miembros de la OEA. La embajadora argentina, Paula Bertol, indicó que varios países están pensando en su aplicación porque «estamos hablando de terrorismo de Estado».
En ese mismo sentido, el representante colombiano, Alejandro Ordóñez, señaló que la OEA debe tomar «un papel indispensable» ante la crisis que vive Nicaragua, instando también a la aplicación de la Carta.
Crisis en Nicaragua
Como se recuerda, la crisis en Nicaragua comenzó con una ola de protestas el 18 de abril de 2018, contra una reforma del seguro social que derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. Esto a su vez generó una dura represión que según la CIDH ha dejado 325 muertos y 400 detenidos.
Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), que se desplazaron al país pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre.
En Washington, el GIEI denunció en su informe, presentado el 21 de diciembre, que «el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución».
Fuente: rfi