El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, hizo un balance del trabajo del Poder Judicial durante 2018, enfatizando que la labor de los tribunales de justicia tiene como centro a las personas, destacando importantes avances en materias de género, niñez, derechos humanos y grupos vulnerables.
En un encuentro con la prensa acreditada en el Palacio de Tribunales, la máxima autoridad judicial resaltó que «dirigir todo nuestro esfuerzo hacia las personas es la característica apropiada de una institución como el Poder Judicial. Nos debemos a las personas, ellas tienen conflictos, los traen hasta los tribunales de justicia y debemos resolverlos de la mejor forma posible. Buscamos la igualdad y el acceso a la justicia como un valor universal».
El ministro Brito destacó cuatro grandes áreas de trabajo este 2018: la Secretaría de género y no discriminación, el grupo de trabajo para temas de niñez, la oficina de Coordinación de Derechos Humanos y los proyectos de Acceso a la justicia de grupos vulnerables.
«La cuestión de género es fundamental en una sociedad igualitaria, una sociedad que progresa y también hemos sido muy categóricos en señalar que este tema al interior del Poder Judicial es fundamental. El respeto por las características de la mujer, la intención de que esté instalada en la plenitud de sus facultades como persona, en todo orden de cosas, ha hecho desarrollar esta política que nosotros valoramos muchísimo», explicó.
En materia de niños, niñas y adolescentes, el presidente Brito aclaró «logramos constituir una mesa de trabajo encabezada por la ministra Rosa María Maggi de la Corte Suprema e integrada por ministros, jueces, consejeros técnicos, administradores. Eso significa que todo el Poder Judicial está involucrado en este tema. Se está trabajando en la identificación de buenas prácticas, se determinará cuáles deben dejar de ejecutarse y eso es un fortalecimiento del sistema de justicia muy claro. La protección de niños, niñas y adolescentes en nuestro país no ha tenido la suficiente claridad en sus políticas de gestión y por eso es muy importante que esta mesa dé una opinión técnica en esta materia que nos preocupa mucho, al igual que a la sociedad en su conjunto.»
Sobre los derechos humanos y las investigaciones, el ministro resaltó que «tenemos una unidad de coordinación de causas de derechos humanos que estamos fortaleciendo, queremos que cuente con mayores capacidades técnicas, mejores estadísticas, posibilidades de hacer identificación de temas de fondo que han sido tratado en los procesos, para que sea más conocido lo que ha ocurrido jurisdiccionalmente en materias de derechos fundamentales. Creemos que no basta con que los proyectos hayan avanzado, no basta con que se hayan dictado sentencias, no basta con eso, es fundamental que se conozca cuál ha sido la actuación del Poder Judicial en esta materia. Hace ya años que esta Corte Suprema advirtió y reconoció la actitud omisiva en la época de autoritarismo, pero también este es momento en que es importante que se conozca la actitud positiva de la judicatura en esta materia y creemos que es importante comenzar un proceso de difusión de contenidos en derechos humanos».
Desafíos para el futuro
El presidente Brito fue enfático en asegurar que es positivo que la sociedad y sus instituciones reflexionen sobre la administración de justicia y los cambios necesarios de hacer. En ese sentido se refirió a los temas en los que hay que avanzar.
«Es bueno detenerse en que se ha generado una coincidencia en la comunidad jurídica y la sociedad en un conjunto de reformas que hay que hacer. Si en algún momento discutimos acerca de lo que debía ser modificado , yo creo que se ha generado una aceptación de que hay una serie de instituciones relativas a la justicia que tienen que ser modificadas y eso es algo importante: está concluido prácticamente el proyecto de Código Penal; está el compromiso de que la reforma procesal civil será desarrollada en el curso de esta administración; está claro que el código procesal civil es un texto que se prevé que dará solución a los grandes conflictos del orden civil, pero también está claro y hay mucha conciencia y convicción en cuanto a que esta reforma no va a dar solución a los pequeños conflictos de las personas comunes, esos conflictos de escasa significación económica, pero sí de muchísima significación en el orden personal», comentó el ministro.
En este sentido, el presidente del máximo tribunal agregó que «por eso es que también es una cuestión aceptada que para que esa reforma procesal civil adquiera condiciones de legitimidad tendrá que estar acompañada por la instalación de sistemas alternativos de resolución de conflictos, es decir de aquellos de escasa significación económica, que no pueden acceder a un sistema de juicio oral público. Yo tengo la convicción de que es esencial que se hagan las dos cosas. Un juicio civil que piense en el gran conflicto y mecanismos de acceso, ojalá sin ningún costo, que permita a las personas de este país litigar por aquellos aspectos patrimoniales relevantes para ellos. Eso es proporcionar acceso a la justicia», puntualizó el presidente Brito.