DECLARACIÓN PÚBLICA
Como Sindicato Starbucks nos hemos puesto la tarea de representar a las y los trabajadores que se desempeñan en las 119 tiendas de Chile, pero también de poner nuestra organización, energía y recursos al servicio de otras organizaciones sociales y sindicales que lo necesitan.
Esta decisión nos ha llevado a estar en la calle con el movimiento No+AFP y la Coordinadora Nacional de Trabajadores/as que lo representa, a apoyar una infinidad de negociaciones colectivas, así como a apoyar dentro de nuestras posibilidades a huelgas y movilizaciones de trabajadoras y trabajadores fuera de nuestra propia institución. Consecuentes con ello, durante el mes pasado estuvimos codo a codo con las más de 400 familias que sostuvieron una dura huelga en Valparaíso por el derecho al trabajo en sus puertos.
Durante dicho conflicto, nuestro delegado de la V Región, Antonio Páez, y otros activistas de la zona fueron amedrentados e incluso agredidos físicamente por llevar adelante la solidaridad de clase. El día de hoy, 3 de enero, tras varias amenazas vía mensajes de Facebook, Antonio fue interceptado en la calle durante su jornada laboral, a plena luz del día, por un sujeto desconocido que lo agredió y amenazó.
Como organización repudiamos categóricamente el actuar de individuos o grupos mafiosos que, a través del anonimato, buscan amedrentar a quienes nos organizamos cotidianamente contra las injusticias de nuestros tiempos. Por otro lado, resulta preocupante que, en el marco de un Gobierno de derecha que presupuesta una serie de políticas contrarias a las y los trabajadores del país -y que ha defendido los intereses del gran empresariado a través de una fuerza policial desprestigiada por las numerosas denuncias de amenazas, secuestros, golpizas e incluso asesinatos como el de Camilo Catrillanca-, existan organizaciones criminales que también están al servicio de los grandes grupos económicos actuando con estos niveles de impunidad.
Responsabilizamos al Gobierno y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública por sostener condiciones sociopolíticas dónde estas prácticas se naturalizan y permiten, tal y como ocurrió con el dudoso “suicidio” del dirigente sindical de Quintero, Alejandro Castro, el dirigente sindical de la empresa forestal Paneles Arauco Teno, Alex Muñoz, y, hace un par de años, Macarena Valdés, líder ambientalista del sector de Panguipulli.
Tenemos la lamentable certeza de que, si esto ocurriera a dirigentes políticos del oficialismo o empresarios, el Gobierno sería el primero en condenar estos actos de terrorismo y tomaría las medidas correspondientes, sin embargo, actualmente no han hecho sino guardar un negligente silencio. Es por ello que, de concretarse alguna de estas amenazas o traducirse en un nuevo acto de violencia, existirá una ineludible responsabilidad en las autoridades del Estado.
Finalmente, volvemos a exigir que estos hechos se investiguen y se tomen todos los resguardos para garantizar la seguridad de nuestro compañero y de otros/as que han denunciado, a través de diversos medios, estas amenazas que nos remontan a las épocas más oscuras de nuestra historia. Asimismo, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a estar alerta y predispuestas a la movilización para impedir que Chile vuelva a ser una tierra donde las y los dirigentes sociales sean agredidos y/o asesinados por sus convicciones.