CARACAS – La primera jornada de visita a Venezuela de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó tras reuniones con altos funcionarios del Gobierno de la nación caribeña y organizaciones sociales.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
Bachelet marcó distancia con los medios de comunicación durante las primeras horas de su visita a Caracas y dejó en claro que solo se dirigirá a la prensa el viernes 21 en el aeropuerto, justo antes de dejar Venezuela.
n las primeras horas del 20 de junio, Bachelet llegó a la sede de la Cancillería en el oeste de Caracas, donde sostuvo una reunión con el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Alfredo Ruiz.
Posteriormente dialogó con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y el de Defensa, Vladimir Padrino López; así como con el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, y la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Valera.
También estuvo en la Casa Amarilla (sede de la Cancillería) el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Ninguno de ellos ofreció declaraciones a los medios.
La Alta Comisionada también recibió al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, y a Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación y Finanzas.
Menéndez aseguró a los medios que le presentó un informe sobre el efecto de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos y que le solicitó interferir para que los recursos que están bloqueados en el extranjero puedan ser utilizados para cubrir «las necesidades sociales de los venezolanos».
«Hemos tenido la oportunidad de pedir un petitorio, en cuanto el sistema de las Naciones Unidas en función del secuestro de los recursos que tenemos los venezolanos en el exterior. En este momento, tenemos en el exterior más de 4.800 millones de euros (5.419 millones de dólares», señaló Menéndez.
El fiscal general Tareck William Saab también conversó con la Alta Comisionada e informó a los medios que le consignó un balance de su actuación desde agosto de 2017, en el que hace referencia a 261 acusaciones por violaciones de derechos humanos, en las cuales figuran funcionarios de seguridad y civiles.
Las reuniones se desarrollaron en el salón Sucre de la Cancillería venezolana a puerta cerrada y en compañía del coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas para Venezuela, Peter Grohmann.
Durante los encuentros solo se admitieron brevísimos accesos a camarógrafos y fotógrafos.
Protestas
Mientras estos encuentros se desarrollaban en la Casa Amarilla, a menos de una cuadra, en la avenida Urdaneta, extrabajadores petroleros cerraron las calles para exigir una reunión con la Alta Comisionada y requerirle que interceda ante el presidente Nicolás Maduro para que responda por una deuda adquirida por el Gobierno en 2007, por lo cual 13 hombres se mantienen en huelga de hambre desde hace 21 días.
A estos trabajadores no se les permitió acercarse a los predios de la Cancillería, pues militares mantenían resguardado todo el perímetro impidiendo el acceso a todo el que no estuviese acreditado.
Algunos grupos de trabajadores de los sectores de la salud y la educación también se manifestaron en otros puntos de la ciudad.
Tras reunirse con los funcionarios del Gobierno venezolano, Bachelet sostuvo un encuentro con los familiares de víctimas de violaciones de los DDHH, quienes le exigían visitar a los privados de libertad.
Bachelet arribó a Venezuela el 19 de junio, respondiendo a una invitación hecha por Maduro en noviembre de 2018.
El mismo día de su llegada sostuvo un encuentro con el canciller, Jorge Arreaza, quien aseguró que el Gobierno venezolano está dispuesto a recibir recomendaciones de la Alta Comisionada «para rectificar y preservar los Derechos Humanos de los venezolanos».
Bachelet sólo ha escrito un mensaje en la red social Twitter en el que señaló que esperaba «escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los Derechos Humanos de todos los venezolanos».
Para el 21 de junio está prevista una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora, en desacato desde 2016), Juan Guaidó, quien convocó a la militancia opositora a concentrarse en los predios de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el este de la capital.
También se había indicado que sostendría un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que tendría lugar en la Cancillería, y con el jefe de Estado, pero hasta el momento no ha sido confirmada.