La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –Sede de La Araucanía- en favor de integrantes de la Comunidad Domingo Trangol de la Comuna de Victoria, entre ellos niños, niñas y adolescentes.
Los hechos denunciados ocurrieron cerca de las seis de la mañana del lunes 22 de abril pasado, cuando aproximadamente unos sesenta integrantes de la comunidad Domingo Trangol, de Victoria, ingresaron al Fundo La Embajada, que reivindican como propio.
Entre los miembros de la comunidad se encontraban aproximadamente veinte mujeres, incluida una embarazada con ocho meses de gestación, una anciana de 83 años de edad, y seis niños de entre 6 y 15 años.
Aproximadamente a las 16 horas de ese día, ingresaron a desalojar el predio Carabineros de Fuerzas Especiales, que hicieron un uso indiscriminado de gases lacrimógenas y escopetas antidisturbios.
En este sentido la Corte estimó que “el uso de la fuerza mandatado a Carabineros se encuentra limitado por el respeto de las garantías constitucionales, que la misma carta fundamental consagra, entre las cuales se encuentra la integridad de las personas y la libertad personal de las mismas”.
El tribunal señala que “si bien, Carabineros señaló que actuó después de verificar que no había presencia de menores, la presencia de estos es afirmada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ella no puede ser descartada luego de haberse revisado los videos acompañados”.
La Corte concluyó que en este caso “ha existido un uso no proporcional de la fuerza en relación a los hechos establecidos”, por lo que ordenó la policía uniformada “dar debido cumplimiento a sus protocolos de actuación, y a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales, especialmente a lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño”.
Para Federico Aguirre, jefe de la sede regional del INDH de La Araucanía, “los testimonios recabados por el INDH, corroborados con las fotografías y los videos que se incorporaron a la acción de amparo interpuesta, grafican el uso desproporcionado de gases lacrimógenos y balines, en contra de personas desarmadas, entre las cuales se encontraban niños, niñas, adolescentes, mujeres y anciano/as mapuche”.
“Resulta reprochable y preocupante que a pesar de las innumerables resoluciones judiciales que exigen a la fuerza pública sujetar sus procedimientos al respeto y garantía de derechos fundamentales, estos se sigan vulnerando, más aún cuando se trata de personas especialmente vulnerables”, sentenció Aguirre.