Conversatorio realizado en el Campus Santiago de la Universidad de Talca reunió una diversidad de actores sociales que revisaron los aspectos centrales de la propuesta impulsada por el gobierno.
Como un “muy buen proyecto para el gran empresariado y el proyecto capitalista global, pero muy malo para la clase trabajadora y las familias chilenas”, calificó el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, el proyecto de Ley enviado por el gobierno para acortar las jornadas laborales.
“Moderniza las relaciones laborales para sostener y asegurar las tasas de ganancia de las transnacionales y de los grandes empresarios”, dijo durante su intervención en el conversatorio “Reforma Laboral: ¿Modernización, flexibilización o precarización?”, evento realizado en el Campus Santiago de la Universidad de Talca.
La jornada contó además con las intervenciones del economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores; Luis Lizama, miembro del Consejo Superior Laboral del ministerio del Trabajo y académico; Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol; e Irene Rojas, subdirectora del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UTalca.
Tomando como ejemplo los cambios implementados en su comuna que redujo a 40 horas la jornada laboral, el alcalde Jadue sostuvo que la propuesta gubernamental no se justifica más aún cuando en la actualidad ya es posible implementar medidas a favor de los trabajadores.
“Sí se pueden hacer cosas que la sobre ideologización neoliberal afirma que no se pueden hacer”, expresó.
En la vereda opuesta, el economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, estimó que la reforma es un avance.
“Moderniza porque efectivamente hay personas que están más dispuestas a trabajar en unos días o épocas del año que en otras, y hay que dar la posibilidad de que esas personas adecuen su jornada de trabajo, sobre todo con trabajadores que hoy tienen más percepción de soberanía sobre su tiempo, y con los jóvenes que quieren trabajar de una manera distinta”, aseveró.
Debate
Siguiendo con el análisis de la iniciativa, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, expresó que “no es un proyecto de modernización. Claramente busca precarizar las leyes laborales destruyendo la jornada de trabajo, invisibilizando a los sindicatos, y parte de un falso diagnóstico: que el trabajador tiene el mismo poder que el empleador cuando la realidad no es así”.
Distinto fue el juicio que emitió Luis Lizama, para quien el proyecto tiene ejes que están en sintonía con lo que la OIT propuso en aspectos como la regulación del trabajo en las economías digitales, la soberanía del tiempo del trabajo y la generación de una garantía laboral universal.
“Creo que el gobierno se encamina bien por ese lado. Ahora probablemente en el debate deba perfeccionarse el proyecto, lo que uno ve como desconfianza legítima de los trabajadores decir que flexibiliza la jornada y una herramienta como esa entregada a un empleador abusivo puede significar que un trabajador termine con su vida destrozada con miles de turnos. Eso hay que corregirlo porque la propuesta del gobierno es de 180 horas por mes, lo que supone reducir la jornada semanal”, observó.
Una opinión contraria entregó la subdirectora del Centrass, Irene Rojas, quien sostuvo que la propuesta del Ejecutivo es desreguladora.
“Y eso genera precarización porque lo que hace el proyecto es que dispositiva la norma legal que existe para dar ciertos mínimos a los trabajadores –tiempos máximos de trabajo y mínimos de descanso-, quita esa garantía dejando que esta materia sea acordada entre trabajador y empleador, siendo que existe una gran desconfianza de que se logre este tipo de acuerdo toda vez que no están en una posición de igualdad, que en el mundo real se expresa en que las personas difícilmente reclaman y simplemente aceptan lo que su empleador les impone”, advirtió.
Igualmente, Valentina Doniez calificó la reforma como regresiva. “Lo es en muchos aspectos, pero uno de los mayores riesgos tiene que ver con que privilegia la negociación individual, considerando al trabajador y al empleador solos sin fortalecer el actuar colectivo, que es lo que puede proteger al trabajador de hechos que vulneren su salud y condiciones de vida”, afirmó.