Los efectos de la crisis climática ya están aquí. Por lo mismo, geoingenieros han propuesto medidas extremas con riesgos inaceptables que podrían generar serios desequilibrios climáticos.
La geoingeniería o ingeniería climática es una serie de fórmulas tecnológicas que algunos han buscado echar mano para manipular el clima, pretendiendo evitar las peores consecuencias de la actual crisis climática. Estas prácticas sugieren intervenciones sobre la tierra, los océanos o la atmósfera e implican grandes riesgos e impactos adversos para las comunidades humanas, los ecosistemas y los procesos naturales, tal como lo destaca la recientemente publicada Cartilla Ciudadana sobre Cambio Climático de Fundación Terram.
El uso de estas prácticas están prohibidas por la Convención de la Biodiversidad, no obstante, con el impulso de potencias como Estados Unidos -que no es parte de dicho convenio- y Rusia, estas tecnologías han encontrado cierto apoyo. Sin embargo, un amplio espectro de organizaciones ambientales, de pueblos indígenas y académicas del mundo han mostrado su total rechazo a estas ideas por constituir “una falsa solución al cambio climático”, como señala el Grupo ETC, una organización mundial que realiza investigación en torno a la biodiversidad agrícola y la seguridad alimentaria en los cinco continentes.
Una de las principales críticas a la geoingeniería desde todas partes del globo, es que en teoría podrían reducir emisiones por distintas vías, pero estas no se hacen cargo de la causa y origen de la crisis climática. Por otro lado, afianzan la dependencia de la economía de los combustibles fósiles y sirven de justificación para que los países o empresas que más emiten puedan seguir haciéndolo.
Debido a sus altísimos riesgos socio-ambientales, pues son tecnologías experimentales y de gobernanza internacional, dos convenios multilaterales han establecidos fuertes restrcciones al desarrollo de la geoingeniería. En el caso del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se estableció en 2010, se incluyó una regulación que prohíbe las actividades de geoingeniería que no cumplen con diversos criterios. Por otro lado, El protocolo del Convenio de Londres sobre vertimiento de desechos al mar, estableció un marco estricto de evaluación a la geoingeniería marina en 2013.
Por su parte, “Chile no tiene un marco regulatorio que se haga cargo de la evaluación de los graves riesgos socio-ambientales y económicos que la geoingeniería marina puede producir en las pesquerías y ecosistemas nacionales. Nuestro país debe avanzar en la ratificación de la enmienda al protocolo de Londres que crea dicho marco de evaluación en el más breve plazo”, señaló Samuel Leiva, consultor en políticas públicas ambientales.
Sin embargo, la geoingeniería no es una técnica nueva, ya que esta tiene un pasado ligado a la Guerra Fría. El primer país en considerar el uso de geoingeniería para manipular el clima del planeta fue Estados Unidos, el cual consideró su uso para inundar territorios en conflicto en el suroeste asiático. Esto llevó a que la Asamblea de las Naciones Unidas adoptara la Convención sobre la Prohibición Militar o Cualquier Otro Uso Hostil de Técnicas de Modificación Ambiental en 1976, poniendo a la potencia mundial en aprietos y dejando en evidencia que la manipulación de la naturaleza para usos bélicos está estrictamente prohibido. Hoy en día, se discute si se podrían usar para fines climáticos.
Pero es necesario tomar en cuenta sus consecuencias, ya que “las tecnologías de geoingeniería podrían alterar los patrones climáticos locales y regionales y volver aún más inestable el clima, con efectos catastróficos para algunas regiones, así como en la disponibilidad de agua y la producción de alimentos”, advierte Fundación Terram en la mencionada cartilla.
Asimismo, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la organización, señala que “ad portas de la COP25, es necesario dar esta discusión en Chile. Es necesario que el gobierno del Presidente Piñera se comprometa a no promover tecnologías de este tipo y ratifique el Protocolo de Londres”.