Luego de más de 10 días de movilizaciones de transportistas, pueblos indígenas, jóvenes, profesionales, campesinos y población de barriadas populares, el Gobierno de Lenín Moreno se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsidio estatal a los combustibles.
por *Alfredo Zaiat
Agencia de Noticias Sputnik
El estallido social en Ecuador, que fue respondido con una feroz represión estatal, tiene su origen en el rol que empezó a jugar el Fondo Monetario Internacional en el diseño e implementación de un plan de ajuste en el país andino.
El 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas de fuerte ajuste del gasto público, incluyendo un aumento de hasta el 120% en los combustibles por la eliminación de los subsidios.
También incluyó la reducción salarial de hasta el 20% en contratos temporales en el sector público, la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y el aporte al fisco de un día de salario mensual de los empleados públicos.
Al día siguiente, el FMI emitió el siguiente comunicado: «Las reformas anunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. El anuncio incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva».
Ajuste
El FMI se anotó así un nuevo fracaso y exhibió otra vez el escaso criterio de realidad en la evaluación de sus propuestas regresivas, más aún en una economía dolarizada hace casi 20 años.
El 9 de enero del año 2000, el presidente Jamil Mahuad anunció que el país abandonaba la que hasta entonces fue su moneda nacional, el sucre, para adoptar de manera oficial el dólar, la moneda de Estados Unidos. Una economía sin moneda propia y, por lo tanto, sin la herramienta del tipo de cambio, es muy vulnerable. Ha quedado en evidencia esa debilidad en estos días con el fortísimo ajuste acordado con el FMI.
La pérdida de la soberanía monetaria de Ecuador hace a su economía muy vulnerable a los shocks externos, en este caso a la evolución del precio del petróleo, o a ajustes regresivos, como el alza del combustible que implica un incremento de la tasa de inflación.
El escenario es todavía más complejo cuando la economía está estancada desde hace varios años con una deuda externa en aumento. El plan de ajuste acordado con el FMI pretende bajar el déficit público en 1.500 millones de dólares. Esta meta forma parte del acuerdo con el organismo por un crédito de 4.209 millones de dólares.
La receta del FMI es la misma de siempre: recortar el gasto público y aumentar la recaudación. Para dar respuesta a esa exigencia, el Gobierno de Lenín Moreno eliminó los históricos subsidios al combustible en un país petrolero.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, había advertido que se trataba de una medida que «genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria».
Dolarización
El detonante de la crisis fue el programa de ajuste del FMI, que deriva en estancamiento económico, mayor desempleo y aumento de la inestabilidad macroeconómica.
Como la dolarización es un corsé agobiante para la economía ecuatoriana, el FMI propone mejorar la competitividad de la producción local para mejorar el saldo exportador con una «devaluación interna».
Para ello, la estrategia del organismo es mantener el desempleo elevado y reducir los salarios. Las medidas anunciadas por Lenín Moreno apuntaban a cumplir con esas premisas.
Como se sabe en base a la experiencia pasada y presente en América Latina, ese tipo de planes de ajuste no funcionan. El caso argentino, en el Gobierno de Mauricio Macri, es otra prueba del fiasco de esos programas de austeridad.
En términos teóricos, el FMI aborda las restricciones de la economía ecuatoriana con reformas por el lado de la oferta. Para hacer que el tipo de cambio real sea más competitivo a nivel internacional y de ese modo, mejorar el saldo de la cuenta corriente, impulsó una «devaluación interna».
Como la dolarización es una trampa, puesto que no se puede reducir el valor nominal de la moneda nacional, el plan del FMI apunta a medidas que permiten reducir la paridad cambiaria real con la desregulación laboral, las privatizaciones y la liberalización del comercio.
Esas iniciativas, en esta concepción ortodoxa de la economía, contribuirían a incrementar la productividad laboral y, sin alza de los salarios reales, se podría concretar la pretendida «devaluación interna».
El documento Obstáculos al crecimiento: el programa del FMI en Ecuador, elaborado por Mark Weisbrot y Andrés Arauz, del Center for Economic and Policy Research, precisa que las recomendaciones del FMI «incluyen aumentar el período de prueba para los trabajadores, reducir los costos de despido y establecer empleos a tiempo parcial sin una remuneración más favorable».
Sin precisar en qué medida las privatizaciones aumentarían la productividad, el FMI reclama la entrega de «aerolíneas, servicios públicos y otras empresas de propiedad pública».
Pobreza
Las movilizaciones y resistencia popular al decreto que dispuso la eliminación de los subsidios a los combustibles fueron respondidas con una feroz represión estatal. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, se cuentan por lo menos siete muertes, 1.152 detenidos y 1.340 heridos. Pese al discurso dominante, que los subsidios beneficiaban a sectores medios y altos de la pirámide social, los grupos vulnerados salieron a la calle y fueron reprimidos.
La distorsión acerca del impacto de semejante aumento del 120% en los combustibles en una economía dolarizada, con salarios congelados y reducción del ingreso en empleados públicos, queda expuesto en un ilustrativo informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
En Ecuador: el combustible de la pobreza, preparado por el investigador Nicolás Oliva, se estima que cerca de 300.000 ecuatorianos ingresarían en la categoría de pobres con esa suba de los combustibles. El cálculo se basa en el impacto sobre los precios de bienes y servicios de ese aumento extraordinario.
Los combustibles, y especialmente el diésel, son parte importante de la matriz productiva ecuatoriana. Un incremento de esa magnitud tiene repercusiones sobre el índice general de precios, por el impacto en los costos. Bienes transables, como alimentos y bienes de primera necesidad de la canasta del hogar, serían los más afectados. Entonces, la inflación tendría un golpe regresivo, especialmente, en la población más pobre.
El índice de pobreza alcanzó el 23% en diciembre pasado. La Celag estimó que la inflación podría rondar entre el 5% y el 6% con el alza de los combustibles, lo que significa que la pobreza aumentaría entre 296.000 y 340.000 personas. El informe destaca que «un shock de precios repercute también sobre la equidad de la economía».
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirma que en caso de liberarse los precios de los combustibles se trataría de una medida regresiva. El reporte indica que los subsidios energéticos representan aproximadamente el 7% del gasto público anual, equivalente a dos tercios del déficit fiscal.
Señala que «los impactos distributivos totales son progresivos para la reforma de los subsidios a la gasolina, esencialmente neutros para la reforma de los subsidios a la electricidad, ligeramente regresivos para el diésel y altamente regresivos para el GLP».
Brazo financiero
Del total de los 4.200 millones de dólares del préstamo, el FMI ha entregado 900 millones y el resto será desembolsado en los próximos tres años, siempre y cuando el FMI determine que el Gobierno de Lenín Moreno esté cumpliendo con los compromisos.
El FMI regresó como financista directo de Latinoamericana, luego de una década del 90 en la cual solo acumuló fracasos en la región. Con Argentina, primero, y luego con Ecuador, comenzó un nuevo ciclo de préstamos condicionados. El FMI recuperó de esa forma el papel de auditor de las políticas económicas en función de garantizar, fundamentalmente, el pago de intereses y capital de la deuda externa.
En esa tarea, a la vez, condiciona a los países por dos vías: la financiera y la económica, definiendo acuerdos que brindan negocios a bancos, mejoran la rentabilidad de las empresas (flexibilización laboral) y entregan áreas estatales privilegiadas a multinacionales de servicios estadounidenses y europeas (privatizaciones).
El FMI tiene otro rol que no es muy considerado en los análisis habituales, que consiste en ser una pieza relevante en el ordenamiento de la cuestión geopolítica de Estados Unidos, como brazo económico de intervención en áreas que la potencia considera como estratégica para sus intereses.
La periodista Whitney Webb, del medio de comunicación web MintPress News, con sede en Minnesota, publicó el artículo WikiLeaks revela el uso militar de los Estados Unidos del FMI y el Banco Mundial como armas no convencionales. La filtración es el documento Army Special Operations Forces Uncolnventional Warfare, de septiembre 2008, que hoy, con la situación crítica en Ecuador, adquiere mayor relevancia.
En la sección de ese documento de 248 páginas, titulado Instrumento financiero del poder nacional de los Estados Unidos y guerra no convencional, se señala que ese país aplica «políticas financieras unilaterales e indirectas a través de la influencia persuasiva en las instituciones financieras internacionales y nacionales respecto a la disponibilidad y condiciones de los préstamos, subvenciones y otra ayuda financiera a otros países».
Menciona específicamente al Banco Mundial, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de Pagos Internacionales y el FMI, como «lugares diplomáticos-financieros de los Estados Unidos». Esas instituciones son las «armas financieras» utilizadas por Estados Unidos para intervenir en países.
La crisis en Ecuador, con el saldo de decenas de muertes y heridos, es una prueba más de las consecuencias dramáticas de la injerencia del FMI (o sea, de Estados Unidos) en países de Latinoamérica.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK Y LA RAZÓN
*Periodista, escritor y economista, jefe de la sección de Economía y del suplemento Cash de Página 12 desde 1997. Conduce desde hace 18 años el programa radial ‘Cheque en blanco’. Ganador del premio ETER en varias oportunidades. Integra el cuerpo docente del Programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros ‘¿Economistas o astrólogos?’, ‘Historia de la economía argentina del siglo XX’ junto a Mario Rapoport, ‘Economía a contramano’, ‘Amenazados. El miedo en la economía’ y ‘Macrisis. Otro fracaso del neoliberalismo en Argentina’.