Parlamentarios de distintos partidos de la oposición política presentaron una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, asegurando que tiene responsabilidad política en las eventuales violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las protestas masivas.
«Presentamos esta acusación constitucional contra el presidente Piñera dadas las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes», dijo la diputada del partido Comunista, Carmen Hertz, en conferencia de prensa.
Asimismo, la parlamentaria señaló que el mandatario «ha infringido gravemente la Constitución y las leyes, y además, dada la honda preocupación internacional que ha provocado esta situación, se ha comprometido el honor de nuestra nación».
La acusación fue presentada con firmas de diputados del:
- Partido Socialista (centroizquierda),
- Partido Comunista (izquierda),
- Frente Amplio (izquierda),
- Partido Por la Democracia (centroizquierda),
- independientes.
Para ser aprobada la acusación, se requiere que más de la mitad de los diputados voten a favor, y que dos tercios del Senado también aprueben.
Debido al alto quórum requerido, los mismos parlamentarios adelantaron que probablemente la destitución del presidente no se concrete, dando a entender que la acusación es principalmente un llamado a condenar el actuar de las policías y las eventuales violaciones a los derechos humanos.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de octubre contra el aumento de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, medida que fue anulada días más tarde por el presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, las protestas no amainaron e incluyeron otros reclamos sociales más profundos, tomando un cariz mucho más intenso, con decenas de manifestaciones en diversos lugares del país, con marchas y cacerolazos.
Hasta el momento murieron cerca de 30 personas en las protestas, al menos cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha presentado 346 acciones judiciales contra las policías por su actuar durante las protestas, acusando torturas, tratos crueles, homicidios, homicidios frustrados y abusos sexuales.