SANTIAGO – El Directorio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – manifiesta su total repudio al rápido avance en la tramitación de la llamada Ley Anti Saqueos aprobada este 4 de diciembre por la Cámara de Diputados, y al conjunto de la agenda represiva que incorpora el proyecto de Ley anti capuchas, con el que se pretende criminalizar la manifestación social, bajo el pretexto de perseguir acciones de violencia que pudieran ocasionarse en este tipo de expresiones.
La celeridad en la tramitación de un proyecto de esta naturaleza pone en evidencia que lo que se pretende es desviar la atención de la opinión pública de un hecho evidente: la obstinada voluntad de este Gobierno, en no dar soluciones a la interpelación del movimiento social y su demanda por cambios estructurales que exigen terminar con la inequidad social y la hegemonía política del sistema.
Vemos con preocupación que se busca cercenar nuestro accionar sindical y nuestro legítimo derecho a huelga y protesta, penalizando con cárcel paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos; la interrupción del tránsito de personas o vehículos; las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial. Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de “una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos” ya señalados, criminalizando la agrupación y organización social en la lucha por nuestros Derechos.
Estas reformas legales constituyen una verdadera “expansión del derecho penal”, propias de políticas conservadoras y retrógradas, con criterios de “peligrosidad social”, que construyen nuevos tipos penales, aumentando las sanciones respecto de delitos que ya se encuentran contemplados en nuestro Código Penal. Sin embargo las nuevas descripciones legales son arbitrariamente abiertas”, es decir no se trata de delimitaciones de conductas precisas y determinadas, se trata de tipos penales abiertos que permiten castigar conductas de supuesto desorden público con elevadas penas, produciendo una grave distorsión en nuestro ordenamiento jurídico-penal, puesto que estas penas son las mismas contempladas para delitos graves como el abuso sexual o el robo con intimidación.
Condenamos además la actitud de los parlamentarios de oposición que concurren con sus votos a la criminalización del movimiento social, ahondando con ello la crisis de representatividad de la clase política; les hacemos un firme llamado a corregir esta actitud, a legislar para el pueblo y sus trabajadores, sin connivencias con un gobierno que busca eludir las demandas sociales y la clara voz del pueblo.
DIRECTORIO NACIONAL ANEF
*Foto portada: Contexto, archivo ANEF
