SANTIAGO – El Gobierno de Sebastián Piñera puso en duda la validez del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet, y pidió que se corroboren las fuentes de información del organismo para evitar la difusión de noticias falsas.
«El Gobierno de Chile agradece a la Acnudh por la celeridad con la que concretó su visita, (pero) reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia», afirmó el Ejecutivo chileno en un comunicado.
El documento redactado por la administración de Sebastián Piñera, hace un resumen en cinco páginas de lo que ha sido la crisis social en el país, enumerando las acciones que su Gobierno ha implementado para asegurar el respeto por los derechos humanos.
En la última parte de la respuesta, el Ejecutivo se dedicó a hacer «precisiones» al informe, entre las que señaló que de las 26 muertes que documentó la ONU » sólo cuatro podrían atribuirse a agentes del Estado», aunque esa información sí está en el informe.
Sobre los 352 traumas oculares que registró Acnudh, el Gobierno de Chile dijo que «el informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, en que 239 pacientes han sido atendidos en el Hospital de El Salvador», y agregó que lamenta «profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos».
Sobre el caso de los manifestantes muertos a manos de policías y Fuerzas Armadas, la respuesta de Santiago fue que «no corresponde el término ‘ejecuciones extrajudiciales’ en un país donde funciona plenamente el estado de derecho».
Por último, señaló sobre las detenciones consideradas arbitrarias, que «95% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los tribunales de justicia».
El informe fue realizado por un grupo de expertos de la Acnudh llegó el 30 de octubre a Chile y recorrió las regiones de Antofagasta (norte), Coquimbo (norte), Valparaíso (centro), Metropolitana (centro), Maule (centro sur), Biobío (centro sur) y la Araucanía (sur), reuniéndose con autoridades locales, con activistas, ministros, manifestantes, víctimas, policías, autoridades locales y otros actores sociales.
Su principal conclusión fue que durante la crisis en Chile se produjo «un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos».
Chile es escenario de tensión política y social desde las movilizaciones que comenzaron el 14 de octubre contra un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por el presidente Piñera.
