Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso de testaferros es el mecanismo más usado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.
SANTIAGO – El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos que los Tribunales de Justicia chilenos dictaron durante el año 2018, siendo las notarías, los bancos, las automotoras y los conservadores de bienes raíces los sectores más frecuentemente utilizados por los delincuentes para poder blanquear lo obtenido ilegalmente.
Así se desprende del V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile[i] de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que analiza las 107 sentencias definitivas condenatorias que se han dictado entre los años 2007 y 2018, y que involucran a 207 personas condenadas.
El documento, elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, señala que, en 2018, el uso de testaferros y de personas y estructuras jurídicas son los mecanismos más usados para ocultar o disimular recursos generados de manera ilícita.
Respecto de los comisos, en 2018 se decomisaron $1.103 millones, de los cuales $580,5 corresponden a 19 inmuebles y $213,6 millones a 30 vehículos.
CONDENAS 2007-2018
Al analizar el periodo 2007-2018, el 72% de las condenas se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 24,3% a través de juicios orales y el 0,9% con juicios simplificados. El 2,8% restante corresponde al antiguo sistema procesal penal. En tanto, 10 de las 13 condenas dictadas en 2018 se ejecutaron por medio de procedimiento abreviado (20 personas condenadas) y 3 vía juicio oral (8 personas).
Al analizar por tipo de delito base o precedente, se observa que si bien el tráfico de drogas sigue predominando en las sentencias condenatorias (72% del total), han ganado terreno las relacionadas con los delitos de corrupción. Así, de las 107 condenas del periodo 2007-2018, 10 son por cohecho, 7 por fraude al fisco, 4 por malversación de caudales públicos y 3 por negociación incompatible. El resto de las condenas se asocia con la obtención fraudulenta de créditos, estafa, entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, trata de personas y contrabando.
El Informe muestra, además, que, entre 2007 y 2018, los sectores más vulnerados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, seguidas de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio. Cabe destacar que, de todas estas actividades, las automotoras son las únicas que no están reguladas por la Ley N° 19.913 de la UAF; por tanto, legalmente no están obligadas a adoptar sistemas de prevención/detección del lavado de activos.
Al desglosar por regiones, se observa que las 107 sentencias condenatorias se dictaron en 9 regiones del país, siendo la Metropolitana la que concentra el mayor número de sentencias (72), equivalente al 67,3% del total. Le siguen las regiones de Valparaíso (11 sentencias, 10,3%), del Libertador Bernardo O’Higgins (7 sentencias, 6,5%), y del Biobío (5 sentencias, 4,7%). Las 12 sentencias condenatorias restantes fueron dictadas en las regiones de Arica y Parinacota (2), Tarapacá (4), Coquimbo (3), Maule (1) y La Araucanía (2).
La información de las 107 sentencias condenatorias por LA fue sistematizada en 72 casos, para una mejor comprensión del fenómeno y de los mecanismos utilizados para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena.
El análisis de esos 72 casos arrojó un total de 85 señales de alerta, siendo las más frecuentes las que dicen relación con el comportamiento de un cliente y su quehacer comercial; esto es, operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente (señal presente en 55 casos), cliente que en un corto periodo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos (46 casos) y compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes (46 casos), entre otras.
A su vez, en los 72 casos esquematizados se individualizaron 5 tipologías de lavado de activos, siendo el uso de testaferros el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita. De hecho, esta tipología estuvo presente en 59 de los 72 casos analizados (81,9% del total). Más atrás se ubicaron la creación de personas y estructuras jurídicas (presentes en 43 casos, 59,7% del total), el fraccionamiento o ‘pitufeo’ (4 casos, 5,6%), el uso de profesionales legales/financieros (2 casos, 2,8%) y las operaciones asociadas al cambio de divisas de origen ilícito (1 caso, 1,4%).
En los casos en que el delito precedente se relaciona con la corrupción, lidera el uso de personas jurídicas para los esquemas de lavado de activos; mientras que en los de tráfico de drogas, esta tipología se ubica en segundo lugar detrás de los testaferros. En las condenas de 2016-2018, las personas y estructuras jurídicas más frecuentemente utilizadas son las sociedades de responsabilidad limitada, las por acciones (SPA) y las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL).
COMISO DE BIENES Y DINERO
Respecto de los comisos, entre 2007-2018, el informe de la UAF señala que el valor total ascendió a $8.630 millones: $3.732 millones por comiso de 121 bienes inmuebles (43,2% del total decomisado), $2.949 millones por comiso de dinero (34,2%), $1.914 millones por comiso de 256 vehículos (22,2%) y $19,2 millones por comiso de 2 maquinarias industriales (0,2%).
El informe puntualiza que del total de bienes inmuebles decomisados entre 2007 y 2018, la Región Metropolitana concentra el mayor número y monto (57 inmuebles por $1.918 millones). Le siguen las regiones de Valparaíso (25 inmuebles por $730 millones), la de Coquimbo (9 inmuebles por $222 millones) y las del Libertador Bernardo O’Higgins y Biobío (6 inmuebles cada una por $191 millones y $57 millones, respectivamente).
En tanto, las comunas que registraron los mayores montos decomisados son: Lo Barnechea (10,4% del total, equivalente a $388 millones), Las Condes (8,9% y $332 millones), Ñuñoa (7,5% y $281 millones), Viña del Mar (6,4% y $239 millones) y La Florida (5,7% y $213 millones).
Al analizar el comiso de dinero se observa que el 36,7% fue confiscado en efectivo (billetes y monedas), el 33,2%, en dinero bancario (cuentas corrientes, cuentas vistas y depósitos a plazo, entre otros), el 27,7% en moneda convertible, y el 2,4%, en acciones, monedas de oro, derechos y dinero obtenido por remates.
[i] El V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos se encuentra disponible en: