El proceso de militarización de las policías latinoamericanas no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años y se hizo todavía más visible durante 2019, debido en buena parte a las mayores demandas por seguridad de la población a los gobiernos, dijo a la Agencia de Noticias Sputnik el sociólogo uruguayo Emiliano Rojido.
«El uso de los militares no es nuevo, lo que tenemos sí es una diferencia de intensidad con la que este fenómeno se está dando en los últimos años en la región», explicó el especialista, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil).
Para Rojido, hay una serie de factores que explican mayoritariamente la decisión de los Gobiernos de recurrir a fuerzas policiales militarizadas, e incluso a las propias Fuerzas Armadas, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
«Primero el problema de la seguridad y el surgimiento de actores criminales que disputan territorios y el monopolio legítimo de la fuerza del Estado», explicó el especialista, coordinador del Núcleo de Análisis de Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay.
Estos actores son principalmente los grupos de crimen organizado, especialmente en México, y en América Central, las pandillas y maras, destacó Rojido.
«Capaz el caso más emblemático y sonado es el de México, que en los primeros años de la presidencia de Felipe Calderón [2006-2012], comenzó a darle fuerte participación a los militares en tareas de seguridad en aquella cruzada de la guerra contra las drogas. Es un caso paradigmático que se mantiene hasta hoy, porque incluso con la victoria de [Andrés Manuel] López Obrador tenemos el mantenimiento de la Guardia Nacional«, observó el especialista.
En segundo lugar está la «necesidad» de los Gobiernos de dar un «mensaje fuerte» a la ciudadanía de que se están tomando acciones para combatir el delito.
Para el sociólogo, el objetivo es «saciar las demandas punitivas de la población, que sufre el crimen y quiere respuestas inmediatas» y no que «le vengan a hablar de prevención del delito a largo plazo».
Lógica militar
Las recientes protestas en Colombia y en Chile mostraron a las policías militarizadas en su ámbito de acción natural y más frecuente: la represión de la movilización social.
Los Carabineros chilenos, fundados en la década de 1930 para «acciones antidisturbios urbanos» vieron ampliadas sus facultades durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), —que los pasó a la órbita del Ministerio de Defensa—, extendiendo su labor a todo el país y a mantener el orden público en la zona del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, en el centro de la capital.
Desde 2011, la fuerza depende nuevamente del Ministerio de Interior, sin embargo mantienen junto a los militares una serie de beneficios jubilatorios de los que carece el resto de la población.
Además, todos los 19 de septiembre para el desfile militar, las Fuerzas Armadas desfilan junto a Carabineros.
Similar es el caso del Esmad colombiano, creado para la contención de disturbios y los cortes de ruta, así como oficiar de acompañamiento a la Policía tradicional cuando esta pueda verse sobrepasada.
Creado para atender una situación puntual en febrero de 1999, dos meses después el escuadrón fue institucionalizado, y hoy cuenta con casi 4.000 agentes, que operan en todo el país.
Con un equipamiento especial que incluye armas de diverso calibre, granadas de gas, chalecos antibalas, tanquetas y vehículos blindados, estas fuerzas militarizadas se diferencian de la Policía tradicional también en sus fines y cometidos, pero principalmente porque manejan una lógica militar.
«Los militares basan todo su accionar y su operativa en la lógica amigo/enemigo, preparándose para la guerra; es la política de derramar sangre. Y eso no tiene nada que ver con el trabajo policial, que busca servir al ciudadano, preservar su vida, no eliminarla; preservar sus libertades, no eliminarlas o restringirlas (…) hacer cumplir la ley, prevenir el delito, disminuir los riesgos y los daños, ese el trabajo de la Policía», dijo Rojino.
«¿Y lo hace cómo? Dosificando el uso de la fuerza; una Policía que logra un objetivo sin uso de la fuerza es la mejor Policía que nos podamos imaginar», explicó.
América Latina es la región más violenta del mundo, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc, en inglés), publicado en julio de 2019.
La región tiene una tasa de 17,4 homicidios cada 100.000 personas, la más alta desde 1990 —año desde que se tiene registro— y casi tres veces el promedio mundial, que es de 6,1 homicidios cada 100.000 personas.
En 2017, el último año que recoge la Unodc, hubo 173.000 víctimas de homicidios intencionales en América Latina, lo que supone 37% de los asesinatos cometidos en todo el mundo, cuando la población de la región representa 13% de los habitantes del planeta.
