LIMA – La disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, tras una disputa con el Poder Legislativo, y el suicidio del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) antes de ser detenido en medio de investigaciones de corrupción en el caso Lava Jato, hicieron del 2019 un año atípico en Perú.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
Vizcarra puso fin a una larga disputa entre el Ejecutivo y Legislativo, dominado por el opositor Fuerza Popular (derecha, fujimorista), decretando la disolución constitucional del Parlamento el 30 de septiembre, una medida que no se veía desde 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cerró el Congreso apoyado por las Fuerzas Armadas.
El enfrentamiento entre Vizcarra y el Legislativo comenzó después de la renuncia en marzo de 2018 del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en medio de un escándalo político, y se extendió por meses con acusaciones cruzadas y casos de corrupción investigados por la justicia.
El presidente continuó este año impulsando su agenda anticorrupción y presentó al Congreso nuevas medidas para aprobar que llevaron a otro choque y una votación de cuestión de confianza que el Ejecutivo superó.
Pocos meses después Vizcarra volvió a recurrir a ese mecanismo para aprobar un proyecto de ley que cambiase el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pero el Congreso lo rechazó, por lo que el presidente, en un intento por resolver la crisis, buscó adelantar las elecciones generales en un año.
El Parlamento volvió a decir no, entonces Vizcarra cesó a los congresistas y estableció el 26 de enero como fecha para los nuevos comicios legislativos.
El cierre del Congreso selló la crisis más grave del fujimorismo en su historia, que perdió credibilidad a medida que crecían las investigaciones a su cúpula en el caso de corrupción Lava Jato, que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
La disolución de su bancada mayoritaria fue el golpe de gracia para el partido, tras el encarcelamiento en octubre de 2018 de Keiko Fujimori, líder y heredera del expresidente, y pocos meses después, en enero de este año, el regreso a prisión del exmandatario por delitos de lesa humanidad luego de que el indulto concedido por Kuczynski fuese anulado.
Odebrecht
Keiko Fujimori, quien fue liberada en noviembre luego de permanecer 13 meses en prisión preventiva, es investigada por presunto lavado de activos al haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.
Casi la totalidad de la cúpula fujimorista está comprometida en el caso Lava Jato, además de otros delitos vinculados con tráfico de influencias, corrupción, entre otros.
El escándalo en que se ha visto envuelta la constructora brasileña desde hace un par de años se ha cobrado varias víctimas en América del Sur, entre ellas el expresidente Alan García, quien se suicidó en abril cuando la Policía fue a detenerlo a su hogar por presuntos delitos de corrupción vinculados a la compañía.
El equipo fiscal Lava Jato acusó al expresidente de recibir sobornos de Odebrecht bajo la apariencia del pago de unas conferencias que dictó en Brasil, por 1,5 millones de dólares.
García fue acusado también de obtener dádivas de la empresa brasileña por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima, ejecutada durante su segundo mandato.
Su muerte conmocionó a la clase política latinoamericana y varios presidentes expresaron su pesar en las redes sociales pese a la sombra de corrupción que se cernía sobre García.
Los tentáculos de Odebrecht alcanzaron también a Kuczynski, quien fue puesto bajo arresto domiciliario, y al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), arrestado en EEUU tras un pedido de extradición de la justicia peruana.
El exmandatario permanece en una cárcel de California a la espera de una decisión de la justicia estadounidense.
Ambos casos están ligados a investigaciones por presunto lavado de activos y cohecho en el caso Odebrecht.
