COPIAPÓ – Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó un funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros formalizado por apremios ilegítimos a una profesora de Copiapó que participó de una manifestación en junio pasado, que fue golpeada y obligada a desnudarse en la Segunda Comisaría de Copiapó.
La profesora M.C.L. estaba manifestándose junto a estudiantes secundarios, educadoras de párvulo y docentes de distintos establecimientos de Copiapó, cuando fue detenida por tres funcionarios de Carabineros pertenecientes a Fuerzas Especiales, cayendo al suelo y siendo arrastrada por varios metros, mientras recibía golpes de pies en diversas partes de su cuerpo que la dejaron con policontusiones leves.
Luego de ser detenida fue llevada a la Segunda Comisaría de Copiapó donde fue conminada a desnudarse para ser revisada por una funcionaria de Carabineros -aún no formalizada-, con presencia de cámaras de seguridad en el lugar, cuestión que a la docente le causó una sensación de “humillación”.
La Sede Regional del INDH en Atacama presentó una querella por el delito de abusos contra particulares o vejaciones injustas, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, cometido por funcionarios de Carabineros de Chile.
“La situación sufrida por la víctima del caso, configura el tipo penal citado, en atención a los golpes sufridos y las agresiones verbales que le fueran proferidas”, señaló el abogado INDH Patricio Tello. Explicó que el tipo penal de abuso contra particulares se configura cuando el empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas y que la pena aumenta cuando éstas se encuentren bajo el cuidado, custodia o control del empleado público.
Agregó que “dentro de las diligencias investigativas por apremios ilegítimos, una labor fundamental es realizar el protocolo de Estambul, que es un informe médico y psicológico de cómo resultan las víctimas después de este tipo de acciones. De acuerdo al informe que se encuentra en la carpeta investigativa, entendemos que hay una afectación psicológica de la profesora”.
El abogado regional recordó que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que ninguna persona será sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este caso se solicitó fecha para una nueva audiencia donde se presentarán nuevos antecedentes aún en investigación y en los que también habría participado el funcionario, por actuaciones similares cometidas durante las movilizaciones sociales de octubre 2019 en Copiapó.
