SANTIAGO – Flavia Liberona, directora ejecutiva de la organización, formó parte del panel de discusión del seminario “Ley de Costas en Chile: por una gobernanza costera en contexto de cambio climático”, que reunió a distintos profesionales e investigadores del área y que sirve de antesala a la nueva publicación de CIGIDEN y Fundación Terram sobre la legislación de la zona costera.
Amenazas naturales como marejadas, aluviones y trombas, o presiones antrópicas como el crecimiento urbano, la pesca y la actividad industrial, son parte de los factores que durante los últimos años han impactado fuertemente la costa chilena, haciendo evidente la urgencia por reflexionar y avanzar en su protección. Con miras hacia ese objetivo, en dependencias de la Intendencia Regional de Valparaíso, se realizó el seminario “Ley de Costas en Chile: por una gobernanza costera en contexto de cambio climático”, organizado por el Observatorio de la Costa y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).
La actividad estuvo centrada en la posibilidad de redefinir la noción que actualmente se tiene del borde costero y en los principios que debiera regir una nueva política para su protección. Al respecto, Carolina Martínez, investigadora de CIGIDEN y parte del Instituto de Geografía UC, sostuvo que “si logramos que la ley de borde costero incorpore una gobernanza con enfoque de gestión integrada costera, que tenga como foco el desarrollo humano y no sólo el desarrollo económico, podemos generar el cambio que necesita Chile”.
En la misma línea, Rodrigo Cienfuegos, director de CIGIDEN y quien estuvo a cargo de una de las exposiciones, enfatizó el carácter de uso público de la costa. “Se supone que las playas son de todos los chilenos, siendo una zona que debe tener una gobernanza distinta (…) Si protegemos la naturaleza, la naturaleza nos protege a nosotros. Eso es algo que debemos considerar desde una perspectiva crítica”, indicó el académico.
Tras las exposiciones, Fundación Terram participó en un panel de discusión que remarcó los desafíos que existen en materia costera y en qué aspectos debiera considerar una futura legislación. Sobre ello, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la organización, sostuvo que, dada la complejidad de actores que intervienen en la zona, el desafío está en actuar frente a “un gobierno que, en realidad, le importa poco lo que le pase a las personas, lo incorpora poco en las discusiones y que podría querer aprobar una ley sin incorporar nada de lo que hemos discutido”, pues «el proyecto que actualmente se discute no busca resolver los problemas de la zona costera, está pensado en función de quienes tienen o se hacen con derechos para usarla”.
El seminario, que también contó con la participación de Patricio Winckler, investigador de CIGIDEN y académico de la Universidad de Valparaíso, y con la de los senadores Kenneth Pugh, Alfonso de Urresti y Ximena Órdenes, sirve de antesala a la próxima publicación coordinada por CIGIDEN y que tiene dentro de sus autores a Christian Paredes e Ignacio Martínez, abogados de Fundación Terram. El documento lleva por título “¿Por qué Chile necesita una Ley de Costas? Hacia una nueva gobernanza de la costa para el siglo XXI” y reconoce los desafíos que en materia costera hacen necesario un cuerpo legal adecuado, que contemple, por ejemplo, variables de cambio climático.
Sobre la importancia de la publicación, Christian Paredes asegura que “este documento constituye un insumo relevante con miras a avanzar hacia una ley de costas que, reconociendo la naturaleza inherentemente pública de la misma, así como las funciones y servicios ecosistémicos que provee, propenda efectivamente hacia su conservación por sobre el modelo privatista que propone el proyecto de ley”.
Por su parte, Ignacio Martínez enfatiza en que el documento hace evidente la importancia de la participación efectiva y la justicia ambiental como principios fundamentales de cualquier legislación en la materia.
“Además de enumerar una serie de críticas a la propuesta del gobierno, el documento propone ciertas directrices o principios mínimos que debería abordar una futura ley de costas, como son la necesidad de incorporar como eje central la participación de los distintos organismos en la definición del ordenamiento costero como también integrar el concepto de justicia ambiental”, puntualizó el abogado.
