SANTIAGO – La falta de fiscales especializados en derechos humanos o fiscalías preferentes, los reducidos equipos de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la menguada cantidad de personal del Servicio Médico Legal estarían afectando en el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en las causas de violaciones a los DD.HH.
En el marco de una sesión convocada por la comisión de Derechos Humanos del Senado, el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, manifestó la preocupación del Instituto por el lento avance de las investigaciones judiciales por causas vinculadas a violación de derechos humanos a 100 días de iniciada la crisis social.
Rodrigo Bustos afirmó que “antes del 18 de octubre había dificultades por vulneraciones a los derechos humanos cometidas en democracia, con causas que no terminaron con sentencias condenatorias y muchas de ellas con salidas extrajudiciales y no se conocen medidas que estén reforzando el sistema judicial para que puedan enfrentar el desafío de una magnitud de violación a los derechos humanos mucho mayor de la que enfrentaban antes del 18 de octubre. Por lo tanto, el escenario no es auspicioso”.
“Si uno mira la Fiscalía, faltan fiscales especializados en derechos humanos, o fiscalías preferentes en la investigación de este tipo de causas. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que investiga las violaciones a los derechos humanos tiene equipos reducidos y no en todas las regiones del país. El Servicio Médico Legal, que tiene que realizar el Protocolo de Estambul (examen clave para acreditar los hechos de tortura), tampoco tiene equipos en todas las regiones y que estén en condiciones de hacer dicho examen”, aseguró el jefe jurídico del INDH.
Desde el punto de vista de las acciones judiciales, Rodrigo Bustos puntualizó que, por ejemplo, en el caso emblemático de Fabiola Campillay, quien resultó el 26 de noviembre con pérdida total por el disparo de una bomba lacrimógena , aún no hay formalizaciones, lo que refleja el lento avance de las investigaciones judiciales.
“La verdad es que de las 1.095 querellas que el INDH ha presentado, solamente hay 16 causas con formalización, por lo tanto, la justicia está avanzando muy lentamente. La fiscalía nos informó, en reunión con el Fiscal Nacional, que de las 4.300 denuncias que han recibido por violencia institucional, solamente hay alrededor de 30 causas formalizadas”, sostuvo el abogado.
Bustos señaló que se está generando una señal preocupante por los órganos del sistema de justicia, que no contribuye a evitar que exista impunidad, situación que ejemplificó con la decisión de un tribunal que hace pocos días sobreseyó a siete carabineros que fueron sobreseídos en una causa contra 12 funcionarios policiales, imputados por la agresión a un vecino de plaza Ñuñoa que llegó a manifestarse el 21 de octubre, con una sartén y una cuchara y terminó politraumatizado y con pérdida total de la visión en el ojo derecho.
“Hemos tenido resoluciones como la que se conoció sobre la golpiza de 12 carabineros, al menos cinco activas y siete con figuras omisivas en contra de un manifestante y donde de inmediato, muy rápidamente, se sobreseyó a algunos carabineros que habrían tenido una figura omisiva, como si un carabinero pudiera mirar que se golpea a otra persona y no hacer nada y eso no es un delito”, se preguntó Rodrigo Bustos.
El jefe jurídico del INDH señaló que en marzo el INDH tendrá una doble tarea, ya que insistirá en que se desarrollen todas las diligencias judiciales en las causas donde es querellante, e insistir en que no haya impunidad y que se haga justicia para lo cual la Fiscalía y el Poder Judicial tienen un rol clave.
“Acá hemos dado números, pero estas víctimas son personas con nombre y apellidos, personas que han sido mutiladas en su vista como Fabiola Campillay, como Gustavo Gatica, que han recibido lesiones graves, como Geraldine y muchas otras víctimas de mutilaciones o de violencia sexual. Todas esas personas requieren verdad, requieren justicia, requieren reparación y se requieren medidas de no repetición”, exhortó el funcionario del INDH, ante los asistentes a la comisión de Derechos Humanos del Senado.
