SANTIAGO – Chile está atravesando una crisis grave en materia de derechos humanos desde el estallido social de octubre de 2019, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita al país.
“Chile vive grave crisis en derechos humanos”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien acto seguido pidió un minuto de silencio “como un homenaje que debemos hacer hoy a las víctimas, dedicando hoy nuestro informe a las familias de los fallecidos, a los heridos, a los detenidos, a las violadas, a los que han perdido el importante sentido de la vista, y mi reconocimiento a los jóvenes, a los estudiantes que han dado con su voz muestra de que tenemos empoderados nuestros muchachos y muchachas la expectativa de una lucha por la transformaciones de las sociedades”.
Además el organismo internacional alertó que en Chile se han aprobado leyes tendientes a criminalizar al manifestante y a las protestas pacíficas, alertó CIDH. «La CIDH observa con preocupación los paquetes legislativos tendientes a criminalizar la protesta social, desatando múltiples problemas para quienes son víctimas de las vulneraciones», señalaron las autoridades del organismo en conferencia de prensa.
Joel Hernández, relator del CIDH para Chile expresó que “hoy observamos y presentamos recomendaciones preliminares. En los próximos meses presentaremos un informe final”.
Así mismo denunció que “las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza” debido a una “falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas (…) estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Los números hablan por sí solos”.
Al respecto, Hernández aludió los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión debido al disparo de perdigones por parte de Carabineros.
“Respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresas de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad cuando no sean posibles otras medidas. La CIDH condena todo acto de violencia, y recuerda que la protesta es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”, expuso.
En este sentido, expresó que el CIDH “insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los derechos humanos e informar adecuadamente a la ciudadanía”.
“La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia y acepta toda movilización social mientras sea pacífica”, asevera Hernández.
Crisis social
La crisis social en el país se arrastra desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.
Así como el CIDH, otros órganos internacionales y nacionales también establecieron que la policía y la administración de Sebastián Piñera violaron los Derechos Humanos durante el periodo de la crisis, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
