La actual crisis climática ha permitido que ciertas voces, especialmente privadas, insistan en considerar soluciones tecnológicas que resolverían las complejidades de la acción climática y a la vez, nos alejaría de los efectos más agudos del calentamiento global. Estos coros, apuntan especialmente a crear una necesidad que se sustente en la misma crisis climática, otorgándoles un manto de urgencia en su desarrollo. Así, los geo-ingenieros promotores de la geoingeniería, pretender modificar los sistemas naturales globales para dos cosas; manejar la radiación solar y capturar gases de efecto invernadero, no sin antes patentar su invención. Con esto, sería posible de alguna manera contener los efectos, mas no evitar las causas del calentamiento global.
Por Samuel Leiva
Consultor en políticas públicas ambientales – Investigador asociado a Fundación Terram
El experimento propuesto en Chile y Perú por OCEANEOS disfraza su propuesta de geoingeniería marina bajo el manto de una supuesta tecnología que mejoraría las pesquerías de anchoveta, sardina y jurel. Por ende, el experimento de fertilización con hierro propuesto por esta compañía canadiense, tiene dos objetivos: el primero es la captura de CO2 a través de la manipulación de la productividad marina y, en segundo lugar, la mejora de las pesquerías debido al supuesto aumento de biomasa. Así, se matarían dos pájaros de un tiro.
El problema de esta afirmación es que nadie en el mundo ha realmente comprobado que funcione y el conocimiento científico ha desestimado su relevancia tanto en la captura de CO2, como sobre la supuesta mejora de las pesquerías. Y no solo eso, también se estima que los daños que provocaría superan con creces los supuestos beneficios. De hecho, haciendo eco de las recomendaciones científicas y jurídicas del Convenio de Londres (1972) y su Protocolo (1996), el Convenio de Biodiversidad (2008, IX/16/C) decidió que ‘no se lleven a cabo actividades de geoingeniería […] que puedan afectar a la diversidad biológica hasta que no haya una base científica adecuada que justifique dichas actividades y no se hayan considerado de manera apropiada los (ámbitos) socio- ambientales, económicos y culturales relacionados’ y reconoce la falta de datos fidedignos que cubran los aspectos pertinentes a la fertilización con hierro, lo que hace imposible evaluar sus riesgos potenciales.
Desde Chile, la ciencia marina ha rechazado con fuerza cualquier desarrollo de experimentos de fertilización con hierro. Para el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile), esta tecnología no debería desarrollarse en Chile, porque no hay datos que justifiquen el riesgo de su desarrollo, incluso en una fase experimental. IMO-Chile, junto a otros seis institutos de ciencias del mar, rechazaron en 2017 el desarrollo del experimento de OCEANOS. Dentro de las razones más importantes entregadas por los científicos nacionales están: los posibles beneficios no se sustentan en evidencia científica, no existe una metodología probada que permita saber si el hierro adicionado contribuye a la mayor productividad de las pesquerías, el riesgo socio-ambiental es altamente impredecible, su fin comercial está prohibido por el Convenio de Biodiversidad, el experimento viola la legislación internacional y no hay un proceso formal para evaluar los reales alcances del experimento.
Por otro lado, el experimento propuesto por OCEANEOS somete a Chile a problemas geopolíticos al estar ligado el experimento a la pesquería del jurel, la que se encuentra regulada por un cuerpo internacional y cualquier manipulación de dicha pesquería debería ser justificado ante la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur. Esto debido a que el actual marco normativo chileno no está preparado para exigir una evaluación ex ante de los posibles riesgos. De hecho, no existe ningún tipo de referencia sobre geoingeniería o fertilización con hierro en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. OCEANEOS presentó una solicitud de pertinencia en el año 2015, en la cual la Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo señaló que no era necesario ingresar su experimento a dicho sistema, basándose en la información entregada por el proponente.
Pero entonces, ¿quién se hace responsable de evaluar los efectos inesperados y poco conocidos de un experimento que pretende no solo exponer los ecosistemas marinos nacionales, sino que manipular el crecimiento de la pesquería más importante de Chile y Perú? El único marco normativo que tiene relación con el experimento es el Decreto 711, promulgado por la dictadura cívico-militar, el cual no hace una evaluación ambiental de los riesgos, sino que sencillamente establece el trámite formal para obtener la autorización de zarpe, solicitando datos de quién lo hace, en qué nave, entre otros, pero en ningún caso una evaluación ambiental.
Lo paradójico de esta situación, es que desde el 2015 diversas autoridades nacionales han conocido del experimento promocionado por OCÉANOS y ninguno de ellos ha empujado la creación de un marco normativo para hacer frente a sus riesgos. La empresa se reunió con el director zonal de pesca de las regiones de Atacama y Coquimbo Javier Rivera, el ex ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, la dirección del Servicio Nacional de Pesca José Burgos, el ex ministro de Economía Luis Céspedes y la Intendencia de Coquimbo Claudio Ibáñez. Lamentablemente, nadie les avisó a las autoridades mencionadas que este tipo de experimentos se encuentran prohibidos de facto por el Convenio de Biodiversidad y que el Convenio de Londres hizo una enmienda específicamente para que los países partes, incluido Chile, adoptaran el marco de evaluación ad hoc para este tipo de geoingeniería marina, la cual duerme el sueño de los justos en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual no ha enviado desde 2013 el documento para ser ratificado por el Congreso Nacional.
Esta desidia no parece coherente con la imagen que el gobierno de Chile ha tratado de crear como un actor activo en la conservación de los ecosistemas marinos, especialmente después de haber hecho lo propio en la COP25, la cual incluso llamó COP Azul, donde incluyó a los servicios que presta el océano en la lucha contra el calentamiento global, pero, a la vez, dejó abierta la amenaza de la geoingeniería marina en sus propias aguas sin ninguna razón aparente. Es por esta razón que desde Fundación Terram hemos estado haciendo un llamado al Gobierno para que no siga perdiendo el tiempo y envíe el texto ratificatorio de la enmienda al Convenio de Londres y que empuje su ratificación en el Congreso, para así evitar que cualquier experimento de fertilización con hierro ponga en peligro las pesquerías y los ecosistemas marinos nacionales.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
