BUENOS AIRES (Sputnik) — La fiscal argentina de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, señaló a la familia del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por vaciar durante 15 años la empresa de servicios postales Correo Argentino, hoy en proceso de salvataje.
«Nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto» en la Ley de Concursos, señaló en su dictamen.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que, hasta que concluya el procedimiento de salvataje, se designe por sorteo un interventor judicial y se desplace al órgano de administración de la empresa ante un «uso abusivo del procedimiento concursal».
Al responder a la decisión por la que se dispuso el salvataje de la empresa hace casi dos meses, Boquín puntualizó que la compañía «se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores».
En el texto presentado, la fiscal advirtió que se incrementó el pasivo concursal y que podrían producirse otros actos que dañen aún más la situación patrimonial de la concursada.
La fiscal remitió su dictamen a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, donde se instruye una causa penal sobre el caso a cargo del juez Ariel Lijo.
En febrero de 2017, Boquín emitió un primer dictamen en el que pidió rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70.000 millones de pesos al 2033 (1.093 millones de dólares al cambio actual).
Ese acuerdo suponía «una quita velada de 98,82%» de la deuda, lo que equivalía «a una condonación», argumentó la fiscal en su dictamen, que era parte del proceso de homologación del convenio.
A través de Sociedades Macri, la familia del expresidente administró Correo Argentino entre 1997 y 2003.
La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2001 por una deuda de 296 millones de pesos (misma cantidad en dólares), y dos años después, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato y reestatizó la compañía.
El pasado 18 de diciembre, la Cámara Comercial ordenó avanzar con el salvataje de la empresa como última instancia al reconocer como vencido el plazo de la compañía concursada para hacerle una propuesta de pago a sus acreedores, de los cuales el Estado es el principal.
En paralelo, una causa penal mantiene como imputados a varios funcionarios del anterior Gobierno, entre ellos quien fuera ministro de Comunicaciones durante la anterior gestión, Oscar Aguad.
