COYHAIQUE – Recurso de protección presentado por el INDH en la Región de Aysén detuvo la expulsión de dos venezolanos, quienes ingresaron de manera ilegal a Chile tras ser engañados en Perú.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique otorgó orden de no innovar frente a un recurso de amparo presentado por la Sede regional del INDH en la Región de Aysén y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos, quienes ingresaron al país de manera irregular, tras ser engañados en Perú con una falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
Según el relato de las víctimas, policías peruanos -previo pago de 15 dólares cada uno- les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
Ya en nuestro país estos ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y han elevado solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
Pese a estas gestiones la intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH en la Región de Aysén (zona donde residen estos migrantes), presentó un recurso de amparo en su favor, asegurando en el recurso que la decisión de la intendencia “está revestida de características de arbitrariedad e ilegalidad, desde que se vulnera el principio de inocencia y, en general, el debido proceso, al disponer una sanción administrativa sin el antecedente que la propia norma hace exigible, esto es la sanción penal y, por ende, la constatación judicial del ingreso clandestino”.
“En este contexto cobra relevancia que los amparados hayan sido víctimas de una red de tráfico de migrantes, lo que podría haber motivado aún más su llegada a Chile en busca de protección, tomando en consideración las vulneraciones de las que fueron objeto”, argumenta el recurso presentado por el INDH.
Los amparados residían en Venezuela, encontrándose en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al actual régimen de gobierno se su país, razón por la cual, entre otras afectaciones, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en Petróleo y de paramédica y farmacéutica.
