SANTIAGO – El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, hizo un llamado a las distintas autoridades políticas y sociales para contribuir al dialogo como solución a la crisis social que se vive en la actualidad en el país.
Silva Gundelach abordó diversos temas de interés y contingencia nacional en el discurso de inauguración del año judicial 2020, actividad a la que asistió el Presidente de la República, Sebastián Piñera; el presidente del Senado, Jaime Quintana; el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores; el Contralor General de La República, Jorge Bermúdez; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Defensor Nacional, Andrés Mahnke y el ministro de Justicia y Derechos Humanos (s) Sebastián Valenzuela, entre otras autoridades.
El presidente del máximo tribunal relevó la labor de los jueces tras el 18 de octubre: «Destaco la labor de nuestros jueces en los días complejos de esta etapa, quienes conscientes de su rol supieron enfrentar momentos en que adquiere especial importancia la cautela de derechos».
Asimismo aseguró: «Además del rol propiamente jurisdiccional, creo imprescindible hacer un llamado a los actores políticos y sociales a hacer un esfuerzo por escucharse recíprocamente, partir por aquello en que existe acuerdo, pensar en lo que puede ser objeto de consenso y ceder posiciones donde sea necesario conforme a los intereses superiores del país y de la comunidad, a fin de ir allanando el camino hacia decisiones colaborativas, co construidas y de las que todos se sientan parte».
En su análisis, determinó que los poderes del Estado deben identificar los contextos sociales y que le preocupa la violencia entre manifestantes y policías: «Las movilizaciones sociales han puesto de manifiesto un descontento profundo que desde hace tiempo se venía gestando en nuestro país y que nos debe hacer pensar sobre nuestra capacidad de apreciar los contextos y advertir el sentir social, tarea que, si bien está en manos de especialistas y su solución es resorte de los órganos políticos, considero que es labor de todos los poderes del Estado identificar».
«Sentimos un profundo pesar por la situación que vive nuestro país y, en especial, por la privación de la vida y la integridad física y psíquica que han sufrido chilenas y chilenos tras el denominado estallido social. Asimismo, nos causa preocupación la alta tensión existente entre quienes participan de las manifestaciones sociales y los agentes del Estado a cargo de la seguridad de la población», resaltó.
Agregó el presidente que «nos preocupa el estado de tensión que se vive en la actualidad, que revela una división que la democracia invita a superar. Estamos en una situación especialmente delicada, con énfasis muy marcados que, en ocasiones, hacen difícil visualizar consensos o soluciones alcanzables al corto plazo. En tal escenario, el Poder Judicial cumple la trascendental tarea de juzgar y, en su caso, responsabilizar civil y penalmente a quienes han trasgredido las normas de convivencia básicas de nuestro estado de Derecho, así como los Derechos Humanos de las personas».
Proceso constituyente
Asimismo, el presidente del máximo tribunal se refirió al proceso constituyente y aseguró que el Poder Judicial se encuentra analizando los cambios que podrían producirse en una eventual nueva Carta Fundamental.
«Es cierto que esa discusión política se debe dar en la instancia que corresponde, radicada en quienes son elegidos por la ciudadanía para tal objetivo. Pero ello no obsta, en modo alguno, a que cada ente involucrado ponga a disposición su experticia en la discusión del proceso constituyente. Por el contrario, la responsabilidad insta a quienes hoy dirigen los órganos objeto de una posible reforma en la Carta Fundamental a definir líneas para opinar, en los espacios pertinentes, sobre cómo aprecian y proyectan las posibles alteraciones propuestas, con una visión de Estado, no mezquina, lejana a los intereses particulares de sus integrantes, debiendo concentrarse en el mejor devenir para el país».
Dado esto, nos encontramos analizando el actual régimen constitucional del Poder Judicial y los posibles cambios que podrían experimentarse en relación a nuestra institución en dicho instrumento normativo. Aunque la tarea no es sencilla, el esfuerzo vale la pena, pues permitirá contribuir en la discusión que se daría en el seno del proceso constituyente para la adopción de decisiones informadas, que dictarán el porvenir de nuestra República en las próximas décadas», aseguró.
El ministro insistió que se debe respetar la independencia del Poder Judicial: «Nacemos como contribuyentes a ese principio de independencia, por lo que nos debemos a su cumplimiento en cada acción que realizamos a lo largo de todo nuestro actuar y, al mismo tiempo dicho principio resguarda la función del juez, en una suerte de relación virtuosa que es garantía para las personas y para el Estado de Derecho.
Es por ello que todo cambio regulatorio del estatuto judicial debe ser mirado bajo el prisma del resguardo de este principio, lo que nos impone el deber de estar atentos a cualquier alteración del mismo que afecte o ponga en riesgo los elementos que alimentan la independencia», opinó el ministro Silva Gundelach.
Labor de la Corte Suprema
El presidente la Corte Suprema destacó, además, la labor jurisdiccional de la distintas salas del máximo tribunal.
Respecto de la Primera Sala destacó: «Una revisión de sus sentencias del año pasado permite destacar decisiones relevantes que, desde un punto de vista jurídico, examinan, entre otros tópicos: el rol de la buena fe con ocasión del ejercicio de una cláusula de terminación anticipada de contrato; la interrupción de la prescripción de la acción civil por responsabilidad extracontractual; la extensión y alcances que tienen los bienes que ingresan a la sociedad conyugal y los deberes de información que engendra el mandato al mandatario en razón de la buena fe, cuya inobservancia puede dar lugar a considerar su conducta omisiva como dolosa».
En tanto de la Segunda Sala resaltó: «El conocimiento de numerosos recursos de amparo deducidos por condenados que cumplen penas de encierro, relativos a libertad condicional, sanciones disciplinarias, malos tratos y traslados de cárcel, entre otros.
El volumen de estos asuntos no hace más que evidenciar, reforzando lo ya expresado por la Corte Suprema, la necesidad de crear jueces de ejecución penal, como tribunales autónomos e independientes de los tribunales de juicio y sentencia y de la administración penitenciaria».
En las sentencias de la Tercera Sala consideró relevantes las causas relacionadas «con la protección de la vida a través de la provisión de los medicamentos y tratamientos de alto costo. Al mismo tiempo, la sala ha asentado su jurisprudencia en cuanto a la razonabilidad y fundamentación que deben acompañar las decisiones de las isapres en relación a los contratos de salud con sus afiliados, reforzando la proscripción de la arbitrariedad en una materia sensible para gran parte de la población.
También quiero mencionar que se han cristalizado criterios jurisprudenciales en relación al control judicial sobre los actos de la Administración, por ejemplo, en atención sanitaria, o bien mediante la aplicación sostenida del principio de confianza legítima. Igualmente, esta regularidad en la respuesta jurisdiccional también se ha plasmado en las exigencias que deben cumplir las sanciones impuestas en materia de educación a los estudiantes, como también en la protección sobre el medio ambiente, especialmente en la fauna, los humedales o las dunas, o en relación a los programas de cumplimiento ambiental, insertos dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios».
En las materias más relevantes de la Cuarta Sala el presidente de la Corte Suprema tuvo especial consideración con «materias abordan tanto la esfera más íntima del ser humano, como son los asuntos de familia, cuya complejidad en muchos casos implica necesariamente emitir pronunciamientos acerca de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país. De igual forma ocurre en el conocimiento de asuntos laborales, pues en éstos dichas sentencias conllevarán inevitablemente consecuencias no solo al individuo involucrado, sino que también a su núcleo familiar y a toda la sociedad.
Bajo esta misma línea, de relevancia colectiva, se destraban los asuntos mineros sometidos a conocimiento de esta sala. Y de manera adicional, revelando cabalmente su carácter de sala mixta, se ocupa de asuntos civiles ventilados en juicios sumarios y especiales, tales como, juicios de arrendamiento, querellas posesorias u oposiciones a regularizaciones de la pequeña propiedad raíz».
En otro acápite del discurso, el presidente de la Corte Suprema se refirió a la decisión del Pleno del máximo tribunal respecto de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso denominado «Norín Catrimán y otros versus Chile».
«Este fallo mayoritario, es de suma importancia pues, aun teniendo en cuenta la ´ausencia de un mecanismo interno que prevea específicamente la fórmula procesal indispensable para ejecutar lo resuelto´ por la Corte Interamericana, considera que tal circunstancia ´no inhibe ni excusa´ a la Corte Suprema de ´resolver lo pertinente, ya que la mantención del status de incumplimiento que ha sido constatado por la resolución que se ha dictado en la fase de supervisión podría generar nuevas responsabilidades para el Estado de Chile, al tratarse de conductas lesivas de garantías fundamentales y que han sido verificadas por el tribunal internacional competente´», dijo.
El presidente también se refirió a la situación que afectó a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua e insistió en las medidas de sanción adoptadas y las nuevas políticas de transparencia dictadas a partir de esa situación.
«Frente a ello, nuestra institución reaccionó, no sólo por medio de los mecanismos disciplinarios disponibles, sino también a través de la generación de medidas preventivas que aumentan los grados de transparencia y probidad, tendientes a evitar los casos de corrupción», dijo el ministro.
Entre las medidas adoptadas citó la obligación de llevar una agenda pública para los funcionarios que ejercen cargos de alta investidura o responsabilidad en la organización, entre ellos, presidentes, ministros, fiscales y secretarios de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, los jueces y administradores de tribunales; la ampliación de los documentos que deben publicarse; la aprobación de un protocolo de transparencia y las instrucciones para una adecuada implementación de la plataforma de transparencia.
El presidente Silva reseñó también avances en materias de género y no discriminación, comunicaciones, lenguaje claro, innovación, tecnología y tramitación electrónica.
