SANTIAGO (Declaración Pública) – Día tras día vemos como a través de los comunicados de gobierno se denota un incremento de los casos de muerte y de contagio por el COVID – 19, sin que se conozca un plan integral para enfrentar la pandemia y sin medidas drásticas y claras, como lo están recomendando organismos internacionales y se desprende claramente de la experiencia internacional.
Existe un alto grado de desesperanza, de desconcierto e incertidumbre frente a las medidas. Han sido las organizaciones sociales, sindicales y gremiales, de la Mesa Social, de la CUT, las alcaldías y el pueblo en general las que en los hechos se adelantaron a exigir se tomaran medidas, que el gobierno ha implementado sólo parcialmente, sin tomar la medida de fondo que la inmensa mayoría reclama: La cuarentena nacional.
La pregunta es, ¿si se sabe que la cuarentena, por experiencia de otros países, es hoy el recurso más efectivo para aplanar la curva del contagio y evitar así la saturación de los hospitales y consultorios y preservar mejor la vida de las personas, por qué no se aplica en Chile? Las explicaciones del Ministro de salud han sido vagas y bastante insostenibles, a no ser que se avale la tesis de que es mejor que se propague la infección para obtener la inmunidad.
NO SE ASUMEN POLÍTICAS DE ESTADO Y SE MENOSPRECIA EL VALOR DEL TRABAJO ESENCIAL PARA LA VIDA
Es evidente también, por la experiencia internacional, que la participación directa y efectiva del Estado, con programas de contingencia integrales, es un factor de primera importancia. Esto ocurre en países socialistas, pero también en países capitalistas desarrollados. El gobierno chileno, acorde a su conducta, pretende encausar soluciones a la crisis en los marcos del sistema neoliberal, con la menor participación estatal posible y, para qué decir, de la sociedad civil organizada.
El sistema neoliberal privilegia los intereses de una minoría, de muy pocos, que controlan el 75% de la economía del país, de los más ricos. Es el mismo neoliberalismo que desmanteló la salud estatal, al igual que la educación, y los principales servicios de utilidad pública. El mismo sistema que atenta día a día contra los derechos de los trabajadores.
Esto es lo que explica que la crisis la están soportando principalmente los trabajadores y trabajadoras, a los que un dictamen deplorable de la Dirección del Trabajo autoriza despedir y rebajar los sueldos, a cambio de paliativos mínimos y usando, en el caso del seguro de cesantía, los propios fondos de trabajadores y trabajadoras, lo que es una injusticia y un atentado a la integridad personal y familiar de quienes viven de un sueldo o salario.
La pequeña y mediana empresa que es la que ofrece mayor cantidad de puestos de trabajo, está en vías de sufrir un descalabro total y por ende quienes laboran en ella, el peligro de ser despedidos. Las medidas de apoyo del gobierno son mezquinas y superfluas, se necesita de una intervención estatal real. Se necesita de una Mesa de Trabajo, entre estos empresarios, el gobierno y los trabajadores con la finalidad de proteger el empleo en este sector.
Queda claro que el agobio va más allá del 40% más vulnerable y por tanto la necesidad de inyectar recursos y subsidios a más familias, a más sectores de trabajadores y también a la pequeña y mediana empresa.
El gobierno de Piñera no adopta todas las medidas urgentes y necesarias para enfrentar la crisis sanitaria; ni las medidas urgentes y necesarias para enfrentar las consecuencias de la crisis socio-económica, que afectará a la mayoría de la población, en especial y duramente a los más vulnerables.
No estamos con esto desdeñando las medidas que se han tomado, lo que decimos es que son muy insuficientes y algunas sin sopesar adecuadamente las consecuencias, tanto las dirigidas a prevenir el contagio, como aquellas que debieran privilegiar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
A medidas mal dimensionadas, que han resultado en peligrosas aglomeraciones, en estaciones de metro, supermercados, farmacias y consultorios, se suman, por la negativa del Ejecutivo a pronunciarse durante la discusión del proyecto de ley que posterga pago de patentes de vehículos, las aglomeraciones en los municipios, ley aprobada finalmente sin que el gobierno se abra a conferir aportes o créditos a las municipalidades que verán mermados sus ingresos, por el no cobro de multas e intereses, en especial las de menores ingresos, poniendo también en peligro la permanencia de trabajadores a honorario.
Alguna medida similar debe tomar el Estado Central con las universidades públicas ante la postergación del pago de aranceles.
Lo que aparece como más preocupante, es que una vez más se está poniendo en cuestión el valor del trabajo y su significado esencial para la vida y desarrollo de la inmensa mayoría de las personas, las familias y del país.
DEBEMOS VENCER EL TEMOR QUE DE NUEVO LLEGA A NUESTRAS VIDAS
Hoy en Chile ha recrudecido el temor, el temor a perder la vida o la integridad física, por el contagio del coronavirus y el temor atenazante de perder el trabajo. Temor que es usado como un arma para amedrentar y sacar ventajas como lo hacen empresarios inescrupulosos que ofrecen entre rebajar el sueldo o el despido.
La Superintendencia de Seguridad Social no es clara en cuanto a determinar como enfermedad profesional el contagio de coronavirus y ello impide que los trabajadores puedan acudir a las mutuales y tener la atención que se merecen como un derecho. Lo mismo ocurre con las licencias médicas, que no se otorgan si no se comprueba la trazabilidad del contagio. Pero además están los trabajadores a honorarios y por cuenta propia que quedan fuera de todo beneficio laboral o de salud, incluyendo el seguro de cesantía.
Están los sectores de trabajadores que por atender labores esenciales para la salud o la alimentación deben mantenerse en su trabajo, especialmente los de hospitales y consultorios, en los que la situación se hace muy compleja por la falta de insumos y protección, parte importante del sector público, las manipuladoras de alimentos, los recolectores de basura, los de supermercados, los del transporte, las farmacias, los de las ferias libres y otros que no están dotados de suficientes insumos y medidas de seguridad.
Numerosas y distintas manifestaciones de protesta y demandas en sectores productivos y de servicios, a pesar del temor, muestran el camino.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y CUIDADO DE ADULTOS MAYORES
Preocupa la situación en las cárceles, también en las casas de acogida de adultos y adultas mayores, donde ya se han detectado contagios. La situación de las adultas y adultos mayores puede tornarse dramática, como ya está ocurriendo en otros países, que por la saturación de los servicios de salud, están siendo dejados de lado en los cuidados intensivos.
Los presos políticos en detención preventiva, tras el estallido social, están recibiendo un castigo injusto, hacinados en las cárceles y los menores en el SENAME, con un alto peligro de contagio. La presión del gobierno al poder judicial para mantenerlos en las cárceles obedece a una vendetta política más que a razones de justicia. Al menos se debe cambiar la detención preventiva en la cárcel, por detención domiciliaria.
SE NECESITA MEDIDAS ECONÓMICAS MAS AGRESIVAS
Son múltiples los problemas que empiezan a agobiar a las familias, entre ellos el desmedido aumento de precios de productos de primera necesidad y de servicios, junto a la ola de despidos y la baja de sueldos. La caída estrepitosa de los fondos previsionales acumulados en las AFP amenaza con mermar, aún más, las ya paupérrimas pensiones.
El gobierno se niega a usar facultades extraordinarias que le permite fijar precios de artículos indispensables, lo que hoy es un clamor y en especial ante el anuncio de alzas en las prestaciones de las ISAPRES. Mañalich o se equivoca o miente al decir que no existe esa facultad. El gobierno debe aclarar este punto.
Por otra parte las grandes empresas, bancos y consorcios que obtuvieron altísimas utilidades el año 2019, están haciendo aportes mínimos, que no se condice con las enormes riquezas que han obtenido del país. Deben ser los primeros y mayores contribuyentes junto al Estado.
Diversos organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas plantean que estamos a las puertas de un período de recesión muy profunda. Hay gobiernos que ya se plantean pasar a “economías de guerra”. Se vaticinan cambios estructurales de fondo, de la necesidad inmediata de un “gasto fiscal agresivo con una inversión pública significativa”. De la necesidad de inyectar mayor liquidez a la actividad económica.
LLAMADO A LA OPOSICIÓN Y A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES
En Chile se necesita de manera urgente adoptar esta política. El actual gobierno de Piñera no tiene esa mirada. Persiste en imponer su agenda propia sin escuchar ni al parlamento ni a la opinión pública.
Por todas estas razones, hacemos un llamado a la oposición y a las organizaciones sindicales y sociales a exigir de conjunto se tomen medidas más de fondo contra el COVID -19 y asumir un compromiso ante los centenares de miles de familias sobre cuyos hogares se cierne el estrés del encierro, el agobio, la frustración, con niñas y niños esforzándose por seguir sus estudios, en muchos casos en medio del hacinamiento de viviendas estrechas, con la posibilidad incluso del surgimiento de violencia intrafamiliar, que necesitan vislumbrar un nuevo horizonte para nuestro país, una voz de unidad esperanzadora, para la reconstrucción de la economía y la normalización de la vida, despojándola del neoliberalismo, fortaleciendo la democracia con nueva Constitución y nuevo proyecto de desarrollo.
