La crisis sanitaria generada por el COVID-19 repercute en la economía y agrava la situación de los más postergados. En nuestro país, el plan económico de emergencia impulsado desde el gobierno es insuficiente y en los sectores populares crece la incertidumbre ante despidos, baja de salarios y los problemas no resueltos en salud. En tanto la política de castigo a quienes manifestaron sus descontentos con el orden político-económico durante el estallido social mantiene a miles de jóvenes encarcelados, pese a los riesgos de contagio.
Por *CODEPU
ONG Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
En estos días diversas instancias internacionales señalan que asistimos al inicio de nueva recesión económica mundial, tanto o más grave que la vivida hace diez años. Crisis económica que se viene incubando desde hace un tiempo y que se acelera por la expansión del contagio del coronavirus y las excepcionales medidas adoptadas para su control.
El costo de la recesión en curso no puede caer en los más pobres, en los trabajadores ni en los sectores sociales que ya venían cuestionando el injusto orden social en su versión neoliberal.
En lo inmediato nos alarma que los sectores populares vivan en la angustia e incertidumbre pues no saben cómo van a subsistir. Nos alarma que los apoyos fiscales anunciados por el gobierno vayan principalmente a la gran empresa, pues se privilegia proteger las utilidades empresariales y que en aquellas empresas que deban suspender temporal sus actividades se pretenda sostener el pago de salarios con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador en el seguro de cesantía. Nos alarma que, en lo relativo a las pensiones, los fondos individuales hayan sufrido enormes pérdidas en los últimos días y pese al tiempo transcurrido y el enorme cuestionamiento al sistema de capitalización individual no haya cambios estructurales y se construya un verdadero sistema de seguridad social. Nos alarma el dictamen de la Dirección del Trabajo que exonera de responsabilidad a las empresas en caso de despido y no se señale la exigencia que el Estado debe asumir su responsabilidad social y, en especial, las grandes corporaciones y empresas que más utilidades han obtenido en los últimos años contribuyendo así a resolver las graves consecuencias sociales de un orden injusto y su crisis actual. Nos alarma que muchas de las medidas adoptadas, tengan como fundamento la economía por sobre las personas lo que deja, una vez más, al descubierto al sistema de «esclavitud moderna» en la que vivimos, que no protege, sino que permite que los trabajadores humildes arriesguen sus vidas por no perder su empleo.
Por eso insistimos, el gobierno y el estado debe actuar con prontitud y considerar al conjunto de la población en sus medidas de protección y urgencia. La lucha contra el COVID-19 no puede utilizarse para objetivos políticos y económicos que pretendan neutralizar el descontento social y beneficiar a sectores minoritarios y privilegiados económicamente. El estado excepcional de catástrofe y las medidas adoptadas en virtud de él deben ser razonables, temporales y proporcionales dado que, la emergencia sanitaria no puede ser una excusa para la acción represiva y el castigo de personas o grupos y movimientos sociales
Por ello nos alarma que obstinadamente se insista en, tanto Estado, con la prisión preventiva de tantos jóvenes. Es urgente que por razones humanitarias se revise si necesario e imprescindible mantener a los imputados en recintos hacinados, sin atención médica suficiente y pésimas condiciones higiénicas, de abrigo y alimentación. En nuestra opinión, el cambio de la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa es posible, necesaria y urgente.
El Ejecutivo y las autoridades del Estado tienen el deber de solucionar la situación que afecta al conjunto de la población y en particular a los sectores sociales más postergados. La lucha contra el COVID-19 no significa que se socaven garantías sociales y económica, por muy débiles que sean, por medio de medidas antisociales, en particular en lo que respecta a temas laborales y salariales. Fortalecer el sistema de salud público e impulsar las medidas que permitan la subsistencia digna de los pueblos que habitan nuestro país, son tareas urgentes. So pena, de que las condiciones de pobreza y marginación se acrecienten y que la indignación social y popular se haga manifiesta, como ya está ocurriendo en otras partes del mundo.
son tiempos en que la justicia social es urgente, en que se impone hacer un giro transformador y estructural del modelo económico y social. No olvidemos que las raíces del descontento -que se expresó tan masivamente a partir del 18 de octubre- se encuentran en el orden social y económico injusto y vigente por décadas en nuestro país.
Estos son tiempos en que la responsabilidad de todas y todos es crucial para evitar expandir el COVID-19. Cada cual debe asumir ante sí y el conjunto un rol solidario. La solidaridad entre el pueblo y los pueblos es la premisa que nos debe guiar.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
*La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- es una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980. Desde hace 30 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad.
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