Incapaces de satisfacer las necesidades sanitarias de sus compatriotas, algunos líderes de la Unión Europea encuentran tiempo para criticar las medidas aplicadas por sus vecinos. Hungría vuelve a ser la oveja negra señalada.
Por *Luis Rivas
El Parlamento de Budapest votó el 30 de marzo, por 137 voces a favor y 57 en contra, otorgar plenos poderes al gobierno de Viktor Orban en la lucha contra el COVID-19. La adhesión de los legisladores húngaros a la propuesta de su primer ministro estaba garantizada, pues el líder del partido Fidesz cuenta con una mayoría de dos tercios en la cámara como consecuencia de su aplastante victoria en las urnas, nunca bien digerida por sus enemigos políticos en la UE, que son muchos.
La presidenta de la UE, la alemana Ursula Von der Leyen, fue la primera en criticar la decisión soberana de los diputados húngaros. Según ella, las medidas que los gobiernos europeos deben tomar en la lucha contra el coronavirus deben ser «limitadas a lo necesario y proporcionado». Los tecnócratas de la UE quizá sean especialistas en medir la talla de las hortalizas, pero ante una hecatombe como la que atraviesa el mundo, medir «lo necesario y proporcionado» para combatir el COVID-19 quizá sea una tarea algo más complicada.
Orban, como cualquier político, quiere tener las manos libres para combatir el virus asesino. El voto en su Parlamento le permitirá tomar decisiones por decreto por un tiempo indeterminado. Ese es el punto que centra los ataques de las autoridades de Bruselas, que no nombraban a Hungría en su primer comunicado de advertencia. Dos días más tarde, 14 países de la UE se unían al coro anti-Orban.
Europa central resiste
En esa lista no figuraba ninguna de las naciones que integran con Hungría el llamado Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia), tampoco Croacia, que ostenta la presidencia semestral de ‘los 27’, ni Eslovenia, Rumanía o Bulgaria. Un simple vistazo al mapa europeo sirve para poner de nuevo de manifiesto la división entre la Europa habituada a dar lecciones de ética y derechos humanos, y los países centroeuropeos, que por su historia pasada y reciente intentan mantener políticas que no siempre coinciden con unos vecinos que les consideran «del Este», en una calificación que va más allá de lo geográfico y tiene un tufo peyorativo.
Orban utiliza su mayoría en el Parlamento como otros colegas de la UE soñarían, si disfrutaran del éxito electoral del húngaro. Pero si echamos un vistazo a las medidas que otros países europeos están aplicando en su territorio, comprobamos que la tentación de contar con la magia de los «plenos poderes» es otro virus que existe incluso antes de la pandemia actual.
Francia sabe cómo evitar la oposición
Francia, campeona mundial de lecciones de moral y ética, conoce muy bien la fórmula para gobernar por decreto, saltándose la discusión parlamentaria con la oposición política. El socialista Francois Hollande, harto de protestas en la calle y en la propia Asamblea Nacional, aplicó el artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite al ejecutivo saltarse el debate democrático con los representantes del pueblo. En 2015 lo implementó para aplicar la Ley Laboral que disminuía los derechos de los trabajadores.
El presidente Emmanuel Macron, quizá el enemigo número uno de Viktor Orban en la UE, ha recurrido al botón nuclear del 49.3 para hacer aprobar su reforma del sistema de pensiones y evitar así la opinión y la resistencia de la oposición, incluso de algunos de los parlamentarios de su grupo.
España, sin debate parlamentario
La batalla contra el COVID-19 tiene también sus características especiales en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una coalición con Unidas Podemos, prefiere evitar la discusión en el Congreso de los Diputados para renovar el estado de emergencia provocado por la epidemia. La cámara permanece cerrada ante las protestas de la oposición.
No solo la oposición está en contra de las medidas adoptadas por Sánchez. Los partidos independentistas, de los que depende para gobernar, rechazan decisiones unilaterales sin discusión previa, como la de apropiarse de los fondos que cada región autónoma cuenta para la formación profesional de los parados.
Orban, Macron, Sánchez o cualquiera de sus homólogos europeos utilizan las herramientas políticas que la ley permite… o no. En nombre de la emergencia y de la urgencia sanitaria, con la obligación de salvar vidas, se justifican acciones que no solo son juzgadas en el momento, sino que están pensadas también para resguardar o evitar la merma de sus aspiraciones y ambiciones electorales pos-COVID-19.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
*Luis Rivas: Periodista. Columnista de Sputnik. Excorresponsal de TVE en Moscú y Budapest. Dirigió los servicios informativos del canal de TV europeo EuroNews. Vive en Francia desde hace más de 20 años.
