SANTIAGO – Durante las últimas semanas y oculta bajo el manto de la crisis sanitaria que vive nuestro país, los trabajadores y trabajadoras chilenos vivimos una de las más violentas ofensivas legislativas de los últimos 30 años, que tiene como único objetivo profundizar la hegemonía neoliberal en las relaciones de producción.
Las distintas iniciativas legislativas y aprobadas por un parlamento que, mayoritariamente, salvo aquellos que han buscado un cambio de rumbo frente a las medidas propuestas por el gobierno, se ha comportado en forma sumisa con dichas iniciativas, están provocando retroceder en los mínimos derechos laborales vigentes, haciendo caer todo el peso de la crisis en los trabajadores y sus familias.
En efecto, después del decreto de catástrofe del 18 de marzo de 2020, se ha iniciado toda una ofensiva legislativa que comenzó con la aprobación de la ley de Teletrabajo y trabajo a distancia, proyecto que descansaba en el parlamento desde el año 2018; para el gobierno de Piñera la crisis significó la oportunidad precisa para sacarlo adelante, de esta forma instaló por la vía legal más precariedad y flexibilidad laboral, dejando fuera al sindicato de algún nivel de injerencia es estos pactos de teletrabajo, generando mayor individualización de las relaciones laborales.
Pero la ofensiva por precarizar y cautelar los intereses de los grandes grupos económicos solo estaba comenzando, el nuevo dictamen de la Directora del Trabajo dio luz verde para los despidos arbitrarios, entregando el supuesto derecho a los empresarios para no pagar las remuneraciones durante la crisis, provocando en los hechos miles de despidos y suspensiones arbitrarias. En ese mismo contexto y con la excusa de “protección del empleo”, el parlamento aprobó la iniciativa del ejecutivo que “ faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728, en circunstancias excepcionales”, legaliza el actuar de la DT, al establecer las reglas para suspender en forma unilateral la relación de trabajo sin obligación el pago de las remuneraciones. Además da carta blanca para en el mejor escenario de la ley: rebajar las remuneraciones, todo con costo a la cuenta individual de seguro de cesantía de los trabajadores y trabajadoras. Sumándose a esta iniciativa la firma del finiquito vía electrónica en la pagina de la DT., alejado de toda legalidad, como lo ha señalado las Asociación de Abogados Laboralistas.
Pero la ofensiva continúa: el gobierno en concurso con algunos parlamentarios pretende aprobar un proyecto de ley que busca suspender las negociaciones colectivas y las elecciones sindicales, convirtiendo esta iniciativa en un atentado a la libertad y la autonomía sindical, principios consagrados en nuestro ordenamiento legal, constitucional y en los tratados internacionales, tales como el 87 y 98 de la OIT. Pareciera que no solo basta con vulnerar por la vía administrativa los derechos laborales; ahora se pasa a un estadio mayor, superando la propia constitución que tanto defienden.
La cobertura de la Negociación Colectiva en nuestro país no alcanza el 10% de los trabajadores con derecho a negociar colectivamente, por lo tanto, este proyecto de ley ataca el corazón de los trabajadores organizados, en consecuencia, las dramáticas secuelas que acarrea una disminución de derechos son incalculables para los trabajadores y el movimiento sindical.
Debemos señalar que, todas las medidas vía leyes adoptadas por el gobierno y aprobadas por el parlamento se han realizado sin el debido diálogo social que toda sociedad democrática requiere, en particular con las organizaciones sindicales de mayor representación como la CUT, diálogo que se hace urgente en períodos de crisis como lo ha demandado en forma insistente la principal organización de los trabajadores chilenos.
La ofensiva que los trabajadores estamos viviendo hoy, da cuenta que el abordaje de la crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria se realiza solo con medidas que profundizan el modelo neoliberal y como consecuencia, la precarización laboral. Todos sabemos que durante los últimos 40 años hemos vivido y conocido como única forma de resolución del conflicto entre capital y trabajo, aquella heredada de la dictadura y que, en los años de democracia, al igual que otros enclaves de la dictadura, no han podido ser superados con el retorno a la democracia.
Como Comisión Nacional Sindical del Partido Comunista de Chile creemos que, no se puede seguir legislando y aprobando proyectos que van en dirección de disminuir derechos, tanto individuales como colectivos, que las medidas deben apuntar a la protección de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, asumiendo el Estado el rol que todos esperamos. Todas Las medidas para enfrentar la crisis deben sentar las bases para un nuevo Chile, un nuevo Estado que deje atrás las claves neoliberales que tanta desigualdad han causado a miles y miles de trabajadoras y trabajadores.
Hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, a resistir con organización y más organización, fortalecer la CUT en todas sus estructuras ante el embate de este gobierno empresarial, que solo busca profundizar la precariedad laboral, económica y social en nuestro país.
COMISION NACIONAL SINDICAL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
