SANTIAGO (Documento PC para enfrentar la crisis) – La crisis sanitaria que ha generado la pandemia crece y se agudiza. Pese a los optimistas anuncios del gobierno, según otros modelos predictivos comparados, Chile podría seguir una ruta de infectados similar a la que han recorrido países como Italia y España, en donde el sistema sanitario colapsó y la pandemia ha cobrado miles de vidas. Es imperativo que las medidas que se tomen tengan en consideración los escenarios más graves para la salud del pueblo.
Sin embargo, importantes sectores del gobierno, de los partidos que lo apoyan, y de los grupos económicos y financieros dominantes en la economía, buscan en estos días, antes del “peak” de contagios, imponer una “nueva normalidad social”, con poca consideración por los posibles costos humanos de la pandemia, a fin de mantener al máximo la actividad económica, de la que obtienen sus enormes ingresos. Es la expresión material de la frase pronunciada por el Gerente de la Cámara de Comercio de Santiago: “No podemos matar la economía por salvar vidas humanas”. La coherencia de esta posición de clase, brutal en sus consecuencias, está directamente relacionada con la defensa cerrada del modelo neoliberal de acumulación rentista; del “capitalismo salvaje” que se ha impuesto en nuestro país.
En el mundo, muchos gobiernos y países adoptan medidas de control del sistema de salud privado; de resguardo de los sueldos y salarios; de los empleos, de las pensiones y, en forma simultánea, inician el proceso de cambio en políticas macroeconómicas que, hasta antes de la pandemia, eran intocables. Hasta el mismo FMI ha señalado, considerando la extrema gravedad de la pandemia, que las naciones periféricas y dependientes deben considerar una revisión de sus endeudamientos e incrementar sus gastos fiscales. Destacados economistas, nacionales y extranjeros, han concluido en buen chileno que es necesario “echar toda la carne a la parrilla”.
Planteamos que el país está en condiciones de obtener un importante financiamiento recurriendo a la liquidación de las reservas acumuladas para emergencias como esta, al endeudamiento, que admite márgenes mayores que el actual, así como la aplicación de impuestos progresivos orientados a reducir la desigualdad que caracteriza a nuestra economía. Entre esos impuestos no puede dejar de mencionarse un porcentaje que aplique al patrimonio de los ciudadanos pertenecientes al 1% más rico del país, que se apropia de más de un tercio del Ingreso. Baste señalar que aplicar un 2% a ese patrimonio rendiría 2.600 millones de dólares, aumentando la recaudación del fisco en un 1,04% [1]
En nuestro país, constatamos por el contrario que la ola de despidos crece. De igual forma la tendencia al no pago de salarios. La crisis de baja producción mundial, por efecto de las necesarias cuarentenas, se traspasará por la vía de bajos salarios, aumento del desempleo y pauperización de las condiciones laborales hacia la demanda de bienes y servicios, reforzando la peor crisis económica de los últimos 90 años. Defender las condiciones de vida y laborales de los trabajadores es vital para evitar el desplome más pronunciado de la economía.
En esta situación, los comunistas estamos obligados a empujar lo más fuerte que podamos para que el rumbo cambie y se adopten medidas más decisivas. Las propuestas que se plantean en este documento tienen esa dimensión social y política. Se deben asumir drásticas medidas de política gubernamental que protejan el nivel y calidad de vida de las familias chilenas y migrantes.
La naturaleza de la crisis
La realidad de desigualdad y abuso en Chile, hace que las consecuencias más graves de la pandemia recaigan en los sectores más postergados de la sociedad. Es una secuela dramática de la crisis del sistema impuesto por la dictadura, que se ha mantenido en nuestro país durante tres décadas, contra la que el pueblo se manifestó con fuerza desde Octubre de 2019 Es en ese contexto que deben situarse los duros momentos que enfrenta y enfrentará nuestro país.
En efecto, la crisis económica que se ha profundizado y que asume un carácter alarmante, tiene su origen inmediato en una crisis sanitaria que, por las indispensables y prolongadas medidas de distanciamiento social (cuarentena) que exige su superación, requieren que miles de las y los trabajadores del país se queden en sus casas. Una parte menor de ellos puede adoptar formas de trabajo remoto. Para la mayoría, sin embargo, el contacto social directo es necesario para su labor. Por esa razón, la situación tiende a romper las cadenas de producción, distribución y consumo, es decir, tiende a detener el aparato productivo, y con ello, a la economía.
El plan económico que hoy se necesita debe apuntar a sostener el aparato productivo de bienes y servicios esenciales durante los meses de reducción o suspensión de actividad para, en una segunda etapa, incorporar drásticas medidas de reactivación de la economía, priorizando de esta manera las políticas públicas que debe impulsar el gobierno.
Por lo mismo, son tres los objetivos principales a juicio de los comunistas debe tener el plan económico inmediato:
- Asegurar ingresos, y de este modo entregar las condiciones básicas de vida material (y de calidad de vida) para que las y los trabajadores puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social.;
- Asegurar la provisión de los servicios esenciales para la vida del pueblo, tomando la decisión de asumir incluso parte de la propiedad de las empresas que los proveen, si fuera necesario.
- Asegurar la subsistencia del tejido productivo del país, por la vía de subsidiar los costos operacionales de las empresas, ya sea por aportes directos, créditos blandos o por la postergación de pagos.
- El mundo de los trabajadores
- Como medida esencial, los comunistas planteamos que a todos los trabajadores, activos o pasivos, formales o informales, el Estado debe asegurar que dispongan de un ingreso básico de emergencia que, al menos, iguale el ingreso neto mínimo legal dispuesto para todos los trabajadores del país, esto es $ 320.500 / més. Esto durante todo el período considerado de emergencia sanitaria o económica.
- Dejamos establecida nuestra posición de que para todos los trabajadores sujetos a contrato debe regir la prohibición absoluta de despidos durante el período de emergencia, sean atribuibles a fuerza mayor, caso fortuito o necesidad de la empresa. Se debe derogar o suspender la aplicación de la legislación vigente sobre la materia.
- Los trabajadores podrán hacer uso del Seguro Cesantía para mejorar sus ingresos.
- En todos los casos mantiene vigencia la Ley de Subcontrato, lo que conlleva la responsabilidad de la contratante principal por la situación de los trabajadores subcontratados
- En todas aquellas faenas que no detengan su quehacer se deberá cumplir estrictamente las normas mínimas de resguardo sanitario en las condiciones de emergencia, particularmente el uso de EPP.
- En el caso de los trabajadores formales de medianas empresas (que proveen un 16% de la ocupación formal, aprox. 1,5 millones de empleos) y de grandes empresas (50% empleo, aprox. 4,6 millones empleos), en conjunción con la prohibición absoluta de despidos, debe operar la vigencia de un sueldo o salario mínimo ético, de cargo de las empresas. Para los trabajadores formales de medianas y grandes empresas, el Estado fijará una remuneración mínima de $ 400.000 mensuales en las empresas medianas y de $ 500.000 en las grandes, sobre el cual podrán reglarse remuneraciones mayores pactadas entre la empresa y sus sindicatos de trabajadores.
- En el caso de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, que se estima proveen el 33% del empleo (aprox. 3.5 Millones de empleos), los sueldos y salarios serán de cargo del Estado durante el período de emergencia. Cabe destacar que esta medida es también parte sustancial de la ayuda a entregar a las MYPE’s, ya que los salarios son en la mayoría de ellas el principal costo necesario para mantener la actividad. El valor medio de los salarios en estas empresas es hoy de aproximadamente $ 280.000/mes
- Todos los restantes trabajadores del país recibirán, con cargo al Estado, lo necesario para que sus ingresos alcancen los $ 320.500 / mes. Un enorme número de trabajadores reciben la denominación de informales: trabajadores de empresas pero sin contrato, creadores de arte y la cultura, emprendedores independientes o trabajadores por cuenta propia, buena parte de los temporeros. La mayor parte de estos aproximadamente 2.6 millones de personas [2] verán afectados sus ingresos de manera muy significativa, llegando en muchos casos a carecer totalmente de ellos, por lo que deben también recibir el ingreso básico de emergencia de $ 320.500 /mes.
- El beneficio será también aplicable a la población de aproximadamente 700.000 trabajadores cesantes registrados a la fecha.
- En el particular caso de trabajadores que perciban todos sus ingresos “por honorarios”, se propone asegurar la devolución en 100% de las retenciones de impuesto a la renta de sus boletas para el año tributario 2020. Se trata de unos 1, 2 millones de trabajadores[3], excluyendo a los que prestan servicios para el sector público, que no serían afectados. En los casos que corresponda, sus ingresos se complementarán hasta alcanzar el ingreso básico propuesto.
- Los trabajadores jubilados, tendrán igualmente el beneficio de complementar sus ingresos hasta alcanzar el mínimo de emergencia. Se requeriría anticipar el incremento en los montos de transferencia del Pilar Solidario de Vejez e Invalidez, con un impacto en cerca de 1.600.000 adultos mayores y personas con invalidez y discapacidad.
- A ellos debe sumarse la población denominada “en situación de calle”. Poco más de 15.000 personas a nivel nacional[4], Personas que se encuentran en altísimo riesgo de contagio. Se debe crear un Programa Especial de Vivienda Tutelada
- Otras situaciones particulares afectan a los Pueblos Originarios, que en todo caso deben ser considerados de la misma manera que todas las chilenas, chilenos y migrantes.
- Aumento de Violencia de Género y la Violencia Intrafamiliar. Se ha reportado un aumento del 70% en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar. Se requiere generar un subsidio para 200.000 mujeres que viven violencia, para que puedan romper la dependencia económica del agresor. Hemos calculado que su costo total, por 6 meses, sería de US$ 972.000.
El ingreso básico debe focalizarse inicialmente, y con carácter de gran urgencia, en los trabajadores informales o dependientes de empresas que puedan declararse en suspensión de actividades, así como en el caso de los Adultos Mayores, particularmente expuestos en la pandemia.
El gasto mensual de la aplicación de la medida de aplicar el ingreso básico de emergencia ($ 320.500) al total de la población referida, unos 6,4 millones de personas, sería de US $ 2.413 millones de US$ / mes (0,80% del PIB; PIB= 300.000 millones de US$; dólar=$850),
En estas condiciones, el gasto que representaría para el Estado entregar este ingreso básico de emergencia durante el período de emergencia (5 a 7 meses) sería de unos 4 a 5 puntos del PIB, unos 12 a 15.000 millones de US$.
A lo anterior debe agregarse otra condición que agrava la situación de emergencia: el altísimo nivel de endeudamiento familiar de los hogares chilenos.
- De aquí resulta una medida indispensable, de aplicación inmediata, cual es la de postergación de obligaciones de pago de los deudores por todo el lapso de la emergencia, en todas las obligaciones que se consideren servicios básicos familiares (agua, gas, luz) o de naturaleza financiera (créditos hipotecarios o de consumo). Esta postergación debe regularse sin que medien intereses extraordinarios por su cancelación.
- El funcionamiento de los servicios esenciales
Durante la crisis deben funcionar los servicios esenciales de producción y abastecimiento de bienes y servicios. Entre ellos: la entrega de servicios de Salud (Pública y Privada), los servicios de energía, los servicios de producción y abastecimiento de agua potable, los servicios de comunicaciones, el suministro de alimentos y productos de primera necesidad, el servicio de recolección, disposición y tratamiento de basuras, y el transporte público.
Todos estos sectores deben seguir funcionando para no poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Es por ello que su provisión no puede quedar al solo arbitrio del mercado. En todos los casos el papel del Estado es fundamental. En algunos casos, el Estado debe proveer de los mecanismos de crédito para la operación adecuados, disponer de un presupuesto suficiente para la compra de insumos o para la reorganización del servicio a nivel nacional, aprovechando economías de escala, si fuera necesario. En otros, puede organizar paquetes de capitalización por la vía de la adquisición de propiedad.
- Los comunistas planteamos que el Estado debe iniciar un proceso de nacionalización de empresas de interés público esencial, para lo cual debe crear un fondo de nacionalización y adquirir parte de la propiedad. Esto es pues se ha comprobado que las empresas nacionalizadas son instrumentos fundamentales de la Política Económica del Estado, especialmente en situaciones de crisis.
- La situación de las Empresas. Mecanismos de Financiamiento
- Las Micro y Pequeñas (MIPES)
Un primer financiamiento lo constituye el aporte del ingreso básico de emergencia a sus trabajadores, alcanzando el monto legal de $ 320.500 mensual que compensará directamente una parte sustantiva de las remuneraciones. Esto financiará en buena medida la continuidad operacional de las empresas por el período de emergencia, reduciendo de manera significativa la necesidad de endeudamiento.
- Con todo, será necesario agregar una política de créditos específica (que excluya inversiones y mejoras, así como pago de obligaciones adquiridas anteriormente) para facilitar la operación de estas empresas. Los créditos para capital de operación a 24 o 36 meses, tendrán garantía FOGAPE de hasta un 85% y podrán ser intermediados por el sistema bancario privado o por el Banco Estado. La condición sin embargo, es que el spread neto a cobrar por la institución financiera será 0 puntos sobre la tasa de interés a la que se les entregue los recursos.
- Situación de empresas medianas o grandes
Para medianas y grandes con ventas menores que 1.000.000 UF/ año
- Empresas con ventas menores que 1.000.000 UF/año: Créditos puente aplicables a capital operación, vía sistema bancario, a 24 – 36 meses, con garantía estatal FOGAPE de 50%, spread máximo 1% neto sobre costo aportes Banco Central,
- Para empresas con ventas mayores que 1.000.000 UF / año: Las empresas deben utilizar sus fondos de reserva de utilidades después de impuestos. Las utilidades de las empresas de los principales sectores de la economía para el año 2019 (AT2020) fueron sobre 9.400 millones de US$ (3,1 % PIB). Las utilidades totales, por su parte, suman más de 14.200 millones de US$ (4,5% PIB)
- En el caso de ser necesario un salvataje financiero, especialmente en las empresas que hemos llamado esenciales, además de sus mecanismos de acceso al sistema bancario nacional o internacional, la gran empresa podrá optar por una Capitalización por el Estado, vía aplicación del Fondo de Nacionalizaciones de participación accionaria o de aumentos de capital con participación por parte del Estado. La compra será preferentemente vía CORFO, para lo cual deberá tramitarse la ley orgánica correspondiente.
Se estima constituir el Fondo de Nacionalizaciones hasta con un 6% del PIB, esto es unos 18.000 millones de US$.
Invitamos a reflexionar sobre este documento que entrega propuestas claras de cómo encarar la crisis económica que afecta principalmente a trabajadoras y trabajadores, en especial a los estratos más desposeídos. Es imperativo, hoy, abrir un rumbo distinto al neoliberalismo en nuestro país, de lo contrario la desigualdad y las injusticias seguirán gravitando sobre la vida de millones de chilenas y chilenos. Para ello son estas propuestas y nuestro objetivo inmediato es hacerlas prevalecer en las más amplias capas de la población, para que se transformen en demandas y en lucha para conquistar una sociedad más democrática y más justa socialmente.
[1] De acuerdo con las estimaciones el estudio de Ramón Lopez, el 1% concentra el 30,5% de riqueza en chile, es decir 130.235 millones de dólares. De esa riqueza la 10 personas más ricas del país poseen 37.300 millones de dólares, es decir una impuesto de 2% sobre la riqueza a esas 10 personas dejaría una recaudación 746 millones de dólares anuales, aumentando la recaudación del fisco en 0,3% del PIB chileno.
[2] Estimación
[3] Según estadísticas del Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas
[4] Dato del Registro Social de Hogares.
