La expansión de la enfermedad COVID-19 y las medidas de restricción impuestas para controlar la pandemia han dejado al descubierto lo que la población chilena ha denunciado en meses de estallido social y la élite política se ha negado a reconocer: la desigualdad, la pobreza y la exclusión en el país.
Durante estas semanas de estado de catástrofe y aislamiento social preventivo en Chile, el Gobierno ha adoptado distintas medidas, tanto a nivel sanitario como económico, para aminorar los efectos de la crisis pandémica. Varias de ellas apuntan a las áreas más sensibles de la vida diaria como la educación, el trabajo y la salud y han dejado en evidencia las grandes brechas sociales del país sudamericano.
«Las desigualdades del país se han expresado netamente y muy claramente en el sector educativo, y se han agudizado con el tema de pandemia. Obviamente estas desigualdades de la sociedad se expresan en la educación desde hace muchos años», señala Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile.
«En mi casa no hay computador, pero mi papá y mi mamá sí tienen celular (teléfono móvil), ellos me lo pasaban para cuando tuve algunas tareas de Matemáticas y Lenguaje que me mandaron del colegio. Igual era un problema porque mi hermana también necesitaba usarlo, por lo que no hice varias guías, antes que entraramos a vacaciones», relata Francisca Gómez, estudiante de primero medio de comuna de la Granja.
El testimonio de la joven escolar es uno de muchos estudiantes que vieron interrumpida su enseñanza presencial en los establecimientos educacionales a partir del 16 de marzo pasado.
Esto porque una de las primeras decisiones adoptadas por la autoridad chilena fue la suspensión de clases en colegios y universidades, medida que va a demostrar que la educación a distancia no es equitativa ni está al alcance de todas las familias en Chile.
«Hay una educación muy segregadora en Chile, el acceso a distintas condiciones educativas es muy diferentes si se tiene dinero, que si no se tiene. Hay una educación pública muy fuertemente deteriorada y esto se agudiza con la pandemia», explica Aguilar.
La real brecha tecnológica
El docente profundiza en la problemática al advertir cómo las diferencias se agudizan con el sistema de educación a distancia que se ha tenido que implementar, porque «evidentemente hay sectores que tienen las condiciones óptimas para una educación a distancia tecnológica, casas con amplios espacios, pocas personas por vivienda, gran conectividad porque tienen computadores cada uno de los miembros de la familia, o los teléfonos de ancho de banda óptimo».
Esto contrasta con los sectores populares y gran parte de la población que no tiene esas condiciones, muy por el contrario, indica Aguilar. «Casas hacinadas, donde los niños tienen poco espacio, un computador por familia, si es que hay. Y son varios miembros y todos teniendo que ocuparlo, poca conectividad, entonces la brecha digital se ha expresado con mucha fuerza en el sistema educacional», puntualiza.
Efectivamente son miles los niños y jóvenes en Chile que no tienen conexión a internet. Según la última encuesta de la subsecretaría de telecomunicaciones el 44 % de los hogares del país no tiene conexión fija a la red mundial.
Cifras ratificadas y detalladas por el Ministerio de Desarrollo Social en 2019, que advierte que 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseen acceso a Internet, lo que implica más de 77.000 personas sin conectividad digital.
El Colegio de Profesores también maneja estadísticas que se aproximan a las cifras oficiales. «El 40 % de los estudiantes no tiene acceso a internet y otro porcentaje de más o menos un 30 % tiene un acceso limitado y dificultoso. Solo un 30 % de la población en Chile tiene acceso óptimo a internet o adecuado, y por lo tanto esto evidentemente impacta muy claramente», sentencia Aguilar.
La brecha digital también la sufren los docentes, quienes tienen una «disímil condición de equipamiento entre unos profesores y otros». Aguilar también distingue a quienes viven y trabajan en zonas rurales o alejadas de la capital, los cuales poseen una mala conectividad o no tienen equipamiento en sus casas, porque contaban para trabajar con los dispuestos en los colegios.
«Además que no estábamos preparados para un proceso a distancia, en Chile la educación a distancia tiene muy poco desarrollo históricamente. A diferencia de otros países no es una modalidad muy utilizada, y por lo tanto no había mucha preparación en ninguna parte del sistema, así es que evidentemente esto ha sido un problema», indica.
El empleo otra víctima del coronavirus
La entrada en vigencia de la Ley de protección del empleo, el pasado 6 de abril ha generado un nuevo cuestionamiento al sistema económico neoliberal existente, tan criticado durante el estallido social, debido principalmente a la precarización laboral que genera el modelo, y que en estas semanas muestra su peor cara.
«Las mal llamadas leyes de protección del empleo —suspensión del mismo sin remuneración y disminución de la jornada— son la muestra más clara de la desigualdad. Los patrones se están valiendo de las mismas para discriminar y perjudicar a los trabajadores, particularmente entre aquellos que habían alcanzado mejoras por la vía de la sindicalización y la negociación colectiva», señala Manuel Ahumada, secretario Confederación General de Trabajadores Chile (CGT), y presidente de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores (CCTT).
Otro aspecto complejo en este escenario de crisis sanitaria para los trabajadores es aquel que dice relación con las desvinculaciones que se han producido en estas semanas. Ahumada señala que según datos oficiales entre febrero y marzo se cursaron 400.000 cartas de despido.
También, la Dirección del Trabajo informó que unos 2.270 trabajadores y trabajadoras de casa particular se han inscrito para solicitar los beneficios con cargo a sus fondos de indemnización, según datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).
Del total de despedidos la gran mayoría es por vencimiento del plazo y la conclusión del trabajo, «lo que implica que menos del 25 % del total de las personas que han sido cesados en sus funciones recibió indemnización por años de servicio», detalla Ahumada. Una situación grave si se considera que la persona se queda sin ningún tipo de ingreso.
Los sectores con más afectados fueron los relacionados con la construcción, que presentó una enorme alza de despidos, de un 41,5 % en 12 meses; y el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo, con casi 42.000 cartas de despido, lo que equivale a un salto de 25,6 % respecto a marzo de 2019.
¿Ley de Protección del Empleo?
El 17 de abril, desde el Auditorio del ministerio del Trabajo, la ministra María José Zaldívar y el subsecretario Fernando Arab, entregaron las cifras tras la promulgación de la ley de protección al empleo, señalando que entre el 8 y 15 de abril, un total de 56.986 empresas se acogieron a la nueva ley, «lo que implica que 786.790 serán afectados con la suspensión del empleo», puntualiza Ahumada.
«Oiga, a mí me pidieron que rebajara mi jornada de trabajo, esto supuestamente para no despedirme, pero esto le conviene solo a la empresa, que no es una pequeña, es una gran empresa. Porque esta ley, para variar, la hicieron pensando en los empresarios y no en los trabajadores. Porque ellos nos pagan el sueldo con nuestro propio dinero, porque el seguro es mi plata», señala con molestia a Sputnik Fabiola, quien trabaja en una gran multitienda y quien prefiere dar solo su nombre de pila.
«Hoy son muchas las empresas que teniendo la espalda financiera se están aprovechando de esta ley, para abaratar costos y que los trabajadores se paguen con los fondos de sus seguros de cesantía», señaló en la comisión de Trabajo del Senado Leandro Cortés, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Comercio.
Según la autoridad han sido mayoritariamente empresas medianas y pequeñas las que se ha acogido a la ley. Lo cierto es que cada cifra representan a personas y familias afectadas en su actividad laboral, que ven precarizada aún más su calidad de vida debido a la pandemia, la que no solo demostró que para los pobres no hay cuarentena, sino porque también develó lo que las cifras macroeconómicas no expresaban: que un tercio de la fuerza laboral en Chile trabaja de manera informal, sin un contrato, por tanto no puede hacer uso de ningún tipo de seguro, tampoco del promovido por esta ley.
Sin contrato ni apoyo
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cerca de 3 millones de personas en Chile trabajan informalmente, es decir el 30 % de la fuerza laboral, una de cada tres personas en edad de trabajar.
Para Manuel Ahumada en estas cifras se habla de «personas que solo viven de lo que pueden ganar en el trabajo diario que realizan vendiendo productos o prestando servicios esporádicos».
Es para estos trabajadores y trabajadoras que la crisis sanitaria es más catastrófica, puesto que son ellos quienes asumen los costos de la pandemia, al no estar bajo ninguna protección laboral, ya que no tienen protección del Código del Trabajo y no pueden acceder a los beneficios establecidos, y menos aún al seguro de cesantía. Son solo personas que su trabajo sirve para las estadísticas de empleo del INE.
Doble Crisis
La propagación del coronavirus en Chile no solo ha develado la desigualdad y la precariedad en que viven muchos de sus ciudadanos, sino la exclusión que sufren, en particular cuando se trata del acceso al agua, fundamental para evitar el contagio de COVID-19. Solo que en el país sudamericano cerca de 400.000 familias no cuentan con el vital elemento.
Para Matías Asún, director nacional de Greenpeace Chile, quien conversó con Sputnik, las autoridades no comprenden la gravedad de la situación de quienes viven esta emergencia sin agua.
Es una irresponsabilidad como país no actuar ante la injusticia del acceso al agua y la inequitativa distribución de este vital elemento, especialmente en la grave situación sanitaria que enfrentamos, señala.
Para Asún el Gobierno del Sebastián Piñera debe asegurar un plan de suministro extenso en distribución geográfica, e intenso en frecuencia de agua para que todos los chilenos, «al menos, tengan la oportunidad de protegerse en igualdad de condiciones a través del lavado de manos», indica.
Porque a esta crisis sanitaria se suma la crisis hídrica que sufre Chile hace años, producto de la sequía y de código de agua que posee el país, y que resultan inaceptables en tiempos de pandemia, «porque la exposición que enfrentan estas personas al virus es altísima al poder cumplir con las medidas mínimas de protección».
Medidas que la misma autoridad solicita y estimula, pero para la cual no toma medidas que resuelvan la problemática de fondo, la privatización del agua en Chile, donde este recurso es considerado un bien de mercado y no un derecho humano.
Lecciones dolorosas
Para Manuel Ahumada, «la desigualdad, la pobreza y la exclusión son inherentes al capital. La crisis sanitaria a mostrado a los pobres, esa verdad que tanto negaron y niegan, de la existencia de clases. Una clase que abusa y explota protegida por los gobiernos de turno, la otra clase que recibe lo mínimo para sobrevivir. Y el Estado sirve al capital y lo proveerá de leyes para que no tenga problemas».
Mario Aguilar por su parte considera que la crisis sanitaria ciertamente acentúa todas las demandas del movimiento social, las diferencias, las desigualdades, «agudiza la marginalidad que hay en amplios sectores, y por lo tanto, agudiza también el carácter del Gobierno, que ni siquiera en una circunstancia como esta, una emergencia, una pandemia, se ha alejado de la ortodoxia neoliberal».
«Demuestra que un Gobierno de este tipo, de corte neoliberal, en definitiva, ni aún en circunstancias extremas como esta va a priorizar lo social, siempre van a priorizar lo económico, las finanzas, los negocios y no lo humano. Y en ese sentido creo que cada vez queda más claro para la gente que se requieren gobiernos de otro corte, mucho más ligados al mundo social», señala.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
