Cuando un servicio estatal subcontrata a privados la tarea de promover, proteger y restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y jóvenes, así como también los procesos de reinserción de adolescentes que han sido formalizados por transgresión a la ley; es precisamente dejar a la deriva a la niñez y juventud provenientes de los sectores más precarizados del país. Sí, porque el Servicio Nacional de Menores aunque se encuentre mandatado a cumplir este rol, delega esta relevante labor a empresas privadas, cumpliendo un periférico papel fiscalizador que no asegura que todas las niñas, niños y jóvenes, independiente del programa en que participen y del territorio en que residan, puedan recibir una atención integral en la que se garantice un trabajo intersectorial que permita dar respuesta efectiva a las diversas necesidades que junto a sus grupos familiares presentan. El SENAME desde hace años viene desentendiéndose de su obligación como garante de derecho. Lo afirmamos con conocimiento de causa los miles de trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos dentro de las más de 400 empresas a nivel nacional, que ejecutan la política pública tercerizada en dicha materia.
En el contexto sanitario actual, hemos podido constatar cómo se ha visto intensificado este abandono de parte de las autoridades y en particular del servicio que debiera resguardar el bienestar físico y mental de niños, niñas y jóvenes, y así también de sus familias y comunidades. El SENAME, el día 15 de marzo del 2020 presentó el primer protocolo de actuación en el marco de la pandemia, luego de un mes y medio de haberse decretado la alerta sanitaria para el territorio chileno. Un protocolo deficiente y descontextualizado, que no logra anticipar las dramáticas consecuencias a nivel económico y social que ya está mostrando esta pandemia; y por tanto la crisis que impactará a la niñez, juventud y sus familias, cronificando los ya altos índices de vulnerabilidad social en que se encuentran. En dicho documento, el que es actualizado cada cierto tiempo, a la fecha deja a criterio de las empresas, denominadas también OCAS (organismos colaboradores acreditados de Sename), la implementación de medidas al interior de los programas, como por ejemplo acciones de seguridad y resguardo de los equipos de trabajo y la suspensión temporal de las atenciones directas a niños, niñas y jóvenes.
Desde los programas ambulatorios de la red privada de SENAME, que atienden a más de 30 mil niños, niñas y jóvenes a lo largo de todo el país, hemos podido confirmar que estas familias, en su mayoría han quedado sin sus fuentes laborales, sin posibilidad de generar ingresos que permitan la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación diaria, por tanto, se encuentran en un estado de preocupación y tensión permanente frente a la incertidumbre de lo que se viene. Ante esto y a la poca claridad que transmiten las autoridades, somos nosotros y nosotras quienes debemos poner la cara para brindar contención y tranquilidad a las familias con las que trabajamos.
En este escenario, como organización sindical hicimos ver la urgente necesidad de movilizar recursos que permitan dar respuesta a los requerimientos básicos y apremiantes que se encuentran presentando las familias como consecuencia de la crisis sanitaria, entre ellos, la alimentación. Creemos fundamental el despliegue de gestiones de abastecimiento alimentario prioritario para todos los niños, niñas y jóvenes que se encuentren siendo atendidos en la red ambulatoria de SENAME, pero nos encontramos con el silencio del servicio y con la soberbia de autoridades que creen que con la caja de mercadería entregada por JUNAEB se resuelve este grave problema.
Nos preguntamos entonces, ¿Es tan difícil reunir a los ministerios, subsecretarios y servicios relacionados a la protección de la niñez y juventud para la concreción de acciones coordinadas de cara a enfrentar esta crisis social?
Estamos cansados de tolerar y pasar por alto las graves negligencias que comete el Estado con la niñez, la juventud, y así también con los trabajadores y las trabajadoras que decididamente y con convicción ejercemos nuestra labor en este ámbito pese a las complejas condiciones que nuestro trabajo implica.
Es una vergüenza para quienes nos encontramos sujetos a la subordinación y dependencia encubierta de SENAME, que se nos mandate a replicar protocolos de acuerdo al criterio establecido por cada empresa. Denunciamos la inexistencia de acciones preventivas y de apoyo mínimas emanadas desde el Servicio que aseguren el resguardo de todos los niños, niñas y jóvenes atendidos en los diversos programas; y de la misma manera la falta de garantías a la que como trabajadores y trabajadoras nos encontramos expuestos.
Los niños, niñas y jóvenes que reciben atención en los distintos programas ambulatorios merecen la misma preocupación y visibilidad de parte de las autoridades, que los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en dispositivos de administración directa del SENAME. Seguimos sosteniendo que la atención que brindamos en la red ambulatoria se constituye como un servicio público, pese a ser ejecutado por empresas privadas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por SINTRASUB – Sindicato Nacional de trabajadores/as subcontratados del SENAME
