SANTIAGO – La crisis social en el país se ha agudizado en el marco de la pandemia por Covid-19 y lo mismo está ocurriendo con la situación de las trabajadoras de casa particular. El último reporte de la Superintendencia de Pensiones informó que a la fecha 14.105 trabajadoras del sector hicieron cobro de su indemnización a todo evento (4,11). Solo la última semana 1.647 mujeres, en su mayoría jefas de hogar, vieron suspendidos sus contratos a causa de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, la realidad es mucho más alarmante, ya que el 53% las trabajadoras de Casa Particular son informales, según las cifras del INE a marzo de este año. A esto se suma el número de despidos, del cual no se tienen antecedentes.
En este escenario, y considerando la urgente necesidad de acceder a información que permita evaluar la eficacia de la política pública de protección de empleo en lo que respecta al trabajo doméstico, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) ha solicitado a la Cámara de Diputados que oficie a la ministra del Trabajo, para que, de manera mensual, informe la situación respecto al número de término de contratos registrados, contratos registrados vigentes, solicitudes de retiro de fondos desde las cuentas individuales (4,11%) y el estado de pago de cotizaciones en este sector desde el inicio de la declaración de catástrofe.
«Necesitamos al menos contar con la información de las compañeras que estaban formalizadas para poder trabajar con esos datos y buscar formas de apoyo. Por eso hemos solicitado a través de la Cámara de Diputados que el gobierno nos entregue estos antecedentes y se haga cargo de la desprotección y abandono que hemos vivido por años las trabajadoras de casa particular por parte del Estado», afirmó Luz Vidal, presidenta de Sintracap RM.
Y agregó que «exigimos la incorporación inmediata de las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, esto permitirá que las trabajadoras formalizadas del sector puedan acceder en igualdad de condiciones a las medidas implementadas por el gobierno».
La dirigenta hizo hincapié en la urgente necesidad de ampliar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia y buscar un mecanismo para abordar la situación de las trabajadoras migrantes, que representan a 1 de cada 3 de las trabajadoras de casa particular en el país.
«Recabando información con las compañeras migrantes, nos señalan que no cuentan con el Registro Social de Hogares para postular a los beneficios y por lo mismo no les llegará nada de las ayudas implementadas. Esta situación ya la habíamos abordado el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta la fecha no tenemos respuestas», enfatizó.
Además, señaló que desde el inicio de la pandemia en el país han alertado a las autoridades del gobierno y a parlamentarios respecto a las problemáticas específicas del sector y es por eso que desde el martes 26 de mayo el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular comenzó a participar de la Mesa de Género y Covid-19 del Congreso Nacional para visibilizar el incumplimiento del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras de casa particular, donde se explicita la obligación de igualar las condiciones laborales y de seguridad social respecto del trabajo doméstico.