La pandemia de la COVID-19 provocará en 2020 la mayor crisis económica que América Latina y el Caribe en su conjunto ha experimentado en toda su historia.
Se estima una caída del PIB regional de 5,3%, derrumbe que tendrá un impacto significativo en el mercado laboral con destrucción de empleos, aumento de la desocupación y precarización de las condiciones laborales.
La pandemia llegó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6,0% al 0,2%.
El período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0,4%).
La expansión de la COVID-19 en América Latina y el Caribe ha sido rápida, al igual que la adopción de medidas de emergencia en el frente laboral.
En 2019, solo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay en América Latina, y en Bahamas y Barbados en el Caribe, existía un seguro de desempleo.
Desocupación
El mundo del trabajo está muy afectado por la pandemia. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro el bienestar de millones de personas.
Las economías de América Latina y el Caribe se encuentran con poco espacio para aumentar el gasto fiscal, debido al mayor endeudamiento, el creciente pago de intereses, los limitados ingresos fiscales y las restricciones para la emisión de deuda en un contexto financiero internacional convulsionado.
La fuerte caída del Producto Interno Bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo. Para 2020 la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados.
De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que esta crisis provocará una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales).
Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo.
El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de la región, donde la tasa media de informalidad es del 54%, según estimaciones de la OIT.
Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio. Sus ingresos son generalmente bajos, por lo que cuentan con una capacidad de ahorro limitada para hacer frente a períodos prolongados de inactividad.
Tampoco disponen de mecanismos de sustitución de ingresos, como los seguros de desempleo.
Protección
Frente a ese inquietante panorama, los países de la región han implementado medidas en tres áreas: la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, la protección de la actividad económica y de la demanda de mano de obra, y el apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos.
En cuanto a la protección de los trabajadores, se destacan las siguientes medidas:
- El trabajo a distancia.
- El establecimiento de turnos de trabajo en horarios escalonados.
- La ampliación del derecho a licencias por enfermedad remuneradas para los trabajadores con síntomas o que se encuentren en cuarentena.
- El asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo por vía telefónica.
- La publicación de sitios web específicos sobre el tema y la difusión de información.
- La prestación de servicios de cuidado infantil para los padres que trabajan en países en los que se han cerrado escuelas y guarderías.
Entre las políticas de apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos, se incluyen:
- Acuerdos sobre la reducción del horario de trabajo y en materia de compensación.
- La promoción de la conservación del empleo mediante subsidios o préstamos asociados al mantenimiento de los puestos de trabajo y los salarios.
- La ampliación de las prestaciones por desempleo para los trabajadores formales, así como de la asistencia social, especialmente para los trabajadores informales y sus familias.
Por otra parte, de las políticas de fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra se destacan estímulos fiscales (exenciones o postergaciones tributarias e incrementos del gasto público en salud o protección social) y el apoyo financiero a tasas de interés preferenciales.
Seguro de desempleo
En América Latina y el Caribe, varios países están implementando también medidas que buscan fomentar la continuidad de la relación de trabajo en casos de jornada reducida o suspensión temporal, así como asegurar que los trabajadores que sean desvinculados tengan acceso a un mínimo de ingresos mientras se abran las oportunidades para la búsqueda de un nuevo empleo.
En los países que ya contaban con seguro de desempleo contributivo, se adaptaron las condiciones de acceso para aumentar su cobertura, se mejoró el monto de los beneficios o se amplió el período durante el cual se puede recibir el subsidio.
En Chile, el acceso a prestaciones del seguro de desempleo es aplicable a los casos de cierre temporal de empresas por orden de la autoridad, acuerdos de suspensión del contrato de trabajo y pactos de reducción temporal de jornada.
En Uruguay, el seguro de desempleo llegó a las 86.000 solicitudes en marzo de 2020, en comparación con un máximo de 16.000 solicitudes mensuales en los años anteriores. Se introdujo además un subsidio especial por desempleo parcial.
El programa de seguro de desempleo de la Ciudad de México se amplió a más beneficiarios, aunque acortando el tiempo de entrega del beneficio de seis a tres meses.
En Costa Rica, mediante la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional se busca preservar el empleo y se emitió un Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo.
En Brasil, el Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos incluye la reducción de la jornada laboral con preservación del salario mediante acuerdo (individual o colectivo), de modo que el empleador puede reducir la jornada laboral y los salarios de los empleados de forma proporcional por un máximo de 90 días.
También se implementó el banco de horas, modalidad en que el empleado y el empleador pueden suspender las actividades y constituir un régimen especial de compensaciones que se realizarán en un período de 18 meses.
Una de las innovaciones en las respuestas de política en esta crisis, justificada por su profundidad, ha sido la masiva inyección de recursos fiscales incluso a los fondos contributivos de los seguros de desempleo existentes, además de los subsidios directos no contributivos.
Empresas y empleo
Entre las prioridades para contener los efectos económicos de la pandemia, ha adquirido relevancia el apoyo a las empresas, en particular a las pymes, ante la necesidad de atenuar el impacto de la reducción de sus ventas e ingresos y de aliviar los problemas para el pago de salarios y deuda, que suponen un riesgo de quiebra y pueden tener un efecto cascada.
En Brasil se implementó el Programa de Emergencia de Apoyo al Empleo, que cuenta con una línea de financiamiento de emergencia para el pago de salarios de empleados de pymes, con un alcance de 1,4 millones de empresas y 12 millones de trabajadores, complementado con la ampliación del crédito para microempresas y pequeñas y medianas empresas.
En México se pusieron a disposición tres millones de créditos para empresas formales e informales que no hubieran despedido a trabajadores, ni hubieran bajado los sueldos en el primer trimestre del año, hasta el 15 de abril.
En Perú, se creó el Fondo de Apoyo Empresarial a las microempresas y pequeñas empresas, que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo, así como reestructurar y refinanciar sus deudas, junto con prohibir el reparto de utilidades de las empresas beneficiadas.
En la Argentina, se establecieron créditos a tasa fija dirigidos a las pymes para el pago de sueldos con garantías del Estado.
Oportunidad
La necesidad de hacer frente a los efectos de la COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de respuestas que se dan frente a una crisis.
Se requiere complementariedad de las siguientes políticas:
- Salud.
- Económica.
- Laboral.
- Seguridad Social.
Esas políticas tienen que tener plazos y atender en forma distinta según sectores, tamaño de las empresas o grupos vulnerables.
Frente al coronavirus, los países de la región están poniendo a prueba la capacidad de las instituciones sociolaborales para brindar una respuesta oportuna para mitigar los costos ineludibles de la crisis.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Alfredo Zaiat – Periodista, escritor y economista, jefe de la sección de Economía y del suplemento Cash de Página 12 desde 1997. Conduce desde hace 18 años el programa radial ‘Cheque en blanco’. Ganador del premio ETER en varias oportunidades. Integra el cuerpo docente del Programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros ‘¿Economistas o astrólogos?’, ‘Historia de la economía argentina del siglo XX’ junto a Mario Rapoport, ‘Economía a contramano’, ‘Amenazados. El miedo en la economía’ y ‘Macrisis. Otro fracaso del neoliberalismo en Argentina’.
