SANTIAGO – El lunes 15 de junio el gobierno puso en marcha el denominado Permiso Único Colectivo, medida dirigida a empresas de utilidad pública, seguridad y prensa, que causó un fuerte rechazo en el sector de las comunicaciones comunitarias e independientes.
El nuevo instructivo, que forma parte de las medidas sanitarias del Gobierno para aquellas comunas en cuarentena total, excluye en la solicitud de salvoconducto a periodistas independientes y medios de comunicación que no cuenten con iniciación de actividades (RUT de empresa, RUT tributario, razón social), hecho que alertó a las redes de medios comunitarios, alternativos y populares, así como a miembros de la academia y organizaciones de comunicadores y Derechos Humanos.
Diana Torres, directora de la Radio JGM de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, detalla que la medida de Gobierno propicia limitaciones del ejercicio de medios comunitarios y alternativos que se desempeñan en sus territorios, afectando a las comunidades en su legítimo derecho a la información en tiempos de pandemia.
“Si hay algo que es indispensable en la construcción de una sociedad con fuertes pilares culturales y políticos, es la capacidad de comunicación que hay en sus bases y que muchas veces es lograda gracias a la existencia de la prensa popular. Este tipo de formato comunicativo trabaja al servicio de las comunidades, entregando herramientas para que una mayor cantidad de voces sean escuchadas para transmitir, manifestar y difundir la realidad que viven, sin que tengan que estar ligadas necesariamente al poder o a cargos de representación. (…) Si los medios de comunicación que cubren estos temas son bloqueados por el Estado con este tipo de medidas, no solo se produce una transgresión al derecho de informar, sino también a la comunicación interna de las comunidades que es clave”, asevera la periodista egresada de la Universidad de Chile.
“Estamos hablando de medios de comunicación independiente que tienen sellos y que de alguna forma reflejan la identidad de las comunidades en las que están insertos. Ejemplo de ello son la Radio Villa Francia, la Radio Villa Olímpica o la Radio 1° de Mayo, que no solo informan, sino que también generan una pertenencia y un espacio social compartido. De este modo, esta disposición está provocando no solo una invisibilización de estas comunidades y sus realidades, sino también del periodismo independiente como pieza clave del derecho a la comunicación”, agrega Torres.
Por su parte, el docente del ICEI y coordinador académico de la Radio JGM, Juan «Kike» Ortega, señala que además de afectar las posibilidades de ejercicio periodístico a medios comunitarios e independientes, los corresponsales extranjeros, los periodistas freelance y los medios universitarios y regionales también se verán fuertemente afectados: «en el fondo, lo que hace esta medida es implantar, a través de un filtro economicista, la exigencia de una definición empresarial para validar la voz de los medios de comunicaciones, lo que establece que quienes no son parte de esa categoría ya no pueden participar del ejercicio del reporteo, de informar, de estar ahí presentes en los momentos que importan. Y en un contexto de pandemia, con bastante control social mediante medidas sanitarias y toques de queda, no es menos que paradójico que se busque limitar el trabajo de los medios alternativos”, comenta el académico.
“Muchos medios comunitarios, regionales e independientes trabajan en función de su comunidad, de su territorio, desempeñándose de una manera más cercana a su gente de la que vemos en los medios grandes. Ello se ha dado bastante en los últimos meses donde hemos visto el levantamiento de ollas comunes y varios otros espacios de solidaridad y organización territorial, por lo que la labor de estos medios es igual de importante para la sociedad. Por lo tanto, lo que hace el gobierno con esta restricción es asegurarse de que solo la agenda de los grandes medios se registre y sea transmitida a la ciudadanía”, agrega el periodista.
Coincidiendo con estas palabras, Diana Torres opina además que “con esto queda en evidencia que al gobierno no le conviene que existan medios de comunicación alternativa, porque son éstos los que le muestran a la sociedad lo que realmente pasa, denunciando, evidenciando y poniendo en pauta los temas de interés público. Entonces, a mí parecer esta es una medida de censura que viene de la mano con una serie de obstrucciones a la información pública que hemos visto desde el 18 de octubre. Lo sentimos como un castigo a la prensa de base, la cual, desde hace años y sobre todo durante el estallido social, ha venido denunciado la violación sistemática a los Derechos Humanos”.
Según asevera la directora de la Radio JGM, “debido a estas y otras razones, como medio de comunicación universitario y estudiantil con orientación comunitaria, e integrantes de la Red de Medios de los Pueblos -organización a nivel nacional de medios comunitarios e independientes con quienes trabajamos colaborativamente-, rechazamos y nos oponemos a esta medida de gobierno”.
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Por América Jiménez – Unidad de Comunicaciones ICEI U. de Chile.
