LA PAZ (Sputnik) — El partido opositor boliviano, Movimiento Al Socialismo (MAS), favorito según encuestas para las elecciones de septiembre, denunció un plan del Gobierno transitorio para proscribirlo mediante procesos judiciales que apuntan inclusive a su candidato presidencial, el exministro de Economía, Luis Arce.
«Vamos a hacer denuncia internacional de esta intencionalidad de proscribir al MAS; en todas las encuestas, incluso las del Gobierno, lideramos y tenemos amplia ventaja sobre el segundo», dijo Arce en conferencia de prensa.
El candidato hizo esta declaración al día siguiente de que el Gobierno de Jeanine Áñez —quien también es candidata y aparece tercera en las encuestas— anunciara sucesivamente una demanda contra el jefe del MAS, el expresidente Evo Morales (2006-2019), y otra contra Arce, que se suman a varios procesos judiciales iniciados previamente.
«Hay desesperación de proscribirnos, de evitar que el MAS presente una candidatura que todos saben que es la candidatura ganadora», afirmó el aspirante, acompañado en la declaración por su candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, miembros de la dirección nacional del MAS, y líderes sindicales.
Política judicializada
El Gobierno denunció el 30 de junio a Arce y a varios de sus colaboradores en el Ministerio de Economía, que dirigió por 13 años, durante la administración de Morales (2006-2019), por supuesta corrupción en la todavía inconclusa apertura de una administradora pública de fondos de pensiones.
Paralelamente, otra demanda oficial pidió incluir a Morales y a una quincena de quienes fueron sus colaboradores, en un proceso por irregularidades en la compra de 170 respiradores hospitalarios, el caso más sonado de presunta corrupción del actual Gobierno que estalló cuando el exgobernante llevaba ya seis meses en el exilio.
Estas demandas suman presión judicial sobre el MAS, cuyos líderes están acusados por el Gobierno en procesos por supuestos delitos que van desde sedición y terrorismo hasta corrupción y violaciones de derechos humanos, además de ser señalados como responsables de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La Cancillería hizo inclusive el 30 de junio una denuncia internacional de una supuesta campaña de desinformación y desestabilización del Gobierno transitorio, que impulsaría Morales desde que fue echado del poder en noviembre de 2019 y pasó al exilio, primero en México y luego en Argentina.
El candidato Arce afirmó que «no es casual» que surjan nuevas denuncias del Gobierno «de facto» después de que el MAS denunciara que un plan lanzado recientemente para proteger empleos frente a la pandemia buscaba en el fondo implantar un modelo económico neoliberal de largo plazo.
El exministro rechazó la nueva denuncia, de la cual dijo que solo la conocía por los medios, y recordó que sufría acoso desde que retornó a Bolivia en enero, cuando fue notificado de otro proceso judicial tan pronto bajó del avión.
«Esta es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, otro desfalco al Estado», afirmó Arce, asegurando que el MAS continuará su campaña hacia las elecciones, con la confianza de lograr de nuevo un respaldo mayoritario entre la población.
Sobre la denuncia internacional, el candidato indicó que procurará que organismos defensores de la democracia lleguen a Bolivia y «y vean el abuso y el manipuleo que se está haciendo para que el MAS no participe en estas elecciones, para que el pueblo boliviano no tenga una candidatura que lo represente».
La Dirección Nacional del MAS emitió al mismo tiempo una declaración en la que denunció un «golpe judicial ilegal digitado por el régimen», al tiempo que pidió al poder electoral que garantice elecciones justas, a la justicia que actúe con imparcialidad y a los movimientos sociales que se mantengan alertas.
