La pandemia de COVID-19 se expande en Chile y, desde el principio, viene golpeando, entre otros sectores, a una actividad característica y consustancial a su geografía: la pesca artesanal, que ha visto afectadas sus ventas directas hasta un 70%. Sputnik conversó con representantes del oficio que denuncian el olvido del Estado.
Chile es un país enclavado en el confín de Sudamérica, con una particular morfología —larga y angosta—, diversos tipos de territorios y climas, pero por sobre todo con una intrínseca posición frente al océano Pacífico. Sus 4.000 kilómetros de costa han permitido dedicarse a la pesca a miles de sus habitantes desde tiempos ancestrales.
Hoy, la crisis sanitaria mundial tiene a Chile dentro de los 10 países con más contagios, por lo que diversas actividades económicas se han visto seriamente afectadas, entre ellas la pesca artesanal, en particular la dedicada al consumo humano. Una situación crítica a la que se suma políticas estatales que ha precarizado esta noble actividad.
«Las caletas de la quinta (región) o centro, generalmente modo operador, que trabajaban en la merluza común, disminuyó un 60%, 70%. Disminuyó la venta del producto, porque la gente no puede bajar a las caletas, que es directamente el mercado hacia la población. Entonces dejó de ir a la caleta la gente y eso tuvo un gran desmedro para los pescadores en general», señala Miguel Ángel Hernández, presidente de la federación Nuevo Amanecer pescadores de la Quinta Región.
Para los pescadores de Queule, caleta ubicada al sur de Chile, en la novena región de la Araucanía, el panorama no es muy distinto. «Nosotros lo que producimos acá en nuestra caleta es todo para consumo humano y el 90% de esas capturas se van para Santiago, y ahora con todas las restricciones que hay ahora de las ferias, que las han cerrado, los restoranes, prácticamente no hay venta, entonces nos ha afectado bastante», detalla Patricio Olivares, presidente del sindicato de pescadores y buzos artesanales de Queule.
Realidad que también se repite en el norte del país sudamericano, donde los pescadores se han visto en la obligación de bajar los precios de los pescados frescos, debido justamente a que la gente no sale a comprar este recurso.
«La problemática que tenemos es la venta del producto, la demanda, y nosotros para poder tener demanda hemos tenido que bajar en un 60% nuestros recursos, por lo tanto, estamos funcionando yo creo a un 40, 35, 40% de la venta en este momento», explica Sergio Guerrero, secretario del sindicato de pescadores artesanales de Arica y vicepresidente de la Federación pelágica del Norte.
Guerrero recuerda que cuando fue declarada la pandemia en el territorio nacional, a las pocas semanas, el 17 de abril, Arica entró en cuarentena. Un primer confinamiento que se prolongó por 21 días, y la demanda de pescado disminuyó drásticamente, porque la gente que debía sacar salvoconducto no priorizaba la compra de productos del mar.
«Iba a ir a la farmacia, al supermercado, o al hospital, ahí tuvimos una gran problemática. El producto lamentablemente pasa a una segunda categoría en cuanto a la alimentación, el consumo. La gente prefiere más los artículos de primera necesidad, la carne, el pollo, el arroz, la azúcar, el poroto, y lo deja como segunda opción al pescado», detalla.
Informalidad y precarización
Para Sara Garrido, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca Artesanal de la Región del Bío Bío, al sur de Chile, y coordinadora de la red nacional de mujeres de la pesca artesanal de Chile, la crisis sanitaria que ha afectado al país, explica en diálogo con Sputnik, ha golpeado en particular a los hombres y mujeres de mar.
Esto debido a que un porcentaje importante de los pescadores artesanales son trabajadores independientes, y como tales «no existen, no tienen ningún tipo de seguro, de acogerse a un bono de cesantía, porque no existe la formalización de la actividad como tal, entonces es muy dependiente del Estado desde ese punto de vista».
Por lo tanto, el impacto que ha provocado en miles de pescadores artesanales en todo Chile es muy fuerte, según la dirigente gremial. «Tú te vas al sur de Chile, la mayoría son algueros, recolectores y merluceros, que un porcentaje importante de ellos nadie cotiza, nadie tiene una previsión en salud», detalla.
Según Garrido, el porcentaje que hoy puede aspirar a tener seguros de salud y previsión, son armadores, pescadores pelágicos, que son embarcaciones mayores de 15, 18 metros, pero para aquellos que son pescadores artesanales, que todavía salen a faenas de pesca a remo, en motores de borda, que son a pescadores a menor escala, «todos están siendo muy afectados por la crisis sanitaria».
La pesca artesanal, según Sergio Guerrero, es un gremio realmente muy pobre, donde la situación económica es muy delicada porque viven el día, de lo que pescan y venden, «viven el día o cinco días y después de los cinco días no tienen dinero».
Precios versus costos
A la crisis en las ventas hay que agregar, como lo explica Patricio Olivares, los gastos que significa salir al mar. «Por ejemplo, hoy día había salida y los viejos salieron como cinco lanchas, de 50, porque nadie más va por pescado, y pescado hay, por ejemplo, la reineta. Igual hay costos de zarpe y al final tienes que sacar un montón de pescado para poder pagar los costos y ganar prácticamente nada».
Para Guerrero, los gastos que se invierten para zarpar no se compensan con las ventas del producto después, debido a las bajas drásticas de los precios.
«El precio de los recursos a nosotros nos está perjudicando muchísimo porque, por ejemplo un pescado, la corvina, que antes se vendía a $4.500, $4.000 pesos el kilo (5,6 dólares), llegó a costar $1.500 (1,8 dólares). El pulpo, por ejemplo, que se vendía a $4.000, $4.200 (5,2 dólares), llegó a transarse a $1.500 (1,8 dólares) para tener acceso a la venta, y eso no compensa el sistema de operación de los gastos que uno tiene para salir a la captura».
Bono estatal
El 4 de mayo pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera inició una campaña para entregar un bono de capacitación a pescadores y pescadoras, contemplada en la llamada Agenda Solidaria, para ir en apoyo del sector artesanal frente al impacto del COVID-19.
Beneficio que consideraba la entrega de 187 dólares a cada pescador que se debía inscribir en una plataforma virtual para participar. Esta medida no sólo fue considerada insuficiente por los representantes del rubro, sino que refleja, en sus palabras, un desconocimiento total de la realidad del mundo de la pesca artesanal.
«Nosotros fuimos muy críticos de la construcción de este bono, los descriterios que estaban establecidos para recibir este bono, que era primero una capacitación, no era un bono normal», señala Miguel Ángel Fernández.
Fernández añade que la postulación se debía hacer vía online, y quienes tenían derecho correspondían solo al 40% más vulnerable y debían ser jefes de hogar, por lo tanto, «la mayoría de los compañeros no calificaron porque no eran jefes de hogar», puntualiza.
«Con el bono de los $150.000 yo personalmente fui el que hizo todo el trabajo e ingresé a todas las personas de los sindicatos de la región de Arica y Parinacota. En el sector mío quedaron de 148, 32 calificados. Y de esos 32 calificados a futuro después el Gobierno desechó este bono, dijo ‘no corre este bono’. Porque no fue consensuado, no fue conversado con los actores de la pesca artesanal, dijeron no», relata Sergio Guerrero.
En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, porque como bien lo explica Sara Garrido, el beneficio propuesto por el Gobierno era tanto para hombres como para mujeres que estaban inscritos en el registro nacional de pesca, razón por la que muchos pescadores artesanales quedaron fuera, entre ellos muchas mujeres.Hay aproximadamente unas 10.000 mujeres que realizan actividades conexas a la pesca, detalla Garrido. «Me refiero a las encarnadoras (encargadas de reparar y preparar el espinel), las ahumadoras, las encarcachadoras, fileteadoras, que son actividades que se hacen pre y poscaptura, y que esas no cuentan con registro pesquero», por lo tanto, son mujeres invisibles si se las compara con las que están en el registro en las categorías de algueras, recolectoras o pescadoras.
En Queule, Patricio Olivares también denuncia que los pescadores que cumplían con los requisitos se inscribieron, pero nunca se les entregó nada. «Nosotros pusimos una querella en Valparaíso contra el subsecretario de pesca, directora de Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) y director del Indespa (Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala). Estamos a la espera de cómo nos va», detalla.Miguel Ángel Hernández va más allá respecto a la entrega de este bono, al revelar que en Chile hay aproximadamente unos 134.000 pescadores, y este beneficio apuntaba a unos 20.000 pescadores, de los cuales clasificaron 15.000. Esto «prácticamente era una burla y después retiraron este bono, no solamente el bono, sino que retiraron toda la plata que había para este bono a nivel central, de Instituto de Desarrollo Pesquero», acusa.
Y agrega, «entregaron 5.800 millones de pesos (7,2 millones de dólares), quedamos sin bono y sin plata para los proyectos o si pasa alguna desgracia, algún tsunami, algún terremoto, las caletas, quedamos desprotegidos porque el Gobierno aparte del bono retiró la plata».
Autoconsumo, sobrevivencia y solidaridad
La dura realidad en la que se encuentran los pescadores y pescadoras artesanales, en este tiempo de pandemia, se ha traducido en que muchos pescadores salen a la mar solo para autoabastecerse.
«He visto y con el dolor de mi corazón, mucha gente irse a recolectar mariscos, caracoles, para echarle algo a la olla, eso yo lo estoy viendo hoy día y eso me entristece porque realmente significa que el impacto económico que está trayendo esto. Están hoy día los pescadores artesanales viéndose terriblemente afectados», relata Sara Garrido.
En el norte, Sergio Guerrero declara que felizmente ellos cuentan todos los días con pescado, aunque confiesa que «pescamos porque no tenemos otra cosa que comer, la verdad de las cosas». Porque para ellos hace meses es prohibitivo la carne porque no cuentan con dinero en efectivo, por lo que «llegamos a estar haciendo trueque incluso con el pescado».
«Nosotros aparte de arriesgar nuestra salud, seguimos trabajando solamente para, como dicen algunos compañeros, ‘atajar al panadero’. Estamos haciendo una pesca de sobrevivencia, lo estamos pasando realmente mal y el Gobierno, con su sistema donde no cabe la pesca artesanal, nos tiene prácticamente relegados», recalca Miguel Ángel Hernández.
Sin embargo, esta dura realidad no les ha impedido ir en ayuda de varias ollas comunes instaladas en sus pueblos o localidades cercanas a sus caletas. «Los pescadores vienen de las poblaciones y ellos mismos aportan hacia las ollas comunes con productos del mar», cuenta el dirigente de la Quinta región. Ello porque como trabajadores del mar reconocen que lo que le afecta hoy a la pesca artesanal, también perjudica a los hogares más pobres de su país.
Una solidaridad que se repite de norte a sur de Chile, cuando los pescadores de Queule aportaron a las ollas comunes, llevando varios kilos de pescados a la ciudad de Temuco, y cuando en Arica, como cuenta Sergio Guerrero, han apoyado a ollas comunes de las poblaciones con «recursos de una u otra forma, y en nuestras propias falencias que tenemos.»
Vulnerabilidad frente a la ley
Para la mayoría de dirigentes del rubro, la actual crisis sanitaria solo profundiza la deficitaria situación en la que se encuentra la pesca artesanal chilena tanto a nivel legislativo como social.
«Somos quienes llevan alimentos a los terminales pesqueros para nuestra población, y aun así, este y los demás Gobiernos anteriores nos dejaron en el olvido, y este Gobierno aún más dejando como herencia una ley corrupta como la 20.657 o ley Longueira (exministro de Piñera que promulgó ley de pesca en 2013)», denuncia a Sputnik Gabriel Ramos López, dirigente de los pescadores artesanales de cerco Mejillones de la II región y consejero nacional de pesca por macrozona norte (XV-I-II regiones).
Polémica normativa que fue criticada y resistida por los pescadores artesanales, puesto que privilegia la productividad, la privatización de los recursos naturales, el crecimiento económico, por sobre el bienestar de las poblaciones costeras. Además de «dejar a perpetuidad y en manos de siete familias el negocio del mar, y la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile».
Para el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Cortés, la pandemia del COVID-19 «sería más llevadera si tuviéramos una ley de pesca que no nos condenará a vivir en la pobreza».Según Cortés, con esta crisis sanitaria, queda demostrado que el actual fraccionamiento que da 30% de las cuotas a las más más de 100.000 familias de pescadores artesanales y el 70% a la pesca industrial, «no nos permite pasar esta crisis sin consecuencias dramáticas para nuestras familias».
La pandemia del COVID-19 ha desnudado las desigualdades y precarización de muchos sectores de la sociedad chilena, producto de un modelo económico impulsado por políticas neoliberales implementadas durante la dictadura, y fomentadas por los Gobiernos posteriores.
Inequidades que fueron denunciadas durante la revuelta social de octubre del 2019, y que en el caso de la pesca artesanal grafica cómo las políticas estatales se han limitado a regular las cuotas de capturas, la entrega de subsidios en tiempos de crisis y la oferta de fondos concursables que no necesariamente se ajustan a las realidad de los pescadores y pescadoras artesanales.
«Esta pandemia vino a visibilizar un poco la precariedad que estamos viviendo la pesca artesanal, cómo se ha dejado de lado una actividad tan noble como es la pesca artesanal, porque somos los últimos cazadores que existen aquí en Chile, por lo tanto, se nos quiere incorporar en un sistema donde la pesca artesanal no vive dentro del sistema, no está incorporada al sistema, nosotros somos una cultura diferente, no destruimos los recursos». concluye Miguel Ángel Hernández.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es corresponsal de Sputnik en Chile y académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
