Tres contrastes ilustran lo que quiero expresar en esta columna.
El primero. En marzo de este año, cuando la Pandemia del Covid-19 comenzaba a hacer estragos en España, la presidenta del Banco Santander en ese país, Ana Botín, anunció la decisión de cancelar el pago de dividendos de 2020, es decir las utilidades de los accionistas, para disponer de esos fondos para apoyar a las empresas y personas “que lo necesiten por el impacto económico del Coronavirus”. Al mismo tiempo, la banca chilena, intentando no hacer mucho ruido, daba a conocer que harían sus retiros conforme a lo que dispone la ley.
El segundo. La canciller alemana, Angela Merckel, líder de la derecha alemana, tomó la decisión, también en marzo, de activar un plan de apoyo a las personas y las empresas de tal magnitud, que hizo subir la deuda pública de Alemania a un 75% de su PIB. En Chile, el gobierno y los empresarios rasgan vestiduras porque Chile estaría al borde del precipicio por tener una deuda en torno al 40% del PIB. “No se puede gastar más” es el mantra de la derecha.
Y el tercero. Gran impacto causó la semana pasada la carta de millonarios de todo el mundo solicitando “que los gobiernos aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente, sustancialmente, permanentemente”. En Chile, los empresarios se juntan para redactar cartas de otro tenor, acusando irresponsabilidad, populismo y liviandad a propuestas que intentan resolver la trágica situación de millones de chilenos.
La verdad, la cuestión de fondo, no es si una u otra herramienta para lograr una ayuda importante a la gente, tenga defectos. Los proyectos, como el del retiro de fondos de las AFP, no son perfectos, tienen consecuencias indeseadas y son por definición mejorables.
La cuestión de fondo es otra, la falta de sintonía y sensibilidad ante la tragedia que viven hoy millones de chilenos, muchos de ellos pasando hambre. La resistencia a facilitar medidas profundas, que denota una frialdad difícil de justificar, difícil de entender.
En un conocido medio conservador norteamericano, el National Review, Mathis Bitton se preguntaba la semana pasada por el fracaso del Gobierno Piñera. Y concluyó que en el marco del Estallido social, la gente se dio cuenta que estaba gobernada por “una panoplia de intelectuales y líderes empresariales de clase media alta, de habla inglesa, que no tenían vínculos fraternos con la población”.
La aseveración de Bitton es precisa, la cuestión crucial es de sensibilidad y conexión con la realidad. Por eso, parlamentarios oficialistas votaron a favor del proyecto del retiro de fondos, porque hay un problema humano involucrado que va más allá de las posiciones políticas y/o técnicas.
Hoy la derecha y el gran empresariado no se hacen cargo de la dimensión del problema. La propuesta que hizo el Gobierno de estructurar apoyos a través de préstamos es la demostración más nítida de aquello y el bono para la clase media anunciado ayer, deja afuera a mucha gente, es limitado, y está lleno de cortapisas y condiciones. No es una solución a la altura del problema y sigue pareciendo una maniobra para salvar a las AFP.
El Gobierno ha preferido articular un coro uniforme para desacreditar el debate público. En vez de colaborar a hacer posible acciones realmente robustas de solución, que es los que observamos en todos los países civilizados (salvo excepciones), impulsadas por líderes virtuosos de derecha y de izquierda, la derecha y sus medios se concentran en descalificar, acusar de ligereza, populismo y otras diatribas a quienes buscamos soluciones contundentes.
Lo que pedimos, antes que nada, es sensibilidad y conexión con el drama humano que está sucediendo hoy y que cada día que pasa se vuelve más duro. Este es el consenso que necesita Chile, un consenso de empatía con la gente.
Si logramos esto, no tendríamos que estar conociendo ya la enésima lista de medidas del Gobierno, que rápidamente se tornan insuficientes, porque nunca logran resolver efectivamente los problemas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Marcelo Díaz – Diputado de la República por el Distrito N° 7; Líder del Movimiento político UNIR; Exmiembro del Partido Socialista de Chile (PS). Se ha desempeñado como diputado, entre 2006 y 2014; como embajador de su país en Argentina; y como ministro secretario general de Gobierno de Chile, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.